La legislación en materia financiera y bancaria en la Argentina es una de las pesadas herencias de la última dictadura. A pesar de las muchas modificaciones parciales, sigue siendo una deuda de la democracia sancionar una ley acorde a los nuevos tiempos.
Cada cierta cantidad de tiempo, nunca demasiado clara y menos aún respetuosa de ningún criterio, vuelven a aparecer en nuestro debate político las “deudas de la democracia”. Lo que esta frase afirma es que existen ciertas políticas -sean leyes, resoluciones, decretos- que significan un retroceso y que, no obstante, arrastramos como sociedad desde la última dictadura cívico-militar y que, por lo tanto, son la muestra cabal de que si bien el país funciona como una democracia desde hace ya 37 años, algunas claves centrales e incluso estructurales del funcionamiento de nuestro país siguen siendo regidas por directrices que se impusieron a sangre y fuego bajo la dictadura que comenzó en 1976 y finalizó en 1983. Una de esas deudas es la Ley de Entidades Financieras, impulsada y elaborada por José Alfredo Martínez de Hoz.
Como parte del directorio de Acindar, propietario de grandes extensiones de tierra y descendiente de uno de los presidentes de la SRA, José Alfredo Martínez de Hoz era un hombre de consulta de Videla y de otros mandos militares. Había sido, además, ministro de Economía de la dictadura de Guido, luego del derrocamiento de Frondizi y mantenía aceitados vínculos con el sector financiero internacional. Esta ley, impuesta en 1977, no fue una ocurrencia aislada, sino que formó parte de un paquete de medidas que tomó el gobierno de Videla y que expresaban los intereses de los grupos económicos que propiciaron el golpe, entre ellos, claro está, Acindar y la SRA. Estas medidas significaron un quiebre con consensos básicos que los partidos mayoritarios compartían en cuanto a la importancia del estado en la economía a través de su participación en empresas públicas, entes nacionales y regulaciones favorables a la industria nacional que ni siquiera gobiernos de facto anteriores habían considerado adecuado modificar.
A más de 40 años de la promulgación de esa ley y de un debate aún vigente, los proyectos concretos para derogarla y reemplazarla por una ley de la democracia han sido, hasta hoy, infructuosos. Más grave es aún el panorama cuando se tiene en cuenta que no solamente sigue vigente la ley, sino que la legislación previa también proviene de gobiernos dictatoriales: la reforma de 1957 primero y la de 1969 después, ambas promulgadas en dictaduras militares. De modo que nuestro país no posee una legislación financiera en democracia desde los años 70.
Si uno hiciera el ejercicio de abogado del diablo se podría preguntar legítimamente qué importancia puede tener derogar una ley que ya sufrió una treintena de modificaciones. Ocurre que a pesar de estas modificaciones, lo que no se ha establecido con claridad es un rumbo que revierta el quiebre de paradigma que impuso la dictadura.
Esto, sin embargo, no implica que todo haya permanecido inalterado: la ley de Martínez de Hoz tuvo 37 modificaciones, a través de 19 leyes y 18 decretos. A pesar de las modificaciones, no existe aún una legislación que establezca un nuevo modelo que la reemplace y que determine con mayor rigurosidad la regulación que debe orientar al sector bancario, aún imbuido en la doctrina que impusiera la dictadura. Otro aspecto positivo aunque insuficiente fueron las reformas del estatuto del Banco Central, que dio mayores facultades al estado en su ordenamiento. Pero la debilidad de estas reformas es que no regulan lo que deben hacer los banqueros: a eso apuntaron los últimos intentos de modificación, que datan de 2014. Desde esa fecha a la actualidad, no ha habido noticias relativas a una reforma. Algo que resulta sorprendente, dado que el sector financiero se vio extremadamente beneficiado por los 4 años del gobierno de Macri, siendo junto con el sector energético, la agroindustria, las concesionarias de peaje y un puñado minoritario de grandes grupos económicos los únicos sectores de la economía que crecieron durante ese período, al mismo tiempo que caían el resto de las actividades, especialmente las productivas y orientadas al mercado interno, con especial énfasis en las pymes, que tuvieron un récord de quiebras. Si a esto sumamos la extraordinaria fuga de capitales que se agudizó con el gobierno de Macri y que contó con la inestimable ayuda de los bancos privados, el panorama se completa.
Otro elemento soslayado en el debate y que es de vital relevancia es el lugar que debe ocupar la banca pública, que históricamente tuvo un rol de banco de desarrollo, de crédito hipotecario y productivo. Una consecuencia del sesgo político que impuso esta ley ha sido el proceso de privatización de la banca pública, la desaparición de los bancos hipotecarios y de desarrollo y el progresivo dominio de los bancos privados como agentes financieros de los estados provinciales. Al día de la fecha, bancos como Macro y el Grupo Petersen poseen mayoría accionaria en bancos otrora provinciales (como el Banco de Tucumán o de Formosa), lo que ha llevado a que en la actualidad más de la mitad de las provincias argentinas tengan como agente financiero al sector privado, cuyos dueños terminan decidiendo qué hacer con los recursos de las distintas jurisdicciones, atando de manos a las provincias y gobiernos locales, que quedan a merced de un grupo minúsculo de accionistas privados.
