Pensar el Estado social del futuro

No alcanza con volver a la “normalidad”, tampoco es suficiente una distribución más igualitaria de los recursos. Quizá la pandemia nos dejó un escenario propicio para imaginar cambios profundos. ¿Cuál es el rol de las instituciones en el impulso de una construcción alternativa?

El mundo, y particularmente nuestro país, se encuentra transitando una crisis que posee dimensiones múltiples, fundamentalmente económicas, políticas, culturales, sociales e incluso sexo-afectivas. El resquebrajamiento del orden socioeconómico ya es evidente, y lo que se encuentra en disputa es la reestructuración de las instituciones que operan en estas dimensiones.

¡QUE EL ÁRBOL NO NOS TAPE EL BOSQUE!

La crisis es previa al COVID,  responde a determinantes tanto estructurales como de la coyuntura y, si las instituciones no se transforman, también será posterior. El Estado es la institución estrella, aquella que todo proyecto político anhela gobernar. El mismo, posee una centralización de recursos y redes de organización que lo destacan como el lugar de transformación por excelencia. Pero también puede volverse un espacio ciego ante las injusticias, puede ser un lugar oscuro, cómplice de la opresión padecida por las grandes mayorías populares.

La situación permanente de inequidad a la que nuestras sociedades latinoamericanas están sometidas no debería seguir funcionando como una constante. El acostumbramiento al eterno sufrir de las injusticias que ocupan nuestros territorios sólo se combate con reflexión, análisis, nuevos idearios, organización comunitaria y movilización. Podemos simplificar esto último con el «estudiar, organizar y difundir» que predicaba Guillermo Estévez Boero.

El abordaje de las situaciones problemáticas que se nos presentan debe ser integral, y para eso es necesario ir al «fondo» de la cuestión. Por su puesto que este artículo no impone recetas ni espera milagros, por el contrario, busca generar preguntas que contribuyan al proceso de pensamiento común. Y esto no es menor, ya que el acto de reflexionar es el único camino para el despertar de nuevos imaginarios colectivos…

El Estado es la institución estrella, aquella que todo proyecto político anhela gobernar. El mismo, posee una centralización de recursos y redes de organización que lo destacan como el lugar de transformación por excelencia. Pero también puede volverse un espacio ciego ante las injusticias.

¿Quién generó la crisis y quién debe pagar su costo? ¿Por qué un país con una producción primaria que satisface a cientos de millones hoy está sufriendo la tercer gran crisis alimentaria de su historia democrática? ¿Quiénes son los culpables del desfinanciamiento de la estructura sanitaria? ¿Es hora de pensar en derechos territorializados, que no se limiten a las libertades negativas del individuo, sino que recaigan sobre el sujeto-ciudadano, sobre la organización popular y sobre los movimientos sociales?

Cuando hablo de soluciones integrales me refiero a sistemas de políticas públicas que respondan a la demanda alimentaria, social, energética, a la cuestión de género, al tratamiento de la salud mental, y al factor económico. Todos estos conceptos sueltos se plasman en la praxis por medio de la política entendida desde el consenso y la articulación con los actores sociales.

Hay una única receta que me atrevo a sugerirle a quienes ocupan posiciones de responsabilidad política: mucho mate, botas para el barro, orejas paradas, manos limpias y uñas cortas.

«¡¡¡YA QUIERO QUE TODO VUELVA A LA NORMALIDAD!!!»

¿Cuántas veces escuchamos esta frase durante la cuarentena? La normalidad constituye el estado de encadenamiento perpetuo al que se encuentra sometido el grueso de nuestro pueblo. La crisis como naturalización de una rutina que oprime da cuenta de la debilidad estructural del Estado, por eso necesitamos una reforma profunda. Cuando la crisis se torna normalidad antes que excepción, decido optar por la consolidación de un renacido paradigma: el Estado social.

El punto en el que coincide el amplio campo popular consiste en el incremento del rol interventor del Estado. La cuestión aquí consiste en discernir acerca de las distintas formas en la que el Estado puede desarrollar sus funciones. Si creemos que la historia es el motor del pensamiento y accionar de los hombres, sería interesante recordar aquellos tiempos «dorados» de crecimiento económico y distribución (relativa), para no cometer los mismos errores y para posicionar nuestras instituciones a modo de trincheras, de manera que no pueda existir un volver atrás.

