Inocencia interrumpida

Las niñas que han sido víctimas de violaciones y han quedado embarazadas sufren, a la vez, el abuso y la indiferencia por parte de los poderes públicos y los médicos responsables. La objeción de consciencia y las instituciones religiones sirven de coartada para un sistema basado en la desigualdad, la violencia y la discriminación.  

El caso de “Lucía” la niña tucumana violada de 11 años dejó a la vista cómo en muchas provincias todavía no se implementan a tiempo el protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), incluso cuando está contemplado en el Código Penal desde 1921, la acción u omisión de la Justicia y de grupos religiosos, sobre todo en las provincias del NOA y NEA, deja a la vista el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas que son obligadas a maternar.

En el país, cada 3 horas hay un nacimiento/parto de niñas menores de 15 años: 2493 nacimientos según los últimos registros oficiales. La mayoría son consecuencia de situaciones de abuso y coerción, produciéndose embarazos infantiles forzados. El embarazo a edad temprana trae aparejados riesgos a la salud de niñas y adolescentes, altas tasas de retraso y/o abandono escolar, afectando negativamente sus trayectorias de vida.

La situación de Lucía tuvo repercusión en todo el mundo, medios como The New York Times, The Guardian o El País de España se hicieron eco de la noticia. La vulneración de sus derechos fueron tales que incluso el Padre Carlos Sánchez, arzobispo de Tucumán, envió un audio que se viralizó dirigido a creyentes en el que reveló el nombre de la niña, celebrando el hecho de que se salvaron “las dos vidas”. Hasta ese momento se había utilizado, para preservar a la menor, el nombre “Lucía” y por este hecho recibió diversas críticas.

En una provincia que abiertamente se declaró “provida”, como fue Tucumán, y cuyos representantes en el Senado de la Nación, como la legisladora Silvia Elías de Pérez, fueron algunos de los principales referentes en contra de que salga la ley discutida el pasado 8 de agosto de 2018, la idea de contención a una niña vejada se redujo a dilatar los procedimientos quirúrgicos correspondientes e incluso contemplados por la ley, negando un derecho.

“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, rogó la niña que había ingresado al Hospital ya con autolesiones y un intento de suicidio. Casi implorando, a pesar de que los médicos, todos objetores de conciencia, romantizaron su estado. Según los relatos de la familia: “le mostraban las ecografías, les tocaban la panza y en todas esas ocasiones Lucía manifestó su voluntad de terminar con esta tortura”. La nena ocho veces pidió por una solución a su calvario, sin embargo nadie la escuchó.

Se convocó a tres profesionales externos, nadie en el sistema público de Salud quería hacerlo, ni el anestesista, ni la instrumentadora quisieron participar.

En el país, cada 3 horas hay un nacimiento/parto de niñas menores de 15 años: 2493 nacimientos según los últimos registros oficiales. La mayoría son consecuencia de situaciones de abuso y coerción, produciéndose embarazos infantiles forzados.

“Nos llamó el doctor (Gustavo) Vigliocco (Secretario de Salud de la provincia), y junto al doctor José Gijena nos presentamos en el Hospital del Este”, relató Cecilia Ousset, una de las médicas que participó de la cesárea. Cuando entró en la habitación, contó después, la nena no se soltaba de la mano de la madre y jugaba con unos muñecos. “Se me aflojaron las piernas cuando la vi”, admitió.

Pidió ir al baño, pero lo hizo con su mamá. En ningún momento permitió que le quitaran la ropa interior, ni siquiera cuando ya estuvo anestesiada dentro del quirófano. “Tuvieron que dormirla para hacerlo”, detalló. “No tenía el cuerpo desarrollado como nos habían dicho”, sostuvo Ousset. Por eso cuando a punto de realizarle la intervención se declararon objetores de conciencia “el anestesista, el instrumentador, la enfermera, todos los que estaban allí”, supo que ya no había marcha atrás. “Le habíamos dicho que la íbamos a ayudar con su problema”.

“La nena llegó al hospital con dos intentos de suicidio”, reveló la profesional, y también cuestionó la falta de asistencia psicológica que había recibido a partir de que los abusos salieran a la luz. Además tenía preclamsia, por lo que de ninguna manera hubiera llegado al noveno mes de embarazo. “Ayer le salvamos la vida”, aseguró.

