Variedades de capitalismo de vigilancia (o cómo entrenar a tu Dragonfly)

El frustrado acercamiento entre Google y China a partir del controversial proyecto Dragonfly marcó el 2018 tanto como la investigación sobre el comportamiento de Facebook. Entre las múltiples lecciones que dejó el año pasado en materia de gobernanza digital y ciber-diplomacia, acaso una se destaca sobre el resto: no existe un único “capitalismo de vigilancia”, como lo llama la pensadora Shoshana Zuboff. Pero entonces, además de parecerse cada vez más a las autocracias, ¿qué alternativas existen para las democracias? Y ¿qué está ocurriendo específicamente en la Argentina?

En tiempos de extrema incertidumbre y aceleración tecnológica, un modo de contribuir al debate sobre políticas digitales es situar la coyuntura, por más urgente que parezca, en procesos históricos de larga duración.

Pero pensar en clave sistémica, crítica y prospectiva a la economía política de la era digital, sin apelar a una nueva versión del fin de la historia que neutralice a la política, no es algo fácil. Desde la publicación de la Sociedad de la Información de Manuel Castells en 1996, además, la vara ha estado bastante alta.

En los últimos años se han planteado varias categorías jugosas, con distinta densidad, y desde diversos ámbitos y sectores. “Revolución de plataformas”, la llaman investigadores del MIT como Marshall Van Alstyne. “Capitalismo de plataformas”, aclara el “aceleracionismo” de izquierda representado por Nick Snircek. “Complejo informacional-industrial”, lo denominan Shawn Powers y Michel Jablosnki, pensando en el discurso seminal de Dwight Eisenhower. “Complejo industrial de datos”, simplificó hace poco el CEO de Apple, Tim Cooke. “Cuarta revolución industrial”, propone el director del Foro de Davos, Klaus Schwab.

“Capitalismo de vigilancia”, corta en seco la investigadora y escritora Shoshana Zuboff.

La propuesta es diferenciar entre dos conversaciones que las dirigencias políticas tienden a dejar que se confundan: la relativa a la regulación de la esfera pública, y la relativa a la regulación de la economía política informacional.

Por las alarmas que enciende y por la simpleza con la que describe a su objeto, hablemos de este surveillance capitalism. En un paper publicado en 2015 (y en un libro de inminente publicación), la lúcida pensadora norteamericana planteó que la era informacional había evolucionado en la forma de una “nueva y coherente lógica sistémica de acumulación” basada en “la vigilancia unilateral y la modificación del comportamiento humano”.

Sin embargo, si algo demuestra la intensa controversia que suscitó el proyecto Dragonfly—que habría permitido el retorno de Google al centro del complejo de datos de China—, es que probablemente no exista un único “capitalismo de vigilancia”. El enfoque de las “variedades de capitalismos” puede ayudarnos a volver a la orilla.

HABLEMOS DE VARIEDADES DE CAPITALISMO DE VIGILANCIA

Al frente de una rica investigación colectiva publicada en 2001, Peter Hall y David Soskice demostraron no existe una única forma de capitalismo —el occidental, en general conviviente con regímenes democráticos liberales—, sino más bien una cierta diversidad de “variedades institucionales”.

Pues bien, ¿es muy pronto para hablar de “variedades de capitalismo de vigilancia”? Suponiendo que tiene algún sentido, ¿cómo distinguir las variantes?

Hall y Soskice se enfocaron en el grado de coordinación de la economía para distinguir entre dos tipos ideales: “economías de mercado coordinado” y “economías de libre mercado”, cada una con distintas variedades de “ventajas institucionales” para las firmas locales.

Pero si queremos poner en el centro no solo el desarrollo sino también la evolución del régimen político, tenemos que explorar otras coordenadas.

La propuesta es diferenciar entre dos conversaciones que las dirigencias políticas tienden a dejar que se confundan: la relativa a la regulación de la esfera pública, y la relativa a la regulación de la economía política informacional.

Esa distinción, a su vez, nos permitirá identificar mejor los grises entre las diversas trayectorias institucionales que han seguido (y han de seguir) los tres poderes estatales frente a la aceleración la era informacional.