Luego de varios meses de incertidumbre, las verdades no abundan. Pero, si algo nos demostró con seguridad la pandemia, es que si no estamos organizados, nos llevan puesto.

La acción colectiva organizada ha funcionado como colchón que atenúa el impacto de la crisis socio-alimentaria durante la pandemia. Me atrevo a decir que necesitamos un Estado social que construya poder a partir de: la articulación con los movimientos y organizaciones comunitarias, la apertura participativa en el desarrollo de las políticas sociales y la centralidad del saber popular y científico.

Aquí vengo a discutir el modelo weberiano asumido por el Estado de Bienestar, donde la estructura jerárquica y estática de la cosa pública deposita derechos y conocimientos sobre quienes se sitúan por debajo de la pirámide de poder. El Estado social promete ser permeable: asumiendo su «no saber» para construir conocimientos nuevos impulsados desde la horizontalidad; definiendo y actuando sobre las problemáticas que la comunidad identifique como prioritarias; y otorgando un amplio nivel de participación institucionalizada que legitime los procesos de (co)elaboración, (co)implementación y (co)evaluación de las políticas públicas.

Es necesario avanzar en la consolidación de un Estado ético que no se separe de la comunidad, sino que se constituya en un único cuerpo con la misma.

Es necesario avanzar en la consolidación de un Estado ético que no se separe de la comunidad, sino que se constituya en un único cuerpo con la misma. Las decisiones totalizantes, la política de las dádivas en favor de intereses partidarios y los mecanismos no institucionalizados para la distribución de recursos en favor de la casta política de turno, deben ser desterrados del espacio público. El Estado social nos depara el augurio de una sociedad con poder de decisión, y el fin de un Estado basado en mecanismos de pedagogía bancaria (como podría definir Paulo Freire), que toma decisiones desde lo alto de su pedestal mientras las bases de la sociedad acatan sin poder de réplica.

Las acciones se deben amparar en la direccionalidad otorgada por el nuevo Estado, pero la viabilidad de las mismas radica en el fortalecimiento institucional de los vínculos entre las organizaciones. Esto implica la resolución del conflicto por la vía del diálogo, condice también con la construcción del poder estatal en base al consenso antes que la represión. Para esto también es necesario un nuevo entramado herramientas institucionales que respondan a las demandas actuales:

  • Un Consejo Económico y Social a la cabeza, que incluya a todos los sectores con una representación equitativa (entidades de la economía popular, social y solidaria, ambientalistas, ONGs, movimientos sociales, empresas, distintos niveles del Estado, organizaciones feministas, sindicatos, entre otros) con el objeto de generar estrategias sostenibles de abordaje de la crisis, y políticas de Estado como garantía de estabilidad en el largo plazo, que trasciendan a los gobiernos de turno y actúen en el plano de lo macro;
  • Consejos Barriales. La postura del Estado debe ser permeable al conocimiento que surja desde el ámbito popular, son los actores sociales quienes conocen sus necesidades, potencialidades, límites y particularidades de sus territorios. Las características específicas definen a cada comunidad local y diferencian a los Consejos Barriales los unos de los otros. Es quizá el elemento infraestructural más importante, ya que compone los capilares más pequeños de la gran red de actores y políticas que se establece a nivel macro. Es aquí, en el terreno municipalista más cercano a la ciudadanía, donde se entra en contacto con la crudeza del panorama de crisis, y es aquí donde el saber popular se debe articular con el sustento científico para establecer soluciones concretas.
  • Comités Mixtos de Salud y Seguridad. En la relación capital-trabajo no sólo existe una puja distributiva en cuanto a lo económico, sino que se da una tensión de poder. Garantizar la participación de las y los trabajadores en la determinación de las condiciones de prevención, salud y seguridad implica inclinar la balanza en su favor. De más está decir que la salud es el tema que estará en boca de todos, al menos por un tiempo.
  • Institucionalización del cuidado. Este es el punto de encuentro entre deminismo y economía popular, social y solidaria, ya que ambos coinciden en la invisibilización de las tareas de cuidado y los servicios que son otorgados a la sociedad. Las tareas de cuidado hoy se materializan en dobles o triples jornadas de trabajo que recaen sobre el cuerpo de las y los que cuidan, a cambio de una remuneración paupérrima (que no siempre se percibe).

