Los de afuera son de palo

La pandemia pone en jaque a la sociedad y, sobre todo, a sus instituciones. Problemas seculares se hacen visibles de forma intempestiva y violenta. Las cárceles, los presos y el estado de derecho en el foco de la tormenta.

Crisis en los penales de la República. La pandemia se puso a interpelar todas las instituciones de eso que se dio en llamar la modernidad, las que estudió el célebre Michel Foucault. La escuela, el hospital, la fábrica y la prisión. En un breve repaso, la escuela se volvió aún más asistencial repartiendo bolsones de comida y la pedagogía sobrevive como puede con los recursos virtuales, de acuerdo al dominio relativo de los mismos en los sectores más vulnerables de la población. Las fábricas cerradas, con una crisis que no sólo es del país sino del mundo: 30 millones de norteamericanos pidieron el subsidio de desempleo. La institución hospitalaria, en la primera línea de batalla frente al enemigo invisible, haciendo lo que se puede con lo que se tiene. Y la prisión, desde luego. La institución que cobró toda su notoriedad cuando tuvo lugar el motín en Villa Devoto.

El Código Penal es tal vez la cara menos simpática de lo que se dio en llamar el contrato social. Se establecen las normas, se tipifican los delitos dignos de sanción, se define la privación de la libertad en caso de corresponder y el volumen de la pena. Pero el peligro sanitario hace temblar las leyes y los campos interpretativos de la normalidad republicana, pese a lo cual el poder legislativo tarda en retomar su actividad. Las leyes y las normas de organización social también son interpeladas porque las cruza la perpendicular urticante del derecho a la vida y a la salud, lo que pone en juego la pandemia.

La vida de los detenidos es respetada, pero una claúsula implícita en el acuerdo social, la letra chica que nadie lee, parece decir que las cárceles deben ser un purgatorio. Un lugar de sufrimiento y expiación de culpa más que de reinserción social.

Y se larga la discusión, y para todo hay una grieta en este país. De un lado, Eugenio Zaffaroni y del otro Felicitas Beccar Varela, por nombrar las personas que atraen tal vez la mayor notoriedad. Garantismo versus un discurso de la conservación del orden constituido, que aquí no ha pasado nada y el coronavirus es una excusa. También hay otros protagonistas. De un lado, Sergio Berni, del otro la Ministra de Seguridad nacional Sabina Frederic, encarnando una discrepancia que no es la primera. Una especie de Restaurador de las Leyes en Provincia y una antropóloga un poco más abierta a otras inquietudes sociales y por eso considerada más flexible. Mano dura y mano blanda. Dos extremos podría decirse. «Todos los presos son malos», de un lado, y «todos los presos son seres humanos», del otro, en el debate que también se corporiza en los medios de comunicación. La sensación es que un extremo espera la situación del detenido liberado que vuelva inmediatamente a delinquir y el otro anticipa el desarrollo feroz de la peste en el ámbito carcelario, donde desde hace años no se cumplen los objetivos declamados de respeto a los derechos humanos de los detenidos y el objetivo de su resocialización. Lo importante no es quién tiene la razón, sino brindar una respuesta en una situación sanitaria que urge. En encontrar el punto de equilibrio entre el derecho penal y el derecho a la vida y la salubridad, individual y colectiva, está el desafío.

Pero ahí estamos. La pandemia nos agarra con lo que tenemos. Con el Estado que tenemos, con la economía caminando por la cornisa del default y la pobreza extendiéndose. Con los hospitales que tenemos, y las escuelas. Con las cárceles, esos territorios a los que nadie les prestó la menor atención, como una especie de agujeros negros (en el espacio exterior a la sociedad). Nos agarra la pandemia con los respiradores y las tobilleras electrónicas que hay.

Desde hace añares, el acuerdo democrático es que se respeta la vida, no habilitando la pena de muerte. La pena capital, tácita o expresamente avalada en nuestro país, siempre estuvo asociada a procesos de dictadura: los fusilamientos de los anarquistas en la dictadura de Uriburu en 1931; los de 1956 durante la presidencia de Aramburu; los de 1972 en Trelew y las terriblemente extendidas desapariciones forzadas de personas durante la última dictadura militar de 1976. Nos hemos puesto de acuerdo en que la vida vale, y tanto más se exterioriza en la postura actual del gobierno de cuidar la salud relegando a la economía, una dicotomía incómoda e incluso negada por las autoridades, que también se ocupan de aclarar que se ocupan de brindar ayudas monetarias a los sectores perjudicados por la cuarentena. También, se respeta la vida de los que cometen delitos. El ex Presidente Carlos Menem reclamó la pena de muerte para Seineldín en 1990, jefe del último alzamiento carapintada, pero no tuvo eco, menos mal.