El recién nacido está en una incubadora y no se sabe si podrá sobrevivir. “A las 26 semanas tiene un 50 por ciento de probabilidad de vida”, señaló la doctora. La paciente, por su parte, se encuentra en “buen estado general” y Ousset indicó que enviaron “placenta y cordón para que saquen las muestras de ADN”. “Queremos defender los derechos de esta nena, que ya fue vulnerada varias veces”.

La médica manifestó que al salir del quirófano los esperaba un fiscal del Ministerio Público para pedirles los datos. “Estoy agotada física y emocionalmente”, dijo, pero después remarcó: “Hicimos lo que teníamos que hacer. Soy objetora pero no obstacularizadora”.

La organización Amnistía Internacional resaltó que no es el primer caso sino que en este año hubo dos con similares características en las provincias de Jujuy y en Chaco. El resultado siempre es el mismo: niñas pobres, vejadas y con sus derechos vulnerados. Por lo que desde diversas organizaciones feministas reclaman y denuncian que se lleva adelante, como en estos tres casos, la consolidación de una práctica que ignora incluso la ley y se ampara en la objeción de conciencia y en la presión que ejerce la Iglesia Católica, sobre todo en el interior del país.

JUJUY

En el mes de enero, en la provincia de Jujuy se vivió una historia similar: Una nena de 12 años, que había sido violada por un vecino de 60 años, solicitó una ILE. Sin embargo, la dirección del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” decidió someterla a una cesárea a pesar de los pedidos de la familia, basándose en que al estar en la semana 23 de gestación sería lo menos peligroso.

La víctima había llegado en una primera instancia a un centro de salud de la localidad de San Pedro (la segunda ciudad más importante de la provincia), en donde vive, por fuertes dolores estomacales. Allí los profesionales constataron que estaba embarazada. De manera inmediata, junto a su familia pidió que le practicaran un aborto no punible, previsto en casos de abuso sexual por el Código Penal y respaldado por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la casa de la nena el tema del embarazo fue algo recurrente, presente. Su hermana mayor, Candela, fue madre a los 13 años, Jujuy es una de las provincias. Casi como una condena, ella también vio su inocencia interrumpida.

Sin embargo, el caso de Candela fue diferente. Su hijo fue producto de un noviazgo con un chico del barrio. Su caso se asemeja al de tantas otras adolescentes de la provincia del norte argentino que son madres a una edad muy temprana. Si bien las últimas estadísticas provinciales registran una baja en el porcentaje de embarazo adolescente, Jujuy se ubica 3 puntos por encima de la media nacional, cifras similares manejan las provincias de Salta y Tucumán.

El resultado siempre es el mismo: niñas pobres, vejadas y con sus derechos vulnerados. Por lo que desde diversas organizaciones feministas denuncian la consolidación de una práctica que ignora la ley y se ampara en la objeción de conciencia.

A pesar de los reiterados pedidos de la familia y de organizaciones de derechos humanos y feministas, el bebé producto de esa gestación murió horas después. El estigma y el señalamiento de los vecinos caminan junto a esa niña por las calles de la ciudad de San Pedro. Todo continuó como si nada.

CHACO

En noviembre de 2018, se conoció el caso de una nena wichí de 13 años que fue trasladada de urgencia al Hospital Perrando con un cuadro de neumonía, anemia y desnutrición crónica. La preadolescente se enteró allí que estaba embarazada de 29 semanas.

Las autoridades decidieron someterla a una cesárea de urgencia, aunque el bebé murió a las pocas hora de la operación. La joven tampoco sobrevivió: sufrió un cuadro de hipoxia generalizada al día siguiente. Diversas organizaciones y referentes locales denunciaron que a la nena nunca se le ofreció la Interrupción legal del embarazo (ILE), pese a las múltiples causales que presentaba.

Tres casos de niñas cuyos derechos fueron vulnerados, donde se ejerció diversos tipos de violencias sobre ellas y donde el Estado no estuvo al resguardo de su integridad. Donde grupos conservadores y religiosos quisieron decidir sobre sus cuerpos y sus destinos, incluso, en contra de su voluntad o la de sus familias.

Lula Gonzalez

Lula Gonzalez

Es periodista. Nació en Salta y vive en Buenos Aires. Cursó estudios de periodismo en ETER, escuela de comunicación.

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