Frente al paisaje de la cancelación

La solicitada de un grupo de personalidades publicada en la revista estadounidense Harper´s profundizó el debate sobre la «cultura de la cancelación». ¿Existe? ¿De qué se trata? ¿Es censura? ¿Por qué causa divisiones en el campo de la izquierda? ¿Estamos todos discutiendo sobre lo mismo?
¿DESDE DÓNDE LO DECÍS?

Ciento cincuenta personalidades del campo de las ideas (omitamos la palabra intelectuales) publicaron recientemente una carta abierta en la revista estadounidense Harper´s. Se trata de un texto breve en el que se expresa una preocupación por el asedio al pluralismo y a la libre expresión que es fruto del despliegue de una cultura represiva, de cancelamiento, que avanza a paso redoblado. Una cultura que no solo amenaza, sino que castiga, que se encarama en instituciones y elites pero que también es replicada por algunos de los movimientos que se oponen a esas instituciones y a esas elites.

La carta tiene solo tres párrafos. No está de más reproducirlos:

Nuestras instituciones culturales se enfrentan a un momento de prueba. Las potentes protestas por la justicia racial y social están derivando a otras exigencias atrasadas de reforma del sistema policial, junto con llamamientos más amplios por una mayor igualdad e inclusión en nuestra sociedad, especialmente en lo que se refiere a la educación superior, el periodismo, la filantropía y las artes. Pero este necesario ajuste de cuentas también ha hecho que se intensifique un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y de tolerancia de las diferencias en favor de una conformidad ideológica. Al mismo tiempo que aplaudimos el primer paso adelante, también alzamos nuestras voces contra el segundo. Las fuerzas del iliberalismo están ganando terreno en el mundo y tienen a un poderoso aliado en Donald Trump, quien representa una verdadera amenaza a la democracia. No se puede permitir que la resistencia imponga su propio estilo de dogma y coerción, algo que los demagogos de la derecha ya están explotando. La inclusión democrática que queremos solo se puede lograr si nos expresamos en contra del clima intolerante que se ha establecido por doquier.

¿Hay algo profundamente perturbador en defender la libertad de expresión con argumentos tan amplios que puedan suscritos por personas de derecha y de izquierda? Quizás, el punto es solo el punto. El contenido mismo. Lo que se dice. Lo que se expresa. Porque, quizás, con ese mismo punto se pueda discutir a los propios autores (y a los lectores).

El libre intercambio de información e ideas, la savia de una sociedad liberal, está volviéndose cada día más limitado. Era esperable de la derecha radical, pero la actitud censora está expandiéndose en nuestra cultura: hay una intolerancia a los puntos de vista contrarios, un gusto por avergonzar públicamente y condenar al ostracismo, y una tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral cegadora. Defendemos el valor de la réplica contundente e incluso corrosiva desde todos los sectores. Ahora, sin embargo, resulta demasiado común escuchar los llamamientos a los castigos rápidos y severos en respuesta a lo que se percibe como transgresiones del habla y el pensamiento. Más preocupante aún, los responsables de instituciones, en una actitud de pánico y control de riesgos, están aplicando castigos raudos y desproporcionados en lugar de reformas pensadas. Hay editores despedidos por publicar piezas controvertidas; libros retirados por supuesta poca autenticidad; periodistas vetados para escribir sobre ciertos asuntos; profesores investigados por citar determinados trabajos de literatura; investigadores despedidos por difundir un estudio académico revisado por otros profesionales; jefes de organizaciones expulsados por lo que a veces son simples torpezas. Cualesquiera que sean los argumentos que rodean a cada incidente en particular, el resultado ha consistido en estrechar constantemente los límites de lo que se puede decir sin amenaza de represalias. Ya estamos pagando el precio con una mayor aversión al riesgo por parte de escritores, artistas y periodistas, que temen por sus medios de vida si se apartan del consenso, o incluso si no están de acuerdo con el suficiente celo.

Esta atmósfera agobiante afectará en última instancia a las causas más vitales de nuestro tiempo. La restricción del debate, la lleve a cabo un Gobierno represivo o una sociedad intolerante, perjudica a aquellos sin poder y merma la capacidad para la participación democrática de todos. La manera de derrotar las malas ideas es la exposición, el argumento y la persuasión, no tratar de silenciarlas o desear expulsarlas. Rechazamos la disyuntiva falaz entre justicia y libertad; no pueden existir la una sin la otra. Como escritores necesitamos una cultura que nos deje espacio para la experimentación, la asunción de riesgos e incluso los errores. Debemos preservar la posibilidad de discrepar de buena fe sin consecuencias profesionales funestas. Si no defendemos aquello de lo que depende nuestro propio trabajo, no deberíamos esperar que el público o el estado lo defiendan por nosotros.

