¿Dónde está?: la pregunta sin respuesta

¿Dónde está? La pregunta resuena cada vez, como un eco, sin respuesta o, en otros casos, sin consuelo. Las desapariciones forzosas son hitos de una trama densa de violencia institucional y estatal que debe ser atacada. Un caso más, uno de muchos, de demasiados.

Con poco tiempo de distancia entre sí, se cumplieron tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y cien días sin saber dónde está Facundo Castro. Por esas mismas horas, Blas Correas iba en auto con sus amigos cuando, para evitar un robo, decidieron acelerar. A los pocos metros, lo alcanzaron las balas de la policía de Córdoba y murió antes de llegar al Hospital de Urgencias. También ahí, intervino la policía: cuando se encontró con que el joven estaba muerto, impidió que cualquiera se acerque, incluso la madre. Las primeras noticias hablaban de haber “limpiado la escena” y hasta de la intención de plantarles un arma. Mientras apenas asimilábamos, o más aún, mientras apenas comenzaba a saberse del asesinato de Blas, ya estábamos viendo otro video de violencia policial viralizado en las redes. También en las calles cordobesas, otro joven es abordado por varios oficiales. Él va por delante del grupo y se ve como aparece desde atrás un policía que lo golpea, lo tira al piso y lo esposa.

Cada caso de violencia es un nombre, pero cada nombre no es un caso independiente de violencia. “¿Dónde está Facundo?” no es un eco ni una réplica del “¿dónde está Santiago?”.

Los tres años sin Santiago Maldonado tuvieron su recordatorio en las calles. En la Ciudad de Buenos Aires, el encuentro terminó con represión. Mientras que, al otro lado del mismo mapa, el sector más burbujeante de nuestra sociedad marchaba por enésima vez pidiendo libertades, las que, en ese mismo acto, y no tan solo por enésima vez, sino más bien como el modus operandi de nuestra nación conviviente, se nos mostraban que -al menos para ellos- las libertades estaban a salvo. Libertades a salvo y gozadas, pero también como manifiesto de violencia: las libertades para ese sector no tienen costo. Y, tanto peor, muchos pueden jactarse de ponerles el precio que pagará otro. Y esto no implica pedir represión para esas otras marchas, claro. Es marcar un problema estructural. “Ley y orden” siempre es una demanda para que se descargue sobre otro. El tema es la construcción con la que se define ese “otro”.

La marcha en memoria de Santiago también era para pedir por Facundo, detenido por no cumplir la cuarentena y desaparecido por esa estructura que marca, entonces, quienes pueden circular y quienes no, la que muestra, a su vez, el punto clave: el racismo es, ante todo, estatal. Un racismo que muchas veces, pero no siempre, está íntimamente ligado al clasismo. Ese “no siempre” es esencial para comprender el escenario social que enfrentamos. Porque si algo saben las comunidades racializadas es que no hay clase social que las mantenga a salvo. En países como el nuestro, donde la raza aparece difumada entre una noción extranjerizante, pobrista y/o ideológica, el trauma y la culpabilización son también producto de lo mismo, incluso cuando el racismo se analiza a partir de una medición de color de piel, desconociendo los procesos que atravesaron no solo a nuestro país, sino también al continente.  

ESTO NO ES (SOLO) UNA PREGUNTA

Cada caso de violencia es un nombre, pero cada nombre no es un caso independiente de violencia. “¿Dónde está Facundo?” no es un eco ni una réplica del “¿dónde está Santiago?”. Estos tampoco fueron ecos ni réplicas de las semanas que buscamos a Luis Espinoza ni los cinco años y ocho meses que preguntamos “¿dónde está Luciano Arruga?”. En ningún caso, claro, estamos frente a una mera pregunta de paradero.

“¡¿Dónde están?!”, nos preguntamos. Primero como grito desesperado y, luego, como demanda organizada. Es la pregunta que denuncia al plan sistemático de desaparición de personas implementado en la última dictadura cívico-militar de nuestro país, del que también se desprende la apropiación de bebés. Y sí, todavía seguimos buscando a compañeros detenidos desaparecidos en aquellos años, a sus hijos robados. Y también a Jorge Julio López, ese desaparecido dos veces por el mismo plan sistemático: la primera vez bajo la sombra de una dictadura y la segunda bajo el no tan luminoso cielo de la democracia, por una estructura anquilosada de impunidad que se niega a extinguirse.