FANTASMAS DE LA ESFERA PÚBLICA ALGORÍTMICA

El contrato básico como usuarios de este “capitalismo de vigilancia” es básicamente atención, privacidad y seguridad informacional a cambio de conectividad, funcionalidad y validación social. Pero, como sociedad, las apuestas son más altas.

La “esfera pública algorítmica”, como la llama Zeynep Tufekci, “se ha fragmentado y sumergido en miles de millones de capilares individuales”, hasta constituir una “esfera pública fantasma”. Como resultado, afirma la investigadora turca, “las formas más efectivas de censura hoy involucran entrometerse con la confianza y la atención, no con ponerle bozales a los discursos en sí mismos”.

Como si fuera poco, ante el auge de la “política de la desconfianza” —como propone llamar la Ignacio Ramirez al tramposo concepto de “desconfianza en la política”—, las dirigencias políticas de países con regímenes democráticos (como los que todavía abundan en América latina) buscan alternativas donde las encuentren.

El problema es que, a partir de fines legítimos, pero como resultado de una búsqueda apresurada (y en varios casos perezosa) de alternativas en política digital, muchos asisten funcionalmente a un proceso de securitización de la esfera pública en tanto un “espacio informacional” a ser sanitizado, ya mediante la tutela algorítmica de las plataformas (asistida logísticamente por un estado que se retira), ya mediante la tutela estatal (algorítmicamente asistida por las plataformas).

Entonces, ¿qué está ocurriendo (y qué puede ocurrir) con las esferas públicas en los países con regímenes democráticos? ¿Es posible elaborar alternativas sostenibles para transitar la aceleración de la era digital que no supongan adaptarse a una variante hegemónica de “capitalismo de vigilancia”, ni la de Silicon Valley ni la de Beijing?

¿Es posible elaborar alternativas sostenibles para transitar la aceleración de la era digital que no supongan adaptarse a una variante hegemónica de “capitalismo de vigilancia”, ni la de Silicon Valley ni la de Beijing?

Un buen punto de partida es ponderar el diferente impacto que tiene la transformación tecnológica sobre la legitimidad y la eficiencia de las “democracias liberales” y las “autocracias digitales”, como propone Andrés Malamud: “Antiguamente, el manejo descentralizado de la información era más eficiente, la información estaba desperdigada. Por lo tanto, la democracia además de legítima era eficaz. Ahora con inteligencia artificial, el manejo centralizado es más eficiente. Por lo tanto, la dictadura tecnológica es más eficiente que la democracia para gobernar. Hay una disociación entre legitimidad, que sigue siendo la democracia, y eficiencia, que la tiene esta autocracia digital”.

En efecto, aunque los fantasmas de la digitalización no distingan entre democracias y autocracias, la eficiencia que ofrecen en materia de control parece concentrarse en las segundas, institucionalmente mejor preparadas para lidiar con dinámicas de desinformación, como señala Joseph Nye.

En cuanto a la legitimidad, quizá convenga hacer una diferenciación entre dos conversaciones sobre política digital, como propone el investigador indio Samir Saran. La primera está enfocada en “traducir los derechos del mundo offline al mundo online”; la segunda, en “negociar la propia naturaleza de estos derechos, así como su necesidad”.

Aunque autocracias y democracias se pregunten tanto por la aplicabilidad de los derechos al mundo digital como por su propia naturaleza y necesidad en una era digital, es en las democracias liberales donde el plexo normativo construido en los últimos siglos puede verse más sacudido. En este punto, Zuboff es categórica: Hemos entrado en territorio virgen. El asalto a los datos del comportamiento es de tal alcance que ya no puede ser circunscrito por el concepto de privacidad y sus cuestionamientos.  Este es un tipo de desafío diferente, que amenaza el canon existencial y político del orden liberal moderno definido por los principios de la autodeterminación cuya elaboración ha demandado siglos, incluso milenios”.