Vale la pena detenerse también en lo que está debajo del texto. Allí, al pie, hay un reguero de firmas disímiles que va desde el marxismo ortodoxo al progresismo amplio y del neoconservadurismo de pura cepa a esa constelación que se ha dado en llamar “neoliberalismo progresista”. Hay novelistas consagrados y autores de best-sellers; académicos reconocidos mundialmente y periodistas cuyos nombres no resuenan fuera del mundo anglosajón. Las firmas (que pueden verse aquí) importan porque apenas publicada la misiva se desató una tormenta a su alrededor. Tanto para defender como para atacar eso que se había dicho, se produjeron (y mientras escribimos eso sigue sucediendo) movimientos que —curiosamente o no tanto— comparten una misma perspectiva: no importa tanto lo que se ha dicho, sino quién lo ha dicho (y entonces, aunque de modo especulativo, por qué lo dijo, por qué una persona ha firmado “eso” junto con aquella otra). Para algunos, la carta debe ser aplaudida o execrada porque “la firmaron Fulana de Tal y Mengano de Cual”. Posicionamientos en función de los firmantes antes que en lo firmado. En otros casos, en cambio, se ha intentado ir más allá de la mera contabilidad de nombres y discutir el punto. ¿Y cuál es el punto? ¿Es el formato de carta pública colectiva, de solicitada? ¿Son las razones que llevan a escribir y firmar? ¿Hay algo que está velado en el texto y que es en realidad el único objetivo de quienes arteramente impulsaron una misiva que dice algo más de lo que está escrito? ¿Hay algo profundamente perturbador en defender la libertad de expresión con argumentos tan amplios que puedan suscritos por personas de derecha y de izquierda? Quizás, el punto es solo el punto. El contenido mismo. Lo que se dice. Lo que se expresa. Porque, quizás, con ese mismo punto se pueda discutir a los propios autores (y a los lectores). Quizás a la luz del propio texto se pueda decir mucho más que lo que se dice.

El punto que lleva a otro punto. Nuestro punto de inicio.

DE LO QUE ESTAMOS HABLANDO

Los argumentos de la carta son bastante simples. Se afirma que se está imponiendo un clima de intolerancia que avanza por dos vías, una obvia, otra inesperada. La primera es a la que se alude como derecha radical, iliberal y demagógica a la que se supone encarnada por el gobierno del presidente Donald Trump, pero que claramente excede el terreno político-institucional. La segunda es la de aquellos sectores progresistas o de izquierda que, bregando por reformas necesarias en pos de mayor igualdad e inclusión, acaban adoptando posturas reñidas con el pluralismo y adoptando una “cultura del cancelamiento” que solicita informalmente la imposición de castigos severísimos a aquellas personas a las que se considera “transgresoras” por expresar “ideas incorrectas”.

Que quienes escriben e investigan se planten frente a la derecha dura no tiene nada de novedoso, es parte del paisaje de la modernidad. Lo que llama la atención es que, ya pasada la guerra fría y relegados al arcón de los recuerdos el estalinismo y la revolución cultural maoísta, se pueda ver algo semejante a un peligro para el pluralismo en los movimientos que se ubican a la izquierda del centro (donde nosotros mismos nos situamos) y que a duras penas pueden hacer oír sus reclamos en un mundo que parece ir furiosamente a contrarreloj. ¿Deberíamos considerar a la carta de Harper’s un mero ejercicio de macartismo tardío, una trampa en la que han caído algunos izquierdistas bienintencionados que no percibieron a tiempo que estaban firmando a favor de mantener un statu quo injusto? ¿O en realidad hay algo de verdad relevante de la herencia democrática y pluralista de la libre expresión —herencia no solo del liberalismo sino también, y quizá sobre todo, del socialismo, dicho sea de paso— que hoy está en peligro y que vale la pena sostener incluso contra algunos actores con cuyos objetivos estamos de acuerdo?

Bien mirada y releída, la carta dice dos cosas. Hoy, ahora mismo, se están produciendo hechos que atentan contra la libre expresión. Hay gente que pierde el trabajo por pensar distinto, obras que no se publican por “ir a contramano”, autores a los que se les impide escribir sobre un determinado tema. Entendemos que muchos (casi todos) nos oponemos a esa censura directa, ejercida en la mayoría de los casos por elites económicas y políticas (demagógicas u oligárquicas, tanto da) que cercenan la discusión pública de forma clara e indubitable prohibiendo publicaciones, negando acceso a información que debería ser pública, obstruyendo canales de comunicación o financiando “ruido” en conversaciones públicas. Pero, además de eso, la carta dice algo más problemático y que causa cierto escozor: afirma que hay docentes, escritores, periodistas que no dicen lo que quieren decir por temor a ser objeto de un castigo indirecto, pero no por ello menos real o efectivo. Estos profesionales y artistas temen un rechazo social que les quite el espacio para experimentar con ideas iconoclastas, para discrepar de buena fe incluso cometiendo y reconociendo errores en su recorrido. Aquí el problema no es tanto el rechazo del público a lo que se produce (se sobreentiende que toda posición cosecha repercusiones negativas y “críticas corrosivas”) sino los modos que emplea y las consecuencias que provoca. Con respecto a los modos, sostienen los firmantes, se trata de un rechazo vociferado que busca deliberadamente avergonzar en público y condenar al ostracismo al transgresor (que en este sentido puede caer en infracción tanto por su obra como por sus acciones privadas). En lo que se refiere a las consecuencias, y más allá de la piel dura o blanda quien es blanco de las críticas, lo que importa es que, cuando los ataques se hacen visibles (sea en las redes sociales y foros de la web, sea en una manifestación o en un editorial transmitido por radio o televisión) los empleadores y superiores jerárquicos se muestran raudos para desplegar una política de control de daños y aplican preventivamente algún tipo de castigo, de censura o una represalia ejemplar para apaciguar los ánimos. Es eso lo que provoca que los siguientes en la fila (aquellos que quizás hubieran andado por un camino similar al abierto por el primer sancionado) se cuiden mucho y quizás decidan conformarse con aceptar el statu quo para salvaguardar sus medios de vida.