Por eso el “¿dónde está?” no se responde ni se termina cuando ya sabemos dónde están cada uno de esos nombres que se pronuncian a viva voz, que se reclaman de forma colectiva. Incluso cuando la pregunta a esta altura, bajo el peso lamentable de la historia y la experiencia, la empezamos a pronunciar ya temiendo lo peor. Que funcione solamente como retórica, como reclamo sordo, sigue conteniendo en sí a todos, los tristemente célebres y los que no llegan a ser noticia, los conmemorados y a los que con el paso del tiempo van quedando atrás. El olvido colectivo no debe extinguir la memoria política. Todavía no sabemos dónde está Miguel Bru, quien hace unas semanas hubiera cumplido 50 años y fue desaparecido con 23, un 17 de agosto de 1993. ¿Dónde están El Rubio del Pasaje, Iván Torres, Daniel Solano?

Preguntar “¿dónde está?” es la esencia fundamental de la posibilidad concreta de un “Nunca Más”. No hay tal “Nunca Más” mientras haya un “¿dónde está?” que se desdoble entre la respuesta que lleva en sí misma.

Como “¿dónde están?” es una demanda directa e innegociable al Estado, también sigue invocando a los que ya sabemos dónde están, pero que fueron víctimas del mismo funcionar. Sabemos dónde está Lucas Nahuel Verón, asesinado por la policía cuando, en el medio de su festejo de cumpleaños número 18, salió a comprar cigarrillos con un amigo. Ese mal llamado “gatillo fácil”, porque llamarlo “gatillo racista” sería demasiado difícil de camuflar para las correcciones políticas y las bondades progresistas, también nos recuerda a esa estructura estatal no obsoleta y no democrática. También sabemos “dónde está” el pibe que es demorado, golpeado y liberado, o el trabajador que ve subir a la cana al bondi y ya sabe que va a tener que bajar a ser palpado e interrogado, sin razón alguna. Frente a estas violencias, el “dónde está” se redirecciona, incluso como potencial destino, porque es en lo sistémico, en el ya saber que eso va a suceder y sucede abiertamente, que se pierden inocencias, determinaciones, dignidades, se evocan traumas de esa deshumanización impuesta por el aparato estatal. Cada abuso de fuerzas que no se lleva la vida, se lleva otra cosa de esa vida.

Preguntar “¿dónde está?” es la esencia fundamental de la posibilidad concreta de un “Nunca Más”. No hay tal “Nunca Más” mientras haya un “¿dónde está?” que se desdoble entre la respuesta que lleva en sí misma. Las condiciones históricas, políticas, sociales y culturales que la hacen una pregunta viva -en la visión más orgánica de lo vivo- y que en el sentido afectivo personal se vincula a una causa colectiva que emerge como móvil de resistencia, pero también de supervivencia. Por cada uno de los que convive con esa posibilidad de ser el próximo “dónde está”. O el próximo receptor de esa mirada atravesada por el estigma de lo no-blanco y sus diversas consecuencias, incluso las sutiles y pretendidamente inocuas.

Pero, finalmente, el gran peso de la pregunta aparece frente a ese Jorge Rafael Videla que decía “es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”. Ahí, el “¿dónde está?” se presenta como cuerpo y hace obligatoria la búsqueda inmediata, pero también ese cuerpo es el que hace a la Memoria, la Verdad y la Justicia y por eso solo ya tiene que ser un deber pronunciarla, porque es lo que saca al desaparecido de esa “incógnita sin tratamiento” a la que el dictador quería destinarlo. Estas razones son las mismas que obligan a un gobierno democrático a tomar una acción contundente, un abordaje integral y un responsabilidad estructural. La vara está tan baja que nos quieren conformar con que los funcionarios llaman por teléfono a los familiares de las víctimas o posan para una foto con cara de circunstancia. No tenemos que agradecer eso, no tendría ni que ser noticia mientras contamos días, sumamos nombres, acumulamos cicatrices. La noticia va a ser el día que se deje de restarle dimensión a los hechos y se deje de tratar a cada caso de violencia institucional como un “caso aislado”. Uno más, siempre uno más.

