Seguridad: entre el progresismo de las apariencias y la derecha mediática

La inseguridad es un problema recurrente, con dimensiones objetivas y subjetivas que se entrelazan y la complejizan. Al calor de los acontecimientos recientes, el tema se vio exacerbado por la campaña electoral.

La inseguridad, en su dimensión objetiva (lo que sucede: los delitos y violencias que se cometen en una sociedad) y subjetiva (lo que percibimos: el temor a ser víctima de violencias y delitos), está, desde hace décadas, entre las principales preocupaciones de las sociedades latinoamericanas, con especial relevancia en Argentina. Sus gobernantes, no obstante, no parecen –salvo excepciones tan escasas como meritorias– estar decididos a abordar la problemática de manera sistemática, precisa y fundada en información. Por el contrario, se encuentran volcados hacia la improvisación y el discursismo.

En el mundo mueren 500 personas por día por acción de armas de fuego; casi la mitad de los homicidios del planeta se deben a esta causa. En América Latina el problema es aún más insidioso: la mera circunstancia de nacer por aquí aumenta en casi 90 veces la probabilidad de morir por una bala.

Un robo seguido del homicidio –a balazos– de un pequeño comerciante de la localidad de Ramos Mejía instaló el tema en todos los medios a todas las horas. A la gravedad y al impacto del hecho se sumó una variable contextual: en campaña todo se exacerba.

La semana pasada, esa estadística tuvo una instancia aguda en el conurbano bonaerense. Un robo seguido del homicidio –a balazos– de un pequeño comerciante de la localidad de Ramos Mejía instaló el tema en todos los medios a todas las horas. A la gravedad y al impacto del hecho se sumó una variable contextual: en campaña todo se exacerba. El próximo domingo se celebrarán las elecciones de medio término en el país, con un pronóstico desfavorable para el oficialismo de la Provincia de Buenos Aires. Y el eje se corrió de los aspectos complejos, técnicos y analíticos del hecho, de sus consecuencias y de sus causas –las más inmediatas y las estructurales– a los colores simplistas de la caza de votos.

Candidatos de todo el espectro político optaron por discursos altisonantes, rayanos con la apología del crimen –ese que prometen, en el vacío, “combatir” y “erradicar” a través de prácticas violentas o, lisa y llanamente, de justicia por mano propia– que recuerdan los espetados por los peores actores de la historia reciente del país. Esto, por reiterado, no sorprende. Pero no por esperado deja de ser pasible de críticas legítimas.

Como es sabido, el gobernador Axel Kicillof es un economista con orígenes en la izquierda estudiantil que fue captado por la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta, para sus filas. Fue su Ministro de Economía, su candidato estrella a legislador y su delfín en la provincia más grande del país. Sergio Berni, hoy Ministro de Seguridad de la provincia y ex Secretario de Seguridad de la Nación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es un médico militar que se autodefine como representante orgulloso de la derecha (sus rivales externos e internos le atribuyen el “bolsonarizar la política nacional”) y que también es miembro del círculo dilecto de la vicepresidenta, con pretendida proyección electoralista. La convivencia de dos actores tan dispares en el intento por conducir la seguridad de la Provincia de Buenos Aires probablemente se explique, en lo relevante, por la escasa diferencia práctica entre los planes de seguridad que han implementado ciertos progresismos y algunas derechas en la región.

Se trata de un fenómeno argentino y regional. Al desprecio tradicional por la seguridad de este progresismo de las apariencias (un problema “social” que se soluciona “con más educación y más trabajo”), que termina por ceder este terreno al policialismo abrazado por la derecha demogógica, se ha sumado un fenómeno nuevo. La derecha en su versión mediática se ha vuelto meramente discursiva. Ya no se preocupa por la eficacia real, ni puede considerarse pro-policial: proclama favorecer a las policías, pero en los hechos, las enfrenta. Los manoduristas locales no son pro-policiales, antes que nada, porque no saben serlo. Se han mostrado incapaces para construir una policía moderna y profesional. Descuidaron sus condiciones laborales (la precarización de las fuerzas va más allá del salario, que es de hambre, al menos en los escalones iniciales de la profesión), su formación, su control y la construcción de confianza de la ciudadanía.

Con todo, es ingenuo o capcioso ignorar la responsabilidad de los gobernantes por la situación de la que se lamentan como si fueran sus comentaristas privilegiados. No se apoya el desarrollo de estrategias de seguridad focalizadas y basadas en información; no se fomenta el control de armas y de arsenales, que dejarían a la violencia armada sin su insumo principal tan al alcance de la mano; no se favorece la participación ciudadana y la asistencia técnica de expertos; no se propician burocracias virtuosas y transparencia de los actos de gobierno, sino más secretismo y más palabras vacuas. Una gestión que vocifera y no escucha no deja lugar a alternativas simples.

Debería dejar de subestimarse el problema. No es una cuestión meramente subjetiva, alimentada por los medios. No existe una bala de plata (una medida, una persona, una perspectiva) que vaya a solucionarlo.

Después sí vienen el aprovechamiento de uno y otro lado (los que oxigenan, con pose preocupada, los reclamos dolorosos de las víctimas; los que sobreactúan la inminencia del estallido que no llega; los que se rasgan las vestiduras pero corren el cuerpo), los anuncios salvadores del Ejecutivo (nacional) y el riesgo de los desmanes con consecuencias imprevistas.

Como primera medida, entonces, debería dejar de subestimarse el problema. No es una cuestión meramente subjetiva, alimentada por los medios. No existe una bala de plata (una medida, una persona, una perspectiva) que vaya a solucionarlo. No sirve proponer medidas enroladas en el populismo penal (aumento de penas, baja de la edad de imputabilidad) ni sostener la idea (paralela a la de que la policía es la única herramienta disponible) de que la cárcel es la única respuesta completa o satisfactoria a la inseguridad.

Ya es hora de que, en materia de seguridad, los funcionarios –y quienes aspiran a serlo– dejen de predicar el orden, pero practicar el caos. El tiempo dirá cómo sigue esta historia, que se escribe mientras la leemos.

Tobías J. Schleider

Tobías J. Schleider

Doctor en Filosofía del Derecho. Director de políticas de seguridad del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Profesor titular de Modelos comparados en Seguridad ciudadana, Universidad Nacional del Sur.

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