Es así, por estos dos caminos que convergen, el del gobierno y las elites represivas y el de la sociedad crecientemente intolerante, que se va generando e imponiendo un clima restrictivo y agobiante, en el que no tiene lugar el disenso de buena fe y en el que aquel que no tiene una plataforma donde asentarse (ya sea por sus propios medios, en la elite o en las bases organizadas) tiene todas las de perder. Justamente en este punto donde empiezan los problemas.

Es así, por estos dos caminos que convergen, el del gobierno y las elites represivas y el de la sociedad crecientemente intolerante, que se va generando e imponiendo un clima restrictivo y agobiante, en el que no tiene lugar el disenso de buena fe y en el que aquel que no tiene una plataforma donde asentarse (ya sea por sus propios medios, en la elite o en las bases organizadas) tiene todas las de perder. Justamente en este punto donde empiezan los problemas. Para algunos lectores, lo que dicen los firmantes es una muestra de una visión políticamente miope, socialmente elitista y, sobre todo, étnica y culturalmente ombliguística. Aquí la idea es la siguiente: en lugar de hacer avanzar las posiciones democráticas e inclusivas que dicen defender, los liberales progresistas que aportan su firma y su prestigio a esta supuesta defensa de la libre expresión, en realidad buscan atrincherarse en sus privilegios para pontificar sin que se los pueda criticar y de paso, con la colaboración de izquierdistas que no han sabido ver la trampa, sirven en bandeja una “lavada de cara” a personas reaccionarias con un historial nefasto en lo que se refiere a la libertad de expresión, la inclusión social o la ampliación de derechos. Así, se podría concluir que, en nombre del pluralismo y la democracia, la solicitada ayuda a que se presenten como inocentes (e incluso como víctimas) algunos responsables de la situación actual que han sido parte de las elites represivas que ahora (¿fingen?) denunciar. Más todavía, de acuerdo con estos críticos, la manera perversa en la que actúan estos personajes lleva a impugnar a una forma de acción (la cultura de la cancelación) que se considera válida y efectiva para hacer avanzar una agenda progresiva.

Aquí ya quedan planteados las cuestiones. Por un lado, pensar en qué sentido deberíamos leer la carta de Harper’s, ¿hasta dónde es válido tomar sus argumentos tal como son expuestos y en qué medida es necesario leerla como un producto de determinados enunciadores con ciertos intereses? Y más allá de las intenciones de los autores, ¿no podríamos tomar los principios pluralistas para esgrimirlos no solo contra aquellos a quienes fueron dirigidos originalmente sino también ante quienes los pronunciaron? Por el otro, ¿deberíamos desconfiar y prevenirnos contra la cultura de la cancelación como parecen proponer los que firman la carta?, ¿o se trata de una forma legítima, justificada y potente de hacer avanzar la agenda democrática e inclusiva?

Como se ve, mucho por delante, así que pluma a pluma.

¿EL MEDIO ES EL MENSAJE?

La solicitada como acto de intervención en el debate público es tan potente como problemática. En un contexto autoritario (como el de una dictadura) el hecho de que varias instituciones con cierto peso o personas populares o con prestigio firmen una proclama colectiva sirve para poner sobre la mesa ideas que, sin esta herramienta no podrían ver la luz o acarrearían consecuencias funestas para el que las presentase. Sin embargo, en un ambiente democrático, la herramienta parece redundante y ser más bien un ejercicio elitista de autoafirmación y autopromoción hecho por quienes no precisan de ninguna de las dos cosas (hace poco Fernando Suárez escribió una interesante nota al respecto que sirve para enmarcar esta parte de la discusión).

A diferencia de una nota firmada por una o dos personas que sostienen ideas propias, la solicitada seguida de un conjunto de firmas reconocibles implica un acto que parece tener dos partes difíciles de escindir: los argumentos que se esgrimen y el peso de aquellos que lo enuncian tanto como individuos como colectivo. En este sentido, la carta de Harper’s no debería leerse apenas como un conjunto de ideas abstractas, sino como una intervención concreta, realizada en un contexto determinado, por un conjunto definido de sujetos. Y sin embargo aquí no acaba el asunto. Porque lo interesante de esta carta es que si bien es verdad que quienes la firman podrían ser señalados como un colectivo de gente bien posicionada profesional y económicamente, con ingresos asegurados y que goza de reconocimiento, sería difícil ver allí a un grupo político, a un conjunto de individuos que comparten una mirada sobre la sociedad.