Hago un paréntesis. La provincia de Santa Fe es un ejemplo a seguir en la materia. En la última década se desarrollaron herramientas como el Consejo Económico y Social, los Comité Mixtos, los Consejos Barriales, e incluso otras instancias de democracia directa como el Presupuesto Participativo. El desafío está en aumentar el impacto de las mismas, llegar a cada organización popular, dotar de poder de decisión más que de asesoría, dotar de mayores recursos, profundizar la participación ciudadana y, fundamentalmente, romper los muros provinciales para que el Estado social trascienda los límites regionales.

Ahora sí, seguimos. El Estado social contempla al cuidado como un eje prioritario en la garantía de derechos a la ciudadanía, de manera que la estructura de cobertura de derechos desarrollada por el antiguo (para algunos moderno) Estado de Bienestar resulte ampliada. Reconocer al cuidado como algo necesario, implica confrontar con la perspectiva tradicional que acepta la existencia de un porcentaje de población de descarte. Esta discusión que pone en jaque al sujeto marginado del sistema, implica reconocer la existencia de amplios colectivos que requieren del cuidado desde mucho antes de esta coyuntura crítica. Por eso, el cuidado debe ser institucionalizado y permanecer en nuestra estructura de derechos.

Ahora bien, acabamos de incorporar a la discusión a dos sujetos que suelen estar invisibilizados: 1) el que percibe el cuidado, quien debe tener la garantía de la asistencia; y 2) el que otorga el servicio (mejor dicho, el derecho) social.

Quienes se encargan de las tareas de cuidado son fundamentalmente las mujeres, no sólo al interior de la institución de la familia, sino también mediante la asistencia a la discapacidad, a la tercera edad y a los colectivos marginados. Bajo este último concepto enmarco a quienes necesitan de una olla popular, de un merendero o de un comedor para (sobre)vivir. También incluyo a los centros comunitarios, que por medio de acciones socioculturales alimentan el deseo de recreación propio del ser humano, y permiten el desarrollo de la reproducción ampliada de la vida y la cultura popular. La existencia de estas organizaciones de cuidado es un hecho, y son en su mayoría mujeres las que se ponen al hombro la producción de alimentos para llenar el vacío de la panza, y la producción de lazos de contención para llenar el vacío del alma.

El Estado social debe impulsar propuestas en torno a innovaciones colectivas de carácter cultural, que permitan fortalecer la identidad ciudadana.

El cuidado invisibilizado parece ser una extensión y resabio del antiguo sistema esclavista, desplegado sobre la sociedad moderna. Por un lado tenemos un sistema que depende de las tareas de cuidado para funcionar, y por otro lado existe un sector que no puede librarse de prestar el servicio y las tareas requeridas. También se observa un valor económico que resulta la mayoría de las veces nulo, donde se cristaliza la existencia de una plusvalía absoluta que impera sobre quienes desarrollan estas actividades. Es el sistema quien absorbe esta plusvalía necesaria para sostener su funcionamiento, por lo tanto debe ser el Estado quien reconozca e institucionalice el valor social, y se haga cargo del valor económico del cuidado.

En cuanto al componente sanitario, no es el objetivo de este escrito ahondar al respecto, pero me parece interesante subrayar algunas puntas de lanza para enriquecer los debates posteriores. Por un lado, el desfinanciamiento de la estructura sanitaria (infraestructura, territorialidad, insumos y trabajadores) ha sido el principal causal de muertes por contagio, de manera que los sistemas de salud en el mundo se han encontrado colapsados. Por otro lado, se evidencia el fracaso de la acción gubernamental a contrarreloj, donde se interviene sobre la enfermedad en crecimiento, antes que sobre la salud. Esto último constituye una lógica de acción de los sistemas de salud nacionales, cuya contraparte sería destinar una mayor partida de recursos a la prevención de las afecciones antes que a la cura. Es momento de poner el ojo en sistemas distintos como propone la medicina comunitaria cubana, o el sistema territorializado de atención primaria rosarino.