LA TRANSVERSALIDAD DEL RACISMO Y LOS OPORTUNISMOS

Parece mentira que hoy la pregunta abierta más política que tiene la historia de nuestro país también quede rehén de “la grieta”. Así nos encontramos con una utilización opositora del “¿dónde está Facundo?” o una indiferencia, minimización, ligereza, por parte de ciertos sectores del oficialismo y de gran parte de su electorado. Que esto decepcione no significa que sorprenda, lamentablemente. Conocer un poco la historia del país, su dinámica y los intereses políticos de quien dicen representarnos, permite entender mejor el escenario que reproduce e infecta estas heridas con remedios indolentes.  

Pero también hay algo aún más tabú, que se delata como nunca antes, en la incomodidad que produce el simple hecho preguntar por un desaparecido habiendo sido votante del gobierno de turno. Así como nadie puede dudar de que solo un núcleo mínimo, muy concentrado, es hoy realmente antidemocrático, la gran mayoría de esa gran mayoría democrática, valga la redundancia, cuando no la respalda o no la justifica, ve a la violencia institucional como el costo a pagar para mantener cierto orden social. Un costo que, se tolera, siempre y cuando lo paguen otros.

La violencia institucional no solo tiene raíces profundas a partir de un Estado total y completamente responsable, sino que también se legitima bajo un amparo que no es exclusivo de las ideologías de derecha. Es un amparo que encuentra en los fantasmas sociales toda su razón de ser y que, incluso, se hace aún más fuerte su legitimación en las lecturas progresistas. Pensando en un progresismo en sentido amplio, que hoy se anida tanto en el peronismo, kirchnerismo, socialismos, las izquierdas y enfáticamente en las militancias identitarias. La única diferencia es que la derecha lo dice abiertamente, lo practica incluso con descaro. Pero mientras que ellos dicen “algo habrán hecho”, del otro lado hay miles de variantes, incluso sutilezas cotidianas y pudorosas omisiones que hacen a esa legitimación. Algunas desde el lenguaje, que tanto se deja atravesar por los consumos culturales y círculos de pertenencia, otras desde el cuerpo, la mayoría de las veces desde pequeñas acciones que refuerzan jerarquías y estereotipos. Si la derecha construye criminalización, la no-derecha se manifiesta a través del estigma.

La violencia institucional no solo tiene raíces profundas a partir de un Estado total y completamente responsable, sino que también se legitima bajo un amparo que no es exclusivo de las ideologías de derecha. Es un amparo que encuentra en los fantasmas sociales toda su razón de ser y que, incluso, se hace aún más fuerte su legitimación en las lecturas progresistas.

Pero, así y todo, como si fuera un ping pong, este amparo social de racismo, transversal a toda ideología, también es responsabilidad de un Estado estructuralmente racista. Los gobiernos serán los que marquen el tono, los que acentúen y potencien ese racismo, o los que le bajen un poco el volumen y busquen maneras de combatirlo. Como dice Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga, “el Estado no siempre mata de la misma manera, pero por omisión u acción, lo hace”. Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre, “El Rubio del Pasaje”, que continúa desaparecido, plantea cómo ese plan sistemático de desaparición de personas, destinado a “los que molestan”, puede moldearse a diferentes realidades políticas, “en la época de la dictadura era gente organizada culturalmente la que desaparecía. Yo tengo un hermano desaparecido y una cuñada que estaba embarazada de seis meses cuando desaparecieron en dictadura, y en democracia, ahora, me toca un hijo desaparecido. En esta época, los molestos son los pibes de barrio, los peligrosos, los de gorra, los de la villa, los morochos”. La caracterización no es casual, es la imagen completa de la criminalización. Y Angélica Urquiza, madre de Kiki Lezcano, asesinado junto a su amigo Ezequiel Blanco en el 2009 por la policía, desaparecido y enterrado como NN en Chacarita, refuerza la idea, “instalaron que el pibe pobre debe desaparecer”.

Los números, además, no mienten. Las estadísticas marcan un patrón, y es el patrón lo que marca que ya no hay tiempos para reformismos oportunistas, de ocasión. El panorama se hace aún más desalentador porque tenemos una sociedad arrasada culturalmente por esos relatos estigmatizadores, criminalizadores y, sobre todo, con un ansia de vigilancia que va in crescendo. Y esto se profundiza más en la reacción civil, muchas veces empoderadas con lecturas que, desde las militancias identitarias o progresistas, se olvidan que su posicionamiento es productor de luchas más amplias e integrales, justicialistas en sentido amplio.