Los que rubricaron la solicitada son personas con trayectorias políticas e intelectuales muy distintas. Así, no resulta tan sencillo decir, como se ha dicho, que el objeto de la intervención es apenas (o es sobre todo) un intento de “lavar la cara” a aquellos que en el pasado (ayer mismo) han sido responsables de actos de censura o han aportado al crecimiento de la derecha radical de la que ahora reniegan o que aún hoy sostienen un “neoliberalismo progresista” muy poco inclusivo. Es posible que la intención de algunos de los que firmaron haya sido salvar su propia ropa, pero que ellos hayan suscrito la carta no hace, creemos, que eso que se ha escrito deba interpretarse apenas en el sentido atribuido a (o por) esos actores en particular.

En este punto, la solicitada como vehículo se parece a otras acciones colectivas. Los que vamos a una marcha (pongamos como ejemplo la de los 24 de Marzo que venimos repitiendo desde hace décadas) pensamos distinto de muchas cosas, puede que incluso pensemos distinto cuestiones fundamentales, aun en temas relacionados directamente con eso que nos lleva a actuar juntos; a pesar de las diferencias, de las antipatías previas, ese día algo nos une. Y ese algo no pierde nada de valor por el hecho de que nos manifestemos juntos quienes pensamos tan distinto. Así, del mismo modo, los principios de libertad de expresión que reunieron a gente de izquierda y de derecha, a los que son probos y a los que no lo son tanto en la nota de Harper’s quizás merezcan ser valorados con cierta independencia de las firmas que los acompañan. Nosotros estamos convencidos de que sí, de que en algún punto conviene separar un poco —no del todo, pero sí lo suficiente para poder leer sin ofuscación— el medio del mensaje y considerar los argumentos más allá de los emisores.

Nos preguntamos, ¿por qué no ver el cuadro al derecho en lugar de al revés? Si alguien firma un discurso en favor de la libertad de opinión, pero la viola de forma consistente, el problema no está en los argumentos rubricados sino en esas acciones. Condenar al argumento por algunos argumentadores no suele ser muy útil.

Pero mientras que nosotros proponemos esa separación para mirar el texto, hay quienes la apuntalan para señala que, al contrario, en una solicitada lo principal es la identidad de los firmantes. Para estos críticos no se trata apenas de que los nombres importan, sino que esos nombres son lo que debe considerarse en primer lugar y solo de modo accesorio eso que se ha dicho. Más allá de los problemas lógicos de esta postura, aquí nos importa señalar que parece particularmente inadecuada cuando se sostiene que es el emisor el que descalifica el mensaje. Nos preguntamos, ¿por qué no ver el cuadro al derecho en lugar de al revés? Si alguien firma un discurso en favor de la libertad de opinión, pero la viola de forma consistente, el problema no está en los argumentos rubricados sino en esas acciones. Condenar al argumento por algunos argumentadores no suele ser muy útil.

Otro argumento que se ha levantado para criticar la solicitada es el que podríamos calificar de “antielitista”. Se afirma que las personas que firman la solicitada constituyen una elite (en muchos casos eso es cierto, pero en otros es bastante discutible, pero dejemos de lado esa cuestión) que, con esta carta, busca blindarse ante las críticas de quienes se oponen al grupo. Se nos dice entonces que el texto no puede ser leído sino como la expresión de ese interés de autopreservación. No obstante, ¿no es eso válido decir exactamente lo mismo con respecto a quienes critican? Porque bajo el supuesto de que la posición determina intereses claros, ¿no deberíamos suponer que todos, los que hablan y los que responden tienen algún interés? ¿Por qué deberíamos pensar que la crítica se ejerce por “buenas razones” y no para modificar la composición de la elite?

Pero volvamos al texto de la nota. Allí no hay una declaración de principios, sino apenas alusiones indirectas al ideario liberal y a los valores de la modernidad en su conjunto (se habla de democracia e inclusión, de la importancia de intercambiar ideas e información libremente, de la relevancia del debate…). Expresados de un modo tan vago, los principios de la libre expresión podrían en realidad carecer de un sentido claro y, como han dicho algunos críticos de la carta, ser apenas un conjunto de generalidades a las que cualquiera podría suscribir (incluso gente claramente identificada con la derecha y que ha abusado de esos derechos en el pasado). Así, se ha dicho, no importa tanto lo que se dice en las páginas de Harper’s, sino lo que allí se escamotea y se impugna. Lo que se oculta es una discusión más amplia, sofisticada y robusta sobre los mecanismos que dificultan la libertad de expresión que se dice defender, mecanismos que quedan escondidos detrás de una reivindicación idealista y que, por esa obturación, pueden continuar funcionando sin problemas. Lo que se impugna es una “cultura de la cancelación” que, aun con sus problemas y sus riesgos, está intentando destruir las dinámicas censoras y represivas que se despliegan con la cobija de un formalismo liberal ciego ante las jerarquías y las condiciones materiales de los que discuten.