Si uno hiciera el ejercicio de abogado del diablo se podría preguntar legítimamente qué importancia puede tener derogar una ley que ya sufrió una treintena de modificaciones. Ocurre que a pesar de estas modificaciones, lo que no se ha establecido con claridad es un rumbo que revierta el quiebre de paradigma que impuso la dictadura y que constituyó uno de los primeros experimentos de lo que luego se daría en llamar «Consenso de Washington» y cuya batería de medidas se ha simplificado y sintetizado en el término “neoliberalismo”.
Esta reforma significó la total desregulación del sistema financiero, la eliminación de las trabas para el ingreso de capitales especulativos y «golondrina’», la liberación de la tasa de interés, la supresión de las trabas para las remesas de utilidades, y la eliminación de la protección de los capitales argentinos frente a los extranjeros. Un preanuncio de las medidas de liberalización y desregulación del sector financiero que se consolidaría en los años 80 y 90 en todo el mundo.
Ese rumbo que ha orientado a la ley, decíamos, ha sido modificado y corregido. Pero no se ha consolidado una alternativa: la de una banca orientada al crédito productivo, al crédito hipotecario para la clase trabajadora o el ahorro en moneda nacional.
LOS INTENTOS EN DEMOCRACIA
Los últimos intentos de derogación de la ley de la dictadura y su reemplazo por una legislación democrática que modifique la estructura vigente datan de 2014, cuando se presentaron seis proyectos de ley. De esos seis, había, con sus diferencias, dos modelos: el que impulsaban Carlos Heller, Claudio Lozano y Pino Solanas y el que promovían Federico Pinedo, Gerardo Milman y Alfonso Prat-Gay. Estos últimos no modificaban en lo sustancial el modelo desregulador de Martínez de Hoz, aunque sí incorporaban mejoras y se proponían saldar la deuda democrática.
Más interesante eran los proyectos de Heller, Lozano y Pino Solanas, que apuntaban a la declaración como servicio público del sector financiero y la promoción de la orientación del crédito. Los proyectos establecían, por ejemplo, que un mínimo del 48% del promedio anual de las financiaciones totales al sector privado de cada entidad financiera deberían destinarse a préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas. En ese porcentaje, también se incluían préstamos hipotecarios para la construcción, compra y refacción de viviendas únicas familiares. Además, se establecía que una parte de los depósitos del sistema financiero fueran destinados a créditos hipotecarios a 20 años. En cuanto a las tasas, se proponía regularlas e incluir servicios esenciales para los usuarios para promover el acceso a medios de pago, transaccionales y de ahorro. Por último, promovía la creación de un fondo de garantía para que los bancos instalaran sucursales en el interior del país.
Con los años y los distintos experimentos fallidos que han costado tantas crisis a nuestro país, ha quedado sobradamente demostrado que un aspecto central y estratégico para un desarrollo socialmente justo consiste no sólo en una nueva regulación, sino también en un aspecto que mencionamos anteriormente y de mayor carnadura: la presencia pública entre los bancos.
En la actualidad, existen sectores progresistas y afines al gobierno nacional que han alertado sobre la importancia de cerrar el ciclo de fuga y endeudamiento y avanzar hacia una política de regulación tanto de los delitos de fuga y lavado, como de legislación sobre las entidades financieras que vaya en la dirección de un sendero de desarrollo, que deje atrás este capitalismo excesivamente financiarizado y termine con lo que una diputada oficialista ha dado en llamar «El imperio del capital financiero». Y vaya si lo es: como señala el artículo, de las 147 grandes corporaciones que manejan el 40% del negocio internacional, tres cuartas partes son entidades financieras.
Con los años y los distintos experimentos fallidos que han costado tantas crisis a nuestro país, ha quedado sobradamente demostrado que un aspecto central y estratégico para un desarrollo socialmente justo consiste no sólo en una nueva regulación, sino también en un aspecto que mencionamos anteriormente y de mayor carnadura: la presencia pública entre los bancos. Sea a través de la compra de acciones o creando entidades que dependan del estado nacional, provincial o municipal, y que sirvan como herramienta para los objetivos de una banca pública al servicio del desarrollo y orientada al crédito productivo e hipotecario, es necesario una mayor iniciativa pública.
Tras 43 años de la ley de Martínez de Hoz y décadas de consolidación de un modelo probadamente obsoleto y nocivo para la economía argentina, resta aún saber si los sectores progresistas y del gobierno nacional avanzarán finalmente en una nueva legislación, que por ahora pareciera existir sólo en los dichos de un diputado, en declaraciones de deseos de referentes del gobierno, dirigentes sindicales y en sectores progresistas y de izquierda.