Un Estado que no se replantea su racismo estructural, no solo que no puede ofrecer herramientas efectivas y transformadoras, tampoco puede dar respuestas que acerquen cierta justicia cuando todo es tomado por la injusticia. La violencia institucional, las desigualdades económicas y culturales, los obstáculos que enfrentan ciertos sectores, no solo para acceder a derechos conquistados, sino en vías de la garantía de los derechos humanos, tienen raíz en esa estructura. La moralización, el prejuicio, el utilitarismo que se vuelca sobre el uso de esos derechos también es parte de este racismo. Pero el problema más grave es que, en su no replanteo ni abordaje estructural, el Estado provoca un campo de comprensión en el cual violencia institucional e inseguridad van de la mano, quedan íntimamente ligadas, relacionadas de manera interactiva y vital, cuando no de manera explícita, como fundamentación una de la otra.

Esto mismo se traduce en los que necesitan remarcar en las búsquedas que el desaparecido es joven, bueno, inocente. Pero a los desaparecidos se los busca por desaparecidos. El desaparecido no es un héroe. Una desaparición no necesita empatía, ni se poetiza, ni, mucho menos, se moraliza. No es una búsqueda de una persona perdida ni de alguien que escapó, y esto no significa que haya ausencias más importantes que otras o elección de búsqueda, esto refiere a una condición y los marcos de responsabilidad. La desaparición forzada es una condición política como parte de un plan sistemático del que el Estado es, en todos los casos, responsable.

LO DICHO: EL ESTADO ES RESPONSABLE  

En el informe del 24 de julio de la CORREPI, que ya quedó muy desactualizado, se contabilizaban 71 asesinatos con responsabilidad del Estado desde el comienzo de la cuarentena. De ese total, 36 eran muertes ocurridas en cárceles (22) y comisarías (14) y 24 fueron fusilamientos de gatillo fácil. El resto tiene diferentes variables, como los dos chicos que fueron embestidos arbitrariamente por un patrullero en San Nicolás. Y hubo tres desapariciones forzadas: Luis Espinoza en Tucumán y Francisco Valentín Cruz en Florencio Varela, ambos ya encontrados sin vida, y Facundo Castro, al que todavía se lo sigue buscando. Tres desapariciones forzadas en cuestión de semanas: esto también habla de cómo el tratamiento incorrecto refuerza, al mismo tiempo, la impunidad.

“Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer”, explica en su comunicado la CORREPI, que también resalta el impacto de los números. Algo que va de la mano con lo que plantea la CPM (Comisión Provincial por la Memoria), que venía con un registro de una muerte cada 72 horas y solo en junio el promedio subió a una muerte cada 40 horas.

La pandemia no solo visibiliza y potencia los problemas estructurales, también visibiliza y potencia nuestros posicionamientos frente a ellos. Esto aplica a nosotros, ciudadanos, y debería ser condición ideológica para gobiernos que se presentan entre sí como opuestos. La diferencia, entonces, no está en un llamado y lamentarse públicamente de lo que está pasando. Es entendible que, luego del caso Maldonado y la violencia derramada impunemente por el gobierno macrista a través de todos los medios, no ver la misma escena nos haga sentir cierta calma. Pero la vara deja de ser baja o alta cuando recordamos que estamos frente a un plan sistemático de desaparición de personas que se sostiene a través de una estructura estatal que desde la dictadura, o incluso antes, viene desarrollándose y que la democracia no pudo, no supo, no quiso aún desarmar. El llamado, entonces, no puede faltar y el lamento es entendible, pero estás en el lugar exacto para desmantelar la estructura o empezar a hacerlo.

Al 2018 se hablaba de aproximadamente siete mil casos de gatillo fácil y de más de doscientas desapariciones forzadas desde el regreso de la democracia, pero la CORREPI vuelve sobre esa idea de la parcialidad de la estadística agregando un detalle no menor y coincidente también con los mismos relatos que se pueden recolectar de los familiares de desaparecidos durante la dictadura: el miedo a la denuncia y las represalias constantes a los que denuncian, las persecuciones a todos los entornos, una violencia institucional que se amplifica en su poder estatal y se refuerzan entre sí desde las complicidades estructurales.