Vamos por partes. Cuando se habla en general, ¿de verdad se está escondiendo algo? Volvamos al ejemplo de la marcha. El repudio a la dictadura y el terrorismo de estado compartido por todos los participantes, ¿tiene el objetivo de ocultar las reformas en la economía argentina que se produjeron a partir del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional? ¿al centrar las críticas en determinadas figuras, se está buscando exculpar a otras que también participaron de ese régimen? En principio, no parece que semejante razonamiento sea plausible. Más bien tendemos a pensar que las convocatorias generales (las cartas abiertas, las solicitadas, las marchas) tienden a poner el acento en aquello que se considera central sin por ello buscar de forma deliberada escamotear otros aspectos de la misma cosa. Al contrario, siguiendo la estrategia del pie en la puerta, las cosas pueden leerse de otro modo: una vez que se acepta el punto más abstracto es más simple (y factible) avanzar hacia lo concreto. Del rechazo a la dictadura al rechazo a aquello que procuró hacer la dictadura, de la defensa generalista de la libre expresión abstracta a la búsqueda de una libre expresión plena. Dicho de otro modo: más que brindar refugio a los que, en nombre de la libre expresión, abusan de sus lugares de privilegio, la carta de Harper’s es una herramienta para denunciarlos. Es porque aceptamos los principios generalistas que podemos ir por más y decirle a uno de los signatarios de la carta “justamente porque vos firmaste en defensa del derecho a expresarse libremente, ahora estás obligado a reconocer que cuando hiciste X (por ejemplo, cuando impediste la sindicalización de los trabajadores de la revista que dirigís) violaste el principio que ahora decís defender; por lo tanto no solo deberías retractarte, también tenés que comprometerte no solo a no volver a hacerlo, sino además a impulsar medidas que impidan que otros lo hagan”.

La segunda cuestión, la impugnación de la cultura de la cancelación, es un poco más compleja y es, en nuestra opinión, el nudo de la discusión que despertó la solicitada. Vamos allí.

LA “CULTURA DE LA CANCELACIÓN”

Las críticas a la solicitada publicada en Harper´s fueron diversas. Muchas alertaron acerca de cuestiones importantes y que merecen ser consideradas (como la idea de no perder de vista los mecanismos que impiden la libre expresión en sociedades que respetan los principios liberales y democráticos básicos). Pero la mayoría de ellas, aún las escritas desde la mejor vocación crítica, soslayaban la discusión sobre el argumento central de la nota. Se repetía, en buena parte de los casos, el siguiente patrón

  1. Considerar que el fin de la solicitada es exclusiva o principalmente el intento de pertrecharse de una armadura por parte de personas que no están comprometidas con la libertad de expresión (algo que puede ser cierto en unos casos y no en otros, como lo desarrollamos anteriormente, pero que en todo caso no alcanza para rechazar la carta in toto).
  2. Afirmar que esos personajes no sufren ninguna cancelación (pero la carta no dice que eso haya sucedido, sino que está redactada de un modo que deja claro que se habla en nombre de quienes han sufrido algún acto de censura o una represalia y para prevenir que esto siga sucediendo).
  3. Sostener que la vocación última del acto de habla es perpetuar a una élite liberal (pero muchos de los firmantes están lejos de ser liberales y mucho menos parte de una élite liberal).
  4. Afirmar la invalidez de la solicitada por algunos de sus suscriptores (obviando las diferencias de estos que son señalados con los otros, a los que se considera invariablemente “ingenuos” por haber acompañado un texto que fue suscrito por gente a la que se rechaza).
  5. Sostener que la “cancelación” por la que se preocupa la carta, la viven otros, en realidad, actores subalternizados y golpeados por el capitalismo, pero no los que escriben la nota, que en realidad se “victimizan” para autopromocionarse. En el mismo sentido, se afirma que hay una sobrevaloración de la idea de cancelación, que la misma es apenas el producto de la libre expresión de aquellos que piensan distinto.

Owen Jones, un interesante ensayista de izquierda cercano al Partido Laborista británico, fue uno de los que fustigó a la carta publicada por Harper’s, poniendo la lupa en el hecho de que la carta criticaba las acciones de cancelación. Desde su cuenta en las redes sociales, sostuvo que en realidad “ser cancelado” no implica ningún ataque a la libertad de expresión, ya que, en esencia consiste en que “figuras públicas son criticadas en Twitter por las cosas que han dicho”. Así, “con demasiada frecuencia, las personas parecen pensar que la libertad de expresión significa decir cosas sin ser desafiados por otros que también utilizan su propia libertad de expresión”. Así, para Jones, todo al alboroto en relación a la cultura de la cancelación sobre el que alerta la solicitada debería desestimarse. Para él, los problemas de la libertad de expresión están en otro lado, como por ejemplo la permanencia de elites privilegiadas, y aquellos individuos o colectivos que deciden “cancelar” a miembros de la elite, lejos de minar la libre opinión, la están ejerciendo y alimentando.

Acordamos en que la existencia de elites y privilegios son un escollo fundamental para la libre expresión. Sin embargo, desde nuestra óptica, hay algo que no cierra en el argumento de Jones ¿Cuál es el problema? Que muchas de las cancelaciones (por empezar las dirigidas a aquellos que firmaron la carta) no se fundamentan en lo que las personas “han dicho”, sino en su lugar de enunciación, en los privilegios reales o imaginarios de los que hablan. El fondo último de la afirmación sería el siguiente: “cuando se dice algo, se habla desde determinado lugar, por eso cuando un discurso viene desde la elite representa a los privilegiados y merece la repulsa que recibe, pero si viene desde los sectores subalternos el mismo es genuino y no debería cerrársele la puerta aun si se trata de un discurso cuyo único fin es que se deje de escuchar la voz de la elite”. La cuestión, pensamos, es que aquí se desestima por completo lo dicho y solo se considera el lugar de la enunciación. Lo que dice el subalternizado es libertad de expresión, lo que dice el privilegiado es cháchara cuyo único objeto es la perpetuación del privilegio. En el fondo parece no importar lo que dicen uno y otro.

