Urge repensar el modelo productivo en América Latina
El 19 de diciembre culminó la COP15. Se firmó el acuerdo Kunming-Montreal por la preservación de la biodiversidad. Los países signatarios se comprometen a preservar el 30% del planeta, restaurar 30% de los ecosistemas degradados y eliminar subsidios que afectan a la biodiversidad.
António Guterres inauguró en la Conferencia de Diversidad Biológica (COP 15) resaltando la gravedad del momento: la humanidad ha “perdido toda armonía con la naturaleza”, para convertirnos en un “arma de destrucción masiva”.
Más de 150.300 especies están amenazadas de extinción. Del total de las especies hasta hoy evaluadas que forman parte de la lista roja emite la Unión Internacional para la Conservación, el 28% está bajo amenaza
Sin la naturaleza para de darnos esos servicios, estaremos en un gran, gran problema.
Tenemos que detener esa pérdida.
La mayoría de las personas aún no visualiza el peligro que trae la pérdida de biodiversidad. El avance de las actividades extractivas hacia zonas vírgenes rompe ecosistemas, pone en peligro la vida de miles de especies al tiempo que aumenta la probabilidad de la irrupción de nuevos virus.
Estamos sufriendo eventos extremos. El calentamiento global impulsa catástrofes ambientales cada día más virulentas. La emergencia climática se superpone a la crisis de la biodiversidad. Interactúan diversos tipos de shocks que se potencian generando una superposición de crisis (policrisis).
Preservar la biodiversidad no solo resulta un imperativo moral.
Tenemos una economía desembebida, funcionando fuera de la sociedad.
Según Swiss Re (empresa reaseguradora Suiza), el buen manejo de la naturaleza garantiza la salud de la economía global: más de la mitad del PBI global depende del funcionamiento armonioso del planeta.
Por eso tenemos que redefinir el concepto mismo de crecimiento. Replantear la desconsideración que la economía tradicional impone sobre la pérdida de la biosfera o la destrucción del medio ambiente.
Sin embargo, las externalidades no entran en la ecuación económica. Son tratadas como un costo que debe asumir la sociedad en pos del progreso. Es una idea compartida por neoliberales y neodesarrollistas.
Obviamente, todo esto genera una fuerte conflictividad e incrementa la desigualdad. Son dos fenómenos que caracterizan a América Latina y explican su debilidad democrática.
En conclusión, tenemos una economía desembebida, funcionando fuera de la sociedad.
LOS LIMITES DEL PLANETA
Aunque los activos naturales brindan bienes y servicios imprescindibles para la vida humana, el mercado los invisibiliza al tiempo que desestima los costos que genera el modelo productivo. Ni el capital natural ni los ecosistemas se hallan dimensionados en las estadísticas, situación que se muestra a todas luces incoherente.
Ningún gobierno, sea neoliberal o neodesarrollista, está dispuesto a escuchar a quienes padecen el avance de la mega minería, la explotación petrolera, la agroindustria, la destrucción de los bosques, la contaminación de las aguas, la desaparición de especies. Ambos modelos generan “zonas de sacrificio”
El individualismo dominante permea la cohesión social, impide la coordinación necesaria para sostener la creciente complejidad que muestran las sociedades modernas.
Democracia y mercado devienen conceptos antagónicos, tal como lo planteó Karl Polanyi en “La Gran Transformación”.
En América Latina, en los ‘90, se impuso un «doble movimiento» que impulsó el libre mercado al tiempo que extendió los derechos de las comunidades indígenas (a partir del reconocimiento de la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo). Se trata de 45 millones de personas y más de 800 grupos.
Con la llegada de la democracia avanzó la agenda ambiental. Después comenzó el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. En paralelo, sin embargo, hubo una nueva configuración macroeconómica que permitió a las elites arbitrar el capital y colocar sus excedentes en algún paraíso fiscal.
Años más tarde, la entrada de China consolidó el modelo de inserción. Tiene mayor volatilidad económica e impone fuertes tensiones políticas. El activismo ambiental devino en una actividad de alto riesgo: América Latina se convirtió en la región más letal.
Más recientemente con la aprobación del Acuerdo Escazú se consagraron otros derechos: acceso a la justicia, al acceso a la información medioambiental, a participar en la toma de decisiones y le impone a los estados la obligación de prevenir e investigar los ataques contra activistas ambientales.
Lamentablemente, este tipo de avances institucionales no lograron influir en el proceso de toma de decisiones económicas. El individualismo dominante permea la cohesión social, impide la coordinación necesaria para sostener la creciente complejidad que muestran las sociedades modernas.
LA GRAN EXTINCIÓN
Retomando el acuerdo alcanzado en la COP 15, observamos cierta desconfianza por parte de la comunidad científica.
Para muchos, nada garantiza que se cumplan este tipo de acuerdos. Existe consenso que el reforzar los derechos de los pueblos originarios acrecentaría las perspectivas de cumplimiento, pues son las comunidades originarias las que históricamente han protegido la biodiversidad. Es lo primero que atacan los sectores conservadores.
En Perú, por ejemplo, luego del conflicto institucional que terminó con la salida de Pedro Castillo del gobierno, las elites estan presionando por despojar de derechos a estas comunidades, reducir las áreas de reserva natural.
El proyecto, que cuenta con el aval del partido de Keiko Fujimoro, atenta contra los derechos y la vida de los pueblos que han vivido aislados.
Un avance similar se observó bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, que liberó el Amazonas al avance del extractivismo más salvaje, avanzó la minería ilegal, se multiplicó la deforestación. Terminaron liberando tierras para beneficio del agro-negocio.
Es tiempo de repensar el patrón de crecimiento económico y avanzar hacia un futuro inclusivo y sustentable.
De no protegerse los derechos ya consagrados, el acuerdo 30 – 30 (convertir el 30% del planeta en área protegida para el 2030) puede terminar en una carrera por la apropiación de tierras en el Sur Global.
La “gran extinción” implica reconocer la existencia de una “crisis Karl Polanyi”, tal el planteo de José Antonio Sanahuja. Como destaca el artículo recientemente publicado por Nueva Sociedad, tal situación afecta las “bases económicas y sociales, de su andamiaje institucional y normativo y de las asunciones colectivas sobre democracia, sociedad y mercado, lo que pone en cuestión la legitimidad del sistema”.
A esto se suma que, a diferencia de lo que puede observarse con el activismo en otras latitudes, en América Latina el retroceso del Estado ha terminado por debilitar a la sociedad civil.
América Latina es una de las zonas más afectadas por el cambio climático y con mayor destrucción de biodiversidad. El modelo de inserción que se persigue en la región no es ajeno, ni resulta impune al alto grado de desigualdad. Es tiempo de repensar el patrón de crecimiento económico y avanzar hacia un futuro inclusivo y sustentable.