No importa cuánta transparencia estatal (pública) o cuánta transparencia algorítmica (privada) exijamos como garantía: si a cambio de un espacio informacional sanitizado de “amenazas” permitimos que se comprometa la autonomía de la esfera pública —en tanto bien público que posibilita la acción social—, la diferencia entre democracia y autocracia no sólo se volverá más líquida, sino incluso competitiva, porque incentivará una carrera a la baja en los estándares de bienestar ciudadano.

Lo llamativo es que, por lo menos en Argentina, no estamos ante cualquier proceso de securitización de la esfera pública en tanto “espacio informacional” tutelado, sino de uno bastante selectivo. ¿Por qué el probado riesgo del sistema de voto electrónico se considera menos peligroso para las democracias que las noticias falsas?

Por algún motivo indescifrable, en este asunto parecen primar los supuestos “costos” del escrutinio que las probadas “amenazas” contra la seguridad del voto. Quizá entonces sirve aclarar que los hackers son bastante más caros que los fiscales.

ESTÚPIDA Y SENSUAL ECONOMÍA POLÍTICA INFORMACIONAL

Mientras el excepcionalismo de Trump oculta el fin del excepcionalismo de Internet, se multiplican pujas relativas a la economía digital que, en el marco de tendencias multipolares, parecen alinearse estrictamente con dinámicas inter-estatales.

Este revisionismo westfaliano de la economía política digital, expresión de la puja sistémica entre Estados Unidos y China por el predominio tecnológico, impactará sobre las condiciones de posibilidad de cualquier “variante del capitalismo de vigilancia” que pretendan impulsar países con economías emergentes. Incluso, si el actual escenario de securitización de las inversiones extranjeras para tecnologías de uso dual no evoluciona, como anticipa Adam Segal, hacia “esferas separadas de influencia tecnológica”.

Sin embargo, en ningún lugar como en los Estados Unidos, madre patria del “capitalismo de vigilancia”, resulta tan sugerente la idea de que: i) existe una puja simultánea entre diversas facciones del capital informacional concentrado por el predominio en las ventajas institucionales en la economía política digital; y ii) mientras que fronteras afuera dicha puja se reviste de narrativas proteccionistas, fronteras adentro se presenta mediante narrativas asociadas al blindaje del espacio informacional de las democracias.

Una cara de la moneda es la puja entre prensa tradicional y plataformas. El financista (y filántropo) George Soros es quien mejor leyó este proceso de revisionismo digital como una oportunidad para reposicionar a los medios de prensa como actores centrales de la vida democrática (y de los emergentes “complejos industriales de datos”).

Estar al día con las crónicas de las (merecidas) tribulaciones de Facebook, en particular a partir de los cuestionamientos a la cobertura realizada por el New York Times, es una forma de seguir esta puja.

La otra cara de la moneda es el proceso de “destrucción creativa” de la economía digital que impulsa Trump —y que, asimismo, lo supera, como lo demuestra el caso de AT&T. Esta dinámica, paralela a la otra pero diferenciada, también parece ir en detrimento de las plataformas, aunque a favor de empresas de telecomunicaciones integradas con contenidos, acaso por su mayor funcionalidad para intereses territorial-identitarios. Algo sobre esto anticipamos aquí.

El proceso de “destrucción creativa” de la economía digital que impulsa Trump, parece ir en detrimento de las plataformas, aunque a favor de empresas de telecomunicaciones integradas con contenidos.

Si la visión la ofrece Peter Thiel, para quien la economía digital lleva años comportándose como una burbuja financiera, la institución que va de la visión a la praxis es la FCC (Federal Communications Commission), la autoridad de telecomunicaciones dirigida por Ajit Pai. Tres decisiones donde ésta fue o es un actor clave van en el sentido de crear nuevas “ventajas institucionales” para un nuevo tipo de campeones nacionales.

La primera medida, de abril de 2017, implicó modificar las normas de privacidad de los ISP (los prestadores de Internet) para eliminar la necesidad del consentimiento individual de los usuarios para vender datos, lo que le permite subirse al mercado de publicidad digital, que moviliza unos $83 billones de dólares por año.