Es probable que algunas —quizás muchas— de las figuras a las que solemos considerar parte de la elite (cultural, política, económica, étnica, de género) sientan que “no merecen” ser criticadas por nada y piensen que en estos tiempos se les ha quitado la armadura dentro de la cual solían sentían seguros. Puede que a aquellos que no nos sentimos parte de la elite nos cause un cierto regocijo el fin de ese blindaje. Pero entre el derecho a criticar (incluso de un modo contundente y corrosivo como dice la nota de Harper’s) y el cancelamiento del otro parece haber una distancia, más allá de lo que afirma Jones. Cualquiera de los que participa en las discusiones públicas sabe que se expone a las réplicas, el rechazo y (peor aún) el desinterés. El problema surge cuando estas respuestas son fruto no de eso que se ha dicho sino de la posición adjudicada.

Vamos ahora por otro lado. Una cosa es que los lectores decidan cerrar un libro o los escuchas girar el dial; otra distinta es, como propone la cultura de la cancelación, actuar para que ciertas personas no puedan expresarse en público o determinadas ideas no puedan siquiera ser enunciadas. Aquí, Jones presenta un segundo argumento que nos parece tan problemático como el primero: “los que en realidad cancelan son los dictadores fascistas: torturan, encarcelan y asesinan a personas por tener opiniones diferentes. Eso no es lo mismo que las personas que expresan apasionadamente el desacuerdo con las cosas que dicen las figuras públicas”. En la misma línea, Alexandria Ocasio Cortés, una política que está ayudando y muy bien a criticar por izquierda a la vieja élite liberal, afirmó que los verdaderos cancelados son grupos como los “anticapitalistas” o “los luchadores por la libertad de palestina”, dando a entender que quienes firman la carta no tienen de qué quejarse (y sin considerar que la carta de Harper’s también está firmada por muchos que siempre han luchado contra el capitalismo). El problema con estos argumentos es que se acercan a un agonismo mal entendido y parecen remedar el leitmotiv que reza “a los amigos, todo; al enemigo ni justicia”. Habría cancelaciones buenas y justificadas (las que nosotros impulsamos y decidimos llamar “voces apasionadas”) y otras tenebrosas y reprochables (las que practican aquellos con los que discordamos profundamente).

Cualquiera de los que participa en las discusiones públicas sabe que se expone a las réplicas, el rechazo y (peor aún) el desinterés. El problema surge cuando estas respuestas son fruto no de eso que se ha dicho sino de la posición adjudicada.

En el fondo, lo que nos dice Jones es una falacia. Su argumento se resume en que eso que se suele llamar “cancelación” es algo muy grave que hacen los fascistas y no deberíamos confundirlo con algo inocuo y hasta beneficioso que hacen los sectores democráticos, lo que traducido al lenguaje corriente podría parafrasearse así: si usted tiene un mueble de roble que usa para cenar en grandes ocasiones al que llama mesa, no debería usar el mismo nombre para artilugio de plástico que tiene en el jardín donde apoya el vaso de cerveza. Pero, además, la de Jones es una falacia aplicada a una lectura muy discutible de la carta de Harper´s. La solicitada no se refiere únicamente a lo que dice Jones (“la gente es discutida por sus ideas”, que es su primera premisa falsa), ni se limita a hablar de “linchamientos en redes”. Lo que se expresa en la misiva (lo dijimos más arriba) es otra cuestión: el rechazo por la censura real hecha por gobiernos de derecha radical y también la censura que es producto de la presión pública. Volvamos a pensar, entonces, el significado del verbo “cancelar”. Cancelar no es solo torturar o encarcelar (como los fascistas a los que se refiere Jones) sino también (y acá seguimos la solicitada) forzar renuncias, lograr que un libro no se publique, impedir que un conferenciante hable.

Aun reconociendo que varios de los movimientos sociales que participan de la cancel culture, y con cuyos objetivos centrales tendemos a coincidir, han colaborado en visibilizar problemáticas importantes y en hacer avanzar agendas valiosas, entendemos que esta forma de acción es problemática y que los avances y visibilizaciones que celebramos quizás podrían ser procurados por otros caminos, más consistentes con la libre expresión y el debate democrático. No obstante, algunos piensan que la cultura de la cancelación es parte del debate democrático y libre y que oponerse a ella es, en realidad, una propaganda. Así, Santiago Gerchunoff había alertado, ya antes de la publicación de esta solicitada específica, sobre la tendencia creciente a la “victimización”. Una tendencia que, plantea, permitiría a ciertos actores académicos, políticos y culturales “vender más libros” y “hacerse más famosos”. Una tendencia, sin embargo, que opera en todas las direcciones y en todo momento, porque si la victimización es problemática, lo es para todos (también para los grupos que alertan, con razón, ser verdaderas víctimas y apelan a la cultura de la cancelación). Pero, además, hay una cierta distancia entre sentirse víctima y ser censurado, imposibilitado de hablar. Y aquí no alcanza con decir “pero si a fulano no lo dejan hablar acá lo puede hacer allá, se puede editar su propio libro si quiere”, porque eso sería casi como repetir el discurso que sostiene que a los sectores subalternizados que hoy claman ser escuchados “nadie les dijo que no pueden hablar”. Es, nos parece, no colabora al debate democrático.

