Duele Guernica

Guernica es solo un episodio más en una larga historia en que la injusticia social se hace visible, de forma efímera y violenta. Guernica duele y duele más porque sabemos que puede repetirse.

Un hecho doloroso lo ocurrido en Guernica el pasado 29 de octubre. Octubre, ese mes tan vinculado a revoluciones e incluso a un hecho de manifestación popular tan importante como lo fue el 17 para el peronismo en su momento fundacional. Esto fue todo lo contrario, un desalojo violento y un hecho aciago para los ocupantes pertenecientes a los sectores vulnerables de nuestra sociedad. Probablemente, en poco tiempo ya nadie se acuerde, en ese maremoto de noticias alternantes en enloquecedora hojarasca. Duele porque hubo represión y porque se exteriorizó en los hechos el trato que se suele dar a las personas caídas del sistema, excluidas de los derechos sociales. La imagen de las llamas fueron retratadas en los mismos medios de comunicación que, en táctica inescrupulosa, pasaron de bregar por el desalojo a darle la voz a los ocupantes azuzando la contradicción encarnada en la actitud del gobierno. «Progresistas pero reprimen», esa es la contradicción en que se vanaglorió la derecha gozando que el gobierno se haya tenido que meter en ese fango, aún después de prolongadas negociaciones con las personas y familias ocupantes, muchas de las cuales habían abandonado el predio. Se ejecutó entonces la resolución judicial, pero el gobierno no obstaculizó la decisión y puso a disposición a las fuerzas de seguridad. No quiso o no pudo, quizá sea indiferente.

Una resolución respetando, eso sí, la ley y el derecho de propiedad de los dueños del predio. La infracción de los ocupantes estaba fuera de discusión, pero quien esto escribe no acuerda con definiciones tajantes que acostumbran algunos medios de comunicación de llamarlos simplemente «delincuentes». Como si se tratara de un hecho delictivo y particular sin implicancias sociales. Mirada estrecha que centra la responsabilidad únicamente en los individuos y familias y absuelven las responsabilidades e implicancias sociales. La sociedad restablece su orden a la luz de las casillas ardiendo en la madrugada.

Guernica duele por las familias, por los sectores vulnerables y porque exterioriza la imposibilidad de lograr una sociedad vivible para todos, con mayores niveles de inclusión.

El derecho civil a la propiedad y la infracción están claros. Pero nuestra propia Constitución rescata también los derechos sociales, esos que en nuestra historia argentina aparecen ligados al peronismo, que incluso en el 49 les dio rango constitucional con varios capítulos dedicados a ellos: al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la vejez digna. La reacción abolió la Carta Magna del 49 pero resumió vastos capítulos de aquélla en el artículo 14 bis, una concesión realizada casi a regañadientes y que se traduce hasta en la secundariedad en la numeración de la disposición.

El derecho social abolido da pie a las infracciones de los derechos civiles y de propiedad. ¿Y entonces? ¿Cuál es más importante? No fue la primera vez que pasó en Guernica. Pasó con los primeros piquetes en la década del 90 y con los de coyuntura también. El derecho a la libre circulación y el derecho social a tener vivienda y trabajo o recibir asistencia por parte de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y tienen lugar las caracterizaciones prejuiciosas, terminantes, de algunos periodistas y comunicadores sociales: son delincuentes, interrumpen el libre tránsito, o en Guernica usurpan un terreno. Son delincuentes, se repite. Como también, en el análisis histórico, desde la misma postura se plantea que los jóvenes de la militancia revolucionaria en los 60 y 70 del siglo pasado en Argentina eran delincuentes, terroristas, asesinos. La simplificación negativa, peyorativa, fuera de contexto echa un velo sobre un sistema que interrumpió la democracia entre 1955 y 1973 proscribiendo violentamente al movimiento político mayoritario. En Guernica se esgrimió, del mismo, los calificativos de usurpadores, delincuentes, vagos.

No es la primera vez que ocurre, y tristemente no será la última, desde que la pobreza supera el cuarenta por ciento no se augura nada bueno.

¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? O ¿cómo hacer que convivan en un nuevo contrato social mínimas garantías y derechos sociales para todos con el respeto irrestricto al derecho de propiedad y a las leyes? ¿Una cosa quita la otra? Guernica duele por las familias, por los sectores vulnerables y porque exterioriza la imposibilidad de lograr una sociedad vivible para todos, con mayores niveles de inclusión. También exterioriza una gran falencia en la democracia argentina y en el funcionamiento del derecho de peticionar a las autoridades. Quiero decir que aparece evidente no en ésta, sino en muchas otras situaciones, que para que el Estado o la sociedad escuchen y se visibilice una demanda, es preciso afectar el derecho de otros. Es evidente que este tipo de acciones conlleva sus riesgos, pero también que pueden llegar a tener mayor efectividad en cuanto a lograr una ayuda o asistencia que enviar una carta o un mail a la delegación municipal de la que se trate. Otra muestra de que los entes municipales y gubernativos en general no dan algún tipo de respuesta hasta que la cuestión se espiraliza, se desborda. Otro tema que exteriorizó la escena final de Guernica es cierto fracaso en la relación del Estado con las organizaciones sociales, por lo menos en cuanto a la consecución de que el desalojo violento no tuviera lugar y se diera una salida pacífica a todas las familias. Fue evidente que se intentó, pero ni aún así alcanzó.

¿Se pudo haber evitado ese final o no existía en realidad ya la posibilidad de desenlaces felices? Si el problema de fondo es la innegable ausencia o insuficiencia de una política social y habitacional para los que no tienen dónde vivir, también hay que resolver en la coyuntura la asistencia que se brinda o las decisiones que se toman. ¿Pudieron haberse evitado esas escenas tremendas de violencia e incluso de quema de pertenencias y casillas? Negociaciones, bosquejo de respuestas sociales, un tiempo prolongado de extensión de la toma. Aquí apuntaré con preocupación la interpretación negativa del decreto de Kicillof respecto a asistencia de familias vulnerables en situación social crítica, que venía a intentar, tal vez a destiempo y en forma insuficiente, una solución pacífica para paliar las necesidades de asistencia sin llegar a las tristes escenas que se vieron. Una lectura que, en muchos medios de comunicación y redes sociales, se tradujo tendenciosamente y corriendo la voz de que el gobierno premiaba a los ocupantes con una ayuda de $50.000. En el decreto no se especifica que fueran los destinatarios de la medida, pero la contemporaneidad del conflicto lo volvió evidente. Definía una asistencia de tres meses con el monto máximo consignado y excepcionalmente pudiendo extenderse tres meses más.

Un día doloroso, que abre una herida sobre la falta de cohesión social, de inclusión. En que el orden social respira aliviado porque la ley se cumplió. Pero la gente fue desalojada y a  la madrugada, en medio de las brumas de la noche y el frío.

¿Qué se leyó de esto en la sociedad? Les dan trecientos mil pesos a los vagos y nosotros no recibimos nunca nada. La catarata de indignación que recorrió los medios y redes sociales fue impresionante, y me permito, sin ánimo objetivo, arrimar una conclusión: la sociedad abandonó a los ocupantes aún antes que el gobierno provincial o nacional. O sea, la solución pacífica o negociada fue torpedeada desde vastos sectores sociales.

Luego, la coadyuvante ejecución del desalojo contó con la activa aprobación en sectores recalcitrantes conservadores y con el silencio de otros. Abandonados, casi huérfanos de apoyos sociales, tuvo lugar el hecho lamentable que no hace otra cosa que exteriorizar la impotencia de una sociedad para llegar a un nuevo contrato social más humano, más vivible. Cuando se pone a actuar la policía, es que se acabó la política, se corrió confesando su impotencia. Como dijera una vez el Sub Comandante Marcos “en el cabaret de la globalización capitalista el Estado realiza un striptease y al final de la función solo queda lo mínimo: el poder de su maquinaria represiva”.

Un día doloroso, que abre una herida sobre la falta de cohesión social, de inclusión. En que el orden social respira aliviado porque la ley se cumplió. Pero la gente fue desalojada y a  la madrugada, en medio de las brumas de la noche y el frío. Infractores, usurpadores anteriormente usurpados de toda ciudadanía social. La ley puede ser también instrumento de la injusticia social, con interpretaciones estrictas e inapelables con los pobres y pudorosa, blanda, con los ricos. Duele Guernica, una batalla perdida por los desheredados, abandonados a su propia suerte. Que terminan emigrando hacia otros parajes, llevando encima lo que sólo sus humanidades pudieran transportar. Solos y esperando, como un día escribiera en memorable poema Arturo Jauretche: «que un día el paisano acabe con este infierno, y haciendo suyo el gobierno, con solo esta ley se rija: o es pa’ todos la cobija, o es pa’ todos el invierno».

Las fotos fueron publicadas en Crónica y pertenecen a Hernán Nerserian.

Sebastián Giménez

Sebastián Giménez

Escritor y trabajador social. Escribió tres libros y ha publicado artículos en distintas revistas como Marfil, Zoom, El Sur, El Estadista y El Economista.

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