Al error histórico de abordar cada caso de desaparición forzada en democracia como algo aislado, se le suma la desconexión absoluta con los números, con las imágenes y con todo aquello que no se ve, pero que compone un clima de impunidad para unos y de vulnerabilidad para otros.

Partiendo de estas nociones resuena vergonzoso (como mínimo) el mensaje del 7 de agosto de la ministra Sabina Frederic en su Twitter, que luego de repetir una vez más la idea de Estado que se busca promover, uno que evite la inseguridad y la violencia institucional, planteó: “Precisamos compromisos del arco político, del Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad, los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales”. ¿Cómo se llega a poner a los organismos y organizaciones en una misma línea de demanda de compromiso con sectores del Estado? ¿Cómo le pedís a los familiares a los que el Estado asesinó y desapareció a sus hijos que se comprometan a trabajar con el mismo que les debe justicia, cuando no los cuerpos de sus hijos? ¿Cómo les pedís el compromiso a esos familiares que no tienen injerencia alguna en la estructura estatal que desarmó sus familias o que las hace vivir bajo el acoso para que colaboren en evitar que haya más hijos asesinados, desaparecidos, víctimas de abusos? Más aún, ¿cómo pedís compromiso cuando desoís la demanda histórica de democratizar la estructura de las fuerzas? (que no es lo mismo que “democratizar las fuerzas”).

Esa sola línea que pone a compartir responsabilidades es una lectura tendenciosa y trágica de una situación desbordada. Al error histórico de abordar cada caso de desaparición forzada en democracia como algo aislado, se le suma la desconexión absoluta con los números, con las imágenes y con todo aquello que no se ve, pero que compone un clima de impunidad para unos y de vulnerabilidad para otros. Un clima exaltadísimo en los últimos 5 meses a través de muchas formas, no solo de las propias noticias.

Hace unos días se empezó a debatir una ley contra la violencia institucional. Es difícil decidir cómo se define este absurdo, esta burla a la comprensión estructural, ¿es una redundancia, un oxímoron? Tal vez tenga demasiado de las dos cosas y bastante del ritmo enunciativo de época. Una época que olvida que lo estructural es lo que nos confirma la simultaneidad de las opresiones y las violencias. Y, como en esa medida, los principales afectados son los sectores racializados y pobres, en donde la figura de la mujer aparece con la mayor carga, el mayor nivel de exigencia, como un cuerpo organizador y comunitario por excelencia, pero prácticamente sin elección. Y ahí, por fuera del reconocimiento a esa fortaleza hecha de luchas y duelos, también hay marcas de violencias y opresión. Las opciones en esos sectores son limitadoras en sí mismas.

“Mi corazón de mamá dice que Facundo no está con vida», declaró Cristina días después de que se encontrará en un calabozo un adorno del joven que había sido regalo de su abuela. Desde que la abuela falleció, Facundo llevaba en su mochila esa sandía de madera con una vaquita de San Antonio adentro. “Esté como esté, quiero el cuerpo de mi hijo”, pidió la mujer a la que una sola oración le alcanzó para patear la estructura que esta extensa nota cuestiona y demanda demoler: “Esta gente (la policía) cambió los Falcon por las Hilux. Pensaron que esta negrita que limpia los baños en una estación de servicio se iba a quedar callada y no iba a pelear por su hijo».

Cristina lleva más de 100 días luchando. No importa la cantidad exacta. La gravedad institucional no se refleja en esa medida de tiempo calendario, porque Facundo no debería faltarnos por medio segundo. La gravedad está en que la herida continuará abierta cuando lo encontremos a Facundo y pensemos que ya tenemos la respuesta al “¿dónde está?”, como si todavía no oyéramos a las Madres cantar alrededor de la Pirámide de Mayo: “¡que digan dónde están los desaparecidos!”.

*Las declaraciones de las madres de Luciano Arruga, Kiki y Facundo Rivera Alegre fueron tomadas de La Tinta. Las declaraciones de Cristina Castro fueron tomadas de una entrevista a El Destape Radio.

Bárbara Pistoia

Bárbara Pistoia

Comunicadora y artista visual. Edita Delivery, un newsletter de arte. Dirige Hiiipower Club, un sitio sobre hip hop y black arts. Escribió "¿Por qué escuchamos a Tupac Shakur?", editado próximamente por Gourmet Musical Ediciones.

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