Se nos preguntará, con mucha razón, ¿dónde empieza y termina el debate democrático?, ¿cuál es la línea que separa a la libre expresión de la cultura de la cancelación que proponemos rechazar? Nuestra respuesta puede no ser del todo satisfactoria, pero es simple: mejor que se hable a que no; es preferible que hablen los seres más reprochables y que se digan incluso las cosas más inconvenientes antes de que reine el silencio. Por ejemplo, hace algunas semanas se produjo un clamor para que Sergio Moro no pudiera dictar una conferencia en la Universidad de Buenos Aires. Vemos en ese caso un ejemplo de lo que advierte la solicitada de Harper’s. En lugar de repudiar al personaje, manifestarse en contra de sus objetivos, debatir con él para confrontar con sus ideas, incluso intentar ponerlo en ridículo, muchos optaron por pedir “que no hable” y consiguieron su objetivo, porque las autoridades que habían organizado el encuentro decidieron retroceder y desinvitar al exministro de Justicia de Jaír Bolsonaro. Y aquí hubo y hay un problema que se sigue sin dimensionar. Porque una cosa es responder (incluso hasta con improperios) lo que alguien dice y otra distinta es impedir que alguien (aun si ese alguien nos produce un rechazo visceral) pueda hablar. La línea es delgada, pero es línea. Separa talantes.

Hubo, sin embargo, otras voces que también se manifestaron en contra de la carta. Nersine Malik, columnista del diario The Guardian, sostuvo:

La carta de Harper´s, comete el mismo delito que acusa a otros de cometer, cae en la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral cegadora. Para aquellos que no están acostumbrados a ser interrogados, todo esto se siente personal y confunden la falta de reverencia […] con un ataque a su derecho a la libertad de expresión. Temerosos de exponerse a una audiencia que recientemente ha encontrado su voz, han confundido las nuevas formas en que se les puede decir que están equivocados o son irrelevantes con el aullido de una turba. El mundo está cambiando. No es “cultura de la cancelación” señalar que, en muchos aspectos, la cultura no está cambiando lo suficientemente rápido.”

Malik nos dice que la carta confunde crítica de modos novedosos (“las nuevas formas en que se les puede decir que están equivocados o son irrelevantes”) con censura. Pero creemos que se equivoca. Primero porque, hasta donde sabemos, la burla y la ironía son formas bastante antiguas y lo mismo puede decirse de las manifestaciones colectivas de desagrado y repudio para plantear una disidencia. Segundo porque la solicitada no rechaza esas acciones (al contrario, las da por sentadas). Lo que sí dice la nota de Harper’s (y Malik y muchos otros críticos insisten en no tomar en cuenta) es que resulta preocupante la expansión de una “actitud censora”, de “intolerancia a los puntos de vista contrarios” que incluye “llamamientos a castigos rápidos y severos en respuesta a lo que se percibe como transgresiones del habla y el pensamiento”. Es esta idea la que nos importa y nos interpela porque entendemos que eso sobre lo que advierte la carta importa y mucho. Importa, sobre todo, porque valoramos pensar a la política como aquello que nos permite que, siendo diferentes, estemos juntos.

VALORES LIBERALES, METAS DEMOCRÁTICAS Y PROYECTO SOCIALISTA

Una esfera pública democrática debe incluir las expresiones “calientes” de la ciudadanía. Hay derecho a criticar razonadamente de modo individual, pero también a injuriar de modo colectivo; a presentar argumentos en contra de una posición, pero también a rechazar de plano sin argumentar. Puede que nos guste la idea de una conversación pública basada en razones, pero hay que reconocer que eso no sucede a menudo (y que probablemente no sucederá nunca en términos absolutos). En una esfera pública democrática tiene tanto valor la persona que habiendo leído a Hannah Arendt acuerda o desacuerda con sus ideas como aquella otra que decide no leerla y rechazarla por considerarla parte de “una elite blanca y eurocentrista”. En una esfera pública democrática están presentes voces que defienden la libre expresión y también aquellas otras que claman por limitarla. Pero una esfera pública democrática no es un símil del estado de naturaleza hobbeseano. Cuando hay una esfera pública democrática hay instituciones y su presencia no es baladí. Las instituciones —y aquí incluimos a los representantes políticos, culturales, académicos— tienen un rol de mediación crucial. Tienen que recibir las demandas (incluso aquellas no argumentadas, incluso aquellas que piden que no haya democracia) y procesarlas de un modo tal que la discusión pueda continuar. Así, ante el pedido de que “no hable este personaje nefasto”, a las instituciones democráticas que respetan los valores liberales les cabe el rol de asegurarse tanto de que esa persona pueda hablar como de que el rechazo de muchos por ella pueda ser oído con claridad.