Permítanme dar un salto a la cultura. La misma, vista desde una perspectiva política y colectiva, constituye un escenario propicio para el desarrollo de nuevos esquemas de valores. Creo que el Estado social debe impulsar propuestas en torno a innovaciones colectivas de carácter cultural, que permitan fortalecer la identidad ciudadana. La cultura como parte del sistema capitalista encuentra su fundamento en la reproducción de una perspectiva hegemónica, pero la misma es dinámica y sufre una disputa constante. Es ahí donde intervienen los esfuerzos en la  construcción de una nueva identidad ciudadana. El fracaso de gran parte de las revoluciones se condice con la imposibilidad de asentar las bases culturales y educativas para la «construcción del hombre (yo agrego, la mujer) nuevo», parafraseando al Che.

El desafío es construir un Estado social que se corra del eje del capital y otorgue centralidad al trabajo. La actualidad demuestra el supuesto socialista que concibe a la fuerza de trabajo como motor de la sociedad y de la historia. Si el trabajo se frena, como sucedió con el aislamiento social obligatorio, también lo hace el capital. Si el capital se frena, amplios sectores sociales sostienen tareas de trabajo, con una lógica que excede al capital (me refiero al accionar de las cooperativas, huertas comunitarias, asociaciones de la economía solidaria, mutuales, movimientos sociales). Aquí entra en juego el fortalecimiento de la economía popular, social y solidaria, presentando el amplio desafío que consiste en hacer trascender estas experiencias del nivel micro, al nivel de lo macro.

EL ESTADO SOCIAL DEBE VOLVERSE TAMBIÉN UN ESTADO VIRTUAL

Sin entrar en la hipocresía de la tecnología del futuro con robots y autos voladores, cuando aún hay problemas prehistóricos que no encuentran solución (como es el tema alimentario), creo que resulta fundamental adaptarse a las condiciones que se nos presentan. Casi siempre el Estado corre detrás de la agenda marcada por el mercado, y esta no es la excepción. En un mundo donde la tecnología avanza, las plataformas virtuales son espacios propicios para la precarización laboral del pueblo. Es aquí donde el Estado también debe responder e intervenir en un área que resulta jabonosa, resbalosa, por el instinto que tenemos de aferrarnos a los medios tradicionales que sostienen la dinámica del sistema.

¿Por qué no pensar en plataformas populares que democraticen la virtualidad? ¿Por qué no pensar redes virtuales de trueque e intercambio de insumos y conocimientos para las organizaciones y la economía del tercer sector? ¿Por qué no pensar en mercados sociales, ferias y cooperativas de consumo destinadas a revalorizar la soberanía alimentaria y productiva? ¿Por qué no pensar en iniciativas de redes de ciudadanía interesada en procesos de innovación colectiva, de manera que puedan encontrarse virtualmente, publicar sus ideas desde la apertura de datos, generar nuevos vínculos, e incluso encontrar financiamiento para el desarrollo de proyectos con fines sociales? ¿Por qué no generar una Big Data de acceso público, corrompiendo el extractivismo informativo producido por los grandes monopolios de la internet? ¿Por qué no dejar la logística de la virtualidad en manos de cooperativas de innovación?…

Si el capital se frena, amplios sectores sociales sostienen tareas de trabajo, con una lógica que excede al capital (me refiero al accionar de las cooperativas, huertas comunitarias, asociaciones de la economía solidaria, mutuales, movimientos sociales).

La cuarentena nos ha permitido utopizar nuevos imaginarios realizables y viables que contemplan los viejos principios que históricamente han identificado a la izquierda democrática, adaptados a las necesidades contemporáneas.

Sin embargo, un artículo no es suficiente para expresar el porqué de la necesidad de construir las bases de un nuevo sistema. Tampoco alcanza para enumerar las características del programa político que debe formular el Estado social. Creo que este escrito es un esbozo más, que espero pueda dialogar con producciones del saber académico y popular, para la reflexión y puesta en práctica de las acciones necesarias para la construcción de un Estado social donde quepan todos los mundos.

Gino Svegliati

Gino Svegliati

Estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencia Política (UNR). Integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular y Solidaria (UNR). Militante de la Juventud Socialista de Rosario (PS).

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