La segunda medida, de junio de 2018, fue la derogación de la neutralidad de la red por parte de la FCC. En virtud de que ya la hemos analizado bastante (aquí, aquí y aquí), digamos tan solo que se trata de un cambio fundamental en la matriz de la economía política digital que favorece a los jugadores dominantes en materia de telecomunicaciones y en materia de contenidos, pues les habilita a ambos un camino de fusiones y adquisiciones que tendrán consecuencias tanto en la economía de la innovación como en la esfera pública.

La tercera medida, todavía bajo la consideración de la FCC, sería la desregulación del mercado de comunicación audiovisual para permitir la concentración de los actores. Si en general la medida se justifica por la necesidad de hacer frente a la competencia de las OTT, como advierte Martin Becerra, en los hechos siempre hay un grupo de interés beneficiado. En este caso, el Grupo Sinclair (el del video más visto del año en Reddit).

Ambas pujas —prensa tradicional versus plataformas y plataformas versus “telcos”— se potencian entre sí y se yuxtaponen, instrumentalizando tanto la defensa del interés público democrático como del interés nacional para disputar nuevas ventajas institucionales en la economía política informacional.

Pero no es una dinámica exclusiva de Estados Unidos, desde luego. En Europa, el proyecto de ley sobre derecho de autor pone en juego dinámicas semejantes. Y, en América Latina, los debates por la responsabilidad de intermediarios digitales están suscitando cuestiones similares.

CADA PODER ESTATAL LIDIA CON AMBAS CONVERSACIONES DE UN MODO DIFERENTE

Que democracias y autocracias se globalizaron distinto quizá resulte obvio. Que cada poder del estado también ha tenido diferente fortuna y virtud frente al proceso de globalización, no tanto.

La filósofa e investigadora Saskia Sassen demostró que en los Estados Unidos desde los años 70 se produjo una redistribución de poder institucional entre los tres poderes estatales, donde el Poder Legislativo resultó el menos favorecido, a la vez que se produjo una puja entre las propias agencias ejecutivas. Dichas dinámicas, sostiene Sassen, fueron y seguirán siendo co-constitutivas del proceso de globalización.

Pues bien, no solo se digitalizan distinto democracias y autocracias; también cada poder del estado elabora una diferente racionalidad y trayectoria institucional frente a la aceleración de la era digital. Entonces, en aquellos países con regímenes democráticos, ¿qué rol vamos a pretender que asuma cada poder estatal, en particular el Legislativo?

Usemos a la Argentina como ejemplo. Durante la gestión de Mauricio Macri, el Poder Ejecutivo ha sido un actor activo en la promoción de cierta agenda relativa a la economía política informacional; una orientada a la inserción competitiva y no al desarrollo autónomo, pero una al fin. Su propio proceso de destrucción creativa lo encuentra en su último año de mandato intentando generar ventajas institucionales para las firmas que definió como “campeones nacionales” del ecosistema digital (Telecom-Fibertel y Mercado Libre), sin alienar la confianza de actores internacionales en plena campaña electoral (como Telefónica). Por supuesto, así como pasaron cosas, es probable que sigan ocurriendo.

Al mismo tiempo, dos agencias ejecutivas han procurado acumular capacidades de integración y procesamiento de bases de datos personales, con un impacto potencial directo sobre la esfera pública: la Jefatura de Gabinete —que encontró su límite no en la autoridad de aplicación correspondiente ni en el Congreso, sino en la Justicia, con el “fallo Torres Abad”—, y el Ministerio de Seguridad, en campaña para que se le permita interceptar comunicaciones encriptadas.

Las pujas entre agencias ejecutivas es un asunto clave en la formación de cualquier “variante de capitalismo de vigilancia”. Por ejemplo, recordemos la reciente reforma del sistema de Defensa argentino, que a mediados de 2018 reformuló la definición de las amenazas externas para eliminar el requisito de que fueran de origen estrictamente estadual. El temor de buena parte de la sociedad fue que, con este antecedente o con la excusa de intervenir para proteger la “infraestructura crítica” del ciberespacio nacional frente a “ciber-ataques”, las Fuerzas Armadas podrían volver a inmiscuirse en asuntos domésticos y nuevamente pusieran en riesgo la continuidad de los regímenes democráticos.