La defensa de determinados “valores liberales” (como la libertad de expresión) no es la defensa del liberalismo in toto o una ideología “liberal progresista” (y mucho menos de una mirada progresista neoliberal). Pensamos que es posible defender valores liberales y ser consecuentemente antielitista, de izquierdas y anticapitalista. En parte porque esos “valores liberales” no fueron regalos de una elite, sino derechos que fueron arrancados por una tradición de lucha de la izquierda, por mujeres y hombres que veían en esos principios algo por lo que valía la pena esforzarse, algo que solo podía convertirse en práctica efectiva si se iba más allá (no más acá) del liberalismo.

Tienen razón varios de los críticos con la carta de Harper´s al advertir sobre las posibles intenciones de algunos firmantes con un historial “controvertido”, por decirlo con elegancia. Porque la libertad de expresión se puede reducir no solo a través de la censura directa, sino también ocultando o dejando de prestar atención a los monopolios mediáticos, a las desigualdades producidas en el capitalismo o a la negación de identidades históricamente subalternizadas. La izquierda está, justamente, para luchar contra estos cercenamientos que ciertos liberalismos políticos se niegan a poner en primer plano. Pero al hacer esto, la izquierda no está en contra del valor liberal de la libertad de expresión, sino, al contrario, sosteniéndolo y empujándolo hacia adelante.

Pensamos que es posible defender valores liberales y ser consecuentemente antielitista, de izquierdas y anticapitalista. En parte porque esos “valores liberales” no fueron regalos de una elite, sino derechos que fueron arrancados por una tradición de lucha de la izquierda, por mujeres y hombres que veían en esos principios algo por lo que valía la pena esforzarse, algo que solo podía convertirse en práctica efectiva si se iba más allá (no más acá) del liberalismo.

El filósofo político Gerald (Jerry) Cohen sostenía que la tarea de la izquierda era, justamente, ampliar los márgenes de libertad que, en cierto modo, la política liberal enunciaba pero no realizaba. Por eso asentaba su socialismo en valores provenientes del liberalismo (y así creía que, parcialmente al menos, lo había hecho el propio Marx).

«Una cosa es decir que los socialistas plantean determinada crítica de la sociedad capitalista que los liberales ignoran (…) y otra bastante distinta es decir que una crítica marxista no pueda hacerse sobre la base de valores liberales», afirmaba Cohen.

Una sociedad que se adueña de los valores liberales no implica, en absoluto, renunciar a los proyectos izquierdistas, ni que las personas deban “ser liberales” o que deban “liberalizarse” los grupos que luchan por su identidad. Se trata más bien de pensar en una comunidad democrática e inclusiva que permita que cada cual manifieste sus posiciones y desacuerdos (incluso con discursos que desagradables para cualquier liberal o demócrata). En una comunidad cívica toleramos discursos políticos, culturales y religiosos reñidos con el liberalismo y la democracia, pero apelamos a que las mediaciones puedan mantener el diálogo en pie.

Creemos que los valores liberales no pueden cumplir sus promesas sino apelando a otras tradiciones. Decir esto no es un llamado a tirar por la borda a los valores liberales, sino a recuperarlos, a ponerlos en valor, a practicarlos. Y para ello la estrategia del pie en la puerta (primero aceptemos el valor genérico de la cosa, después avanzamos para hacer de ello algo concreto) sirve. Aquí no estamos hablando de moral, sino de política. Como muestran acertadamente Christian Parenti y James Davis, para la izquierda resulta central no aceptar la invitación a renunciar a los valores liberales y modernos en donde hace pie.

Al referirse a los estudiantes y profesores progresistas que piden a quienes dirigen las universidades que no permitan que oradores reaccionarios como Milo Yiannopoulos o Charles Murray diserten en ellas, Parenti y Davis sostienen:

Los estudiantes y la facultad tienen razones correctas para desafiar a los oradores reaccionarios. Pero nunca deberían pedir censura […] La censura utilizada contra nuestros enemigos pronto se utilizará contra nosotros. La izquierda nunca ganará la batalla de ideas tratando de suprimir los argumentos de sus opositores. La única forma de ganar es mediante un esfuerzo concertado a largo plazo para defender, educar y organizar a la derecha. […] La forma estratégica de enmarcar la oposición de izquierda a los oradores ofensivos de derecha es con más discurso. Utilizar la libertad de expresión para ahogarlos y, lo que es más importante, exponerlos. Contra un discurso se lucha con discurso. La derecha está en el proceso de llevar a cabo una buena jugada: atraer a la izquierda a abrazar la censura y robarle uno de sus grandes rasgos culturales, el estandarte “libertad de expresión”. No podemos permitir eso.

Es difícil convivir con discursos que no nos gustan (muchas veces los propios, incluso los de nosotros mismos). Más difícil aún es asumir que debemos discutir el corazón de sus argumentos, aún sabiendo que la conversación pública no es ni argumental ni moderada, sino humanamente pasional. La convivencia democrática (y el proyecto de la izquierda) se tratan precisamente de eso.

Sergio Morresi y Mariano Schuster

Sergio Morresi y Mariano Schuster

Sergio Morresi es doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo, investigador del Conicet y profesor en la Universidad Nacional del Litoral. Mariano Schuster es periodista y analista político. Es editor en Nueva Sociedad y La Vanguardia.

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