La vida de los detenidos es respetada, pero una claúsula implícita en el acuerdo social, la letra chica que nadie lee, parece decir que las cárceles deben ser un purgatorio. Un lugar de sufrimiento y expiación de culpa más que de reinserción social. Y es éste pensamiento, esta letra chica del sentido común colectivo el que entra en cuestión porque el purgatorio es peligroso para la salud del detenido, desde ya. No ahora, desde mucho antes. Pero en este momento la amenaza toma otra encarnadura. Y ahí estalla por el aire, se torna visible en toda su dimensión, entra luz al purgatorio porque los presos rompieron el techo y se hacen ver. Unos proponen: está bien, que se construyan más cárceles, de esa manera no habría más hacinamiento. Pocos reclaman que haya más justicia, en sentido del valor en sí y también en recursos para ese poder del Estado, que le permita tramitar con una mayor velocidad las causas, porque muchos detenidos lo son sin sentencia firme. Que se hagan más cárceles, insisten. Los buenos contra los malos. O, mejor, recreando la canción Qué ves de Divididos: ¿Qué ves cuando me ves? Una pregunta que los que rompieron el techo de la cárcel le hacen a la sociedad entera.

Y el fantasma que recorre el país de que los van a liberar a todos, corporizándose el peligro en la sociedad. Ellos van a estar libres y vos en cuarentena. Una inversión radical de nuestra cotidianeidad: los que deben estar en cuarentena son ellos. Se dio vuelta el mundo, maldito coronavirus, las certezas naufragaron tanto que pareciera que el mundo anterior a la peste se hundió como la Atlántida en algún lugar misterioso.

Mientras los medios de comunicación cacarean, los jueces reciben la dura interpelación de una pandemia y de los olvidados que treparon y quemaron los techos.

¿Y cómo se arregla ahora esto? Reuniones acá y allá. Tweets aclarando, desmintiendo el éxodo masivo. Cacerolazos y reclamos. ¿Cómo lograr que todo se resuelva “en su medida y armoniosamente”, como diría Perón? Vaya uno a saber. Lo que es claro es que los extremos no contribuyen a dar respuestas. Es un problema de la Justicia, dijo el Presidente Alberto Fernández, y no mintió. No soy amigo de los indultos, aclaró y pateó la pelota a la tribuna. Y es que cobra plena vigencia ese axioma que dice que la generalización no contribuye a nada. Hay infinitos grises. Detenidos a poco de cumplir su condena, en condiciones de pedir la libertad condicional, con situación de salud que los incluye en los grupos de riesgo frente a la pandemia. Para salir de la entente, no se puede probablemente aplicar una norma general.

El juez y los órganos actuantes son los que cuentan con más información que los opinólogos (el que esto escribe, uno más) desconocemos totalmente para tomar las decisiones más acordes considerando la situación. Caso por caso. Situación por situación. Mientras los medios de comunicación cacarean, los jueces reciben la dura interpelación de una pandemia y de los olvidados que treparon y quemaron los techos. Y son seres humanos intentando aplicar justicia. Y pueden fallar, como recordaba el mentalista Tu Sam. Pero, si en Argentina durante un mundial de fútbol todos somos directores técnicos e incluso en una pandemia todos les discutimos a los infectólogos, en las causas en que se debe decidir cuestiones delicadas como la libertad o la privación de la misma de una persona, debe respetarse y dejarse actuar a la Justicia. Con el Código Penal en una mano, las Convenciones de Derechos Humanos en la otra, y la información de cada situación particular que se hace carne en el expediente y la situación vital del detenido. Como dice el dicho popular, zapatero a tus zapatos. Y los de afuera son de palo.

Sebastián Giménez

Sebastián Giménez

Escritor y trabajador social. Escribió tres libros y ha publicado artículos en distintas revistas como Marfil, Zoom, El Sur, El Estadista y El Economista.

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