Sin embargo, creo que en una era de “capitalismos de vigilancia” es el crecimiento del ministerio de Seguridad, no del ministerio de Defensa, el que nos debe inquietar más. Una apuesta real y no meramente cosmética por la Defensa podría generar ciertas capacidades defensivas necesarias y a la vez poner en marcha cierto tipo de “complejo industrial de datos”. El ministerio de Seguridad argentino, en cambio, no parece estar en una senda centrada en las capacidades defensivas, ni atento a impulsar una política de preferencia por la industria local, como la que ya han sabido mostrar democracias, como India.

En cuanto al Poder Judicial argentino, ha desarrollado su propio dinamismo, y más acá de algunas decisiones controversiales —probablemente basadas en el desconocimiento de lo que se quiere regular—, ha tenido un rol importante en el debate sobre gobernanza digital, con fallos importantes (como el mencionado “Torres Abad” o el más reciente “Taringa”), así como con algunas decisiones institucionales (como las medidas dispuestas por la Cámara Nacional Electoral en relación a las noticias falsas).

Para hablar del Congreso y su coyuntura es necesario meterse en el lodo del proyecto de ley sobre responsabilidad de intermediarios. Mejor leer a la politóloga Carolina Aguerre, coordinadora del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, para quien la decisión de dejar caer el proyecto que contaba con el apoyo de múltiples partes interesadas en la gobernanza digital argentina —y no solo de Google o Facebook—, puede leerse como una oportunidad perdida.

Está claro que la memoria institucional del proyecto discutido desde 2016 servirá de base para la discusión de uno nuevo a partir de marzo de 2019, pero el contexto será otro y las apuestas más altas. A pesar del sabor agridulce que deja el debate, es saludable ver que el Congreso argentino aborda las discusiones sobre gobernanza digital. En 2018 también se incorporaron estándares en materia de protección de datos y privacidad, promovidos por la ciber-diplomacia del Consejo de Europa.

No solo se digitalizan distinto democracias y autocracias; también cada poder del estado elabora una diferente racionalidad y trayectoria institucional frente a la aceleración de la era digital. Entonces, en aquellos países con regímenes democráticos, ¿qué rol vamos a pretender que asuma cada poder estatal, en particular el Legislativo?

Ahora bien, en el largo aliento, y salvo por contados casos como la ley de servicios de comunicación audiovisual —cuyo carácter “épico” confirma que suponen la excepción y no la regla—, el poder estatal que históricamente ha permanecido más ausente en las discusiones sobre gobernanza digital, en la Argentina y en muchos otros países con regímenes democráticos, ha sido el Poder Legislativo.

Definir colectivamente qué estándares y plataformas son convenientes para el interés público y el interés nacional exige la construcción de un complejo equilibrio político entre las múltiples partes interesadas en la gobernanza digital.

De otro modo, no quedará alternativa frente a la importación acrítica de soluciones mágicas. Como dijimos para los casos de la ciberdiplomacia norteamericana, la europea, la china o la india, no se trata de optar por un paquete de políticas digitales sino de adaptar cada estándar conveniente según nuestro interés estratégico.

Hacer del Congreso nacional ese lugar de encuentro constituye el grado cero si queremos dejar de pensar a la democracia como un costo para al fin empezar a concebirla como una ventaja institucional. La aceleración del proceso de automatización de los procesos productivos y decisorios es también una ventana de oportunidad para que las democracias se reinventen en base a la defensa del factor humano y de la seguridad digital como una política de bienestar ciudadano.

Comencemos, entonces, por diferenciar mejor las conversaciones sobre la esfera pública y la economía política informacional, y confiemos en que la necesaria confusión entre inteligencia y acción colectiva hará el resto.

Gonzalo Bustos

Gonzalo Bustos

Licenciado en Ciencia Política y Magíster en Procesos de Integración Regional, ambos títulos obtenidos en la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado cursos de posgrado y especialización en Planeamiento y Administración Estratégica (UBA) y en Pensamiento Sistémico para el Planeamiento Estratégico (ITBA). Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA.

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