Post #8A: ¿Qué hacer hasta legalizar el aborto?

Después del rechazo en el Senado del proyecto que legalizaba el aborto en Argentina, desde el CEMUPRO miramos que hacen las ciudades de Rosario y Buenos Aires con los abortos no punibles.

El Estado ha tomado una posición frente a la realización de los abortos por parte de las mujeres: penaliza la mayoría de ellos y sólo los permite en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer. En estos últimos, se viene desplegando una estrategia de acotar los márgenes de maniobra del sistema de salud a través de protocolos para la realización de los abortos no punibles (ANP).

En un documento del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO), todavía inédito, evaluamos los protocolos de aborto no punible de las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Encontramos una diferencia sustancial: si bien los dos acotan los márgenes de interpretación por parte de los profesionales de la salud, mientras Rosario elimina trabas para la realización de los abortos no punibles, la voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue poner cada vez más obstáculos.

Mientras Rosario elimina trabas para la realización de los abortos no punibles, la voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue poner cada vez más obstáculos.

En el análisis del diseño encontramos una gran incongruencia interna en el protocolo de ANP presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se deja sentado que el objetivo del protocolo es “hacer operativos protocolos hospitalarios para la atención de los abortos no punibles a los efectos de remover las barreras fácticas o administrativas al acceso a los servicios médicos”. Pero, al momento de reglamentar, el protocolo impone barreras legales y administrativas por donde se lo mire: pide que el Director del Hospital confirme la procedencia del ANP, impone el límite de 12 semanas para los casos de violación, establece un “equipo interdisciplinario” que debe intervenir en los mismos, establece que los profesionales pueden decir en cualquier momento y caso por caso si son objetores de conciencia y exige que las menores de 18 años cuenten con autorización de sus tutores legales para poder abortar.

Desde el análisis, pareciera que en este distrito se tiene que decidir: se impone restricciones o se facilita la realización de los abortos no punibles. Esta tensión obviamente se trasladó a la política: este protocolo fue objetado en la Legislatura de la Ciudad y en la Justicia. Un amparo fue otorgado y dicho protocolo fue suspendido, dejando una situación de indefinición y, sobre todo, precariedad.

Mientras tanto, en la ciudad de Rosario, otra es la realidad. Se pudieron encontrar algunos agujeros en el diagnóstico al momento de establecer el protocolo, pero no de coherencia: dice que busca eliminar las barreras y las elimina. Así, no establece más autorización que la del propio profesional, no existen los equipos interdisciplinarios y hay reglas claras para los profesionales que no quieran realizar los abortos por sus propias creencias: lo deben manifestar desde un principio y la Municipalidad se encarga de que en todos los Centros de Salud haya profesionales dispuestos a practicarlos.

EDUCACIÓN SEXUAL DESPUÉS DEL #8A

Las organizaciones anti-derechos de nuestro país saben del mayor nivel de consenso que tiene la premisa de la educación sexual por sobre la legalización del aborto. Por eso se escudaron en ella para castigar los proyectos de legalización. Pero una vez ganada la batalla, fueron por todo.

Unas semanas después del #8A, se inició un proceso de discusión para reforzar el cumplimiento a nivel nacional de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), así como discusiones similares en varias legislaturas provinciales. En esta ocasión, como pocas veces, se pudo ver al desnudo cuál es el horizonte que persigue el sector anti-derechos a raíz de esta discusión en la Cámara de Diputados. En el debate público previo al #8A se usaba como argumento que no era necesaria la legalización del aborto, sino la profundización de la Educación Sexual Integral, para prevenir embarazos no deseados. Sin embargo, en el momento en que se trató la reforma que profundizaba la universalidad y obligatoriedad de la ESI, esto generó un rechazo por parte de las mismas organizaciones que se oponían a la legalización del aborto, manifestaciones y presiones a los legisladores para que también se opusieran a esta medida bajo el lema “Con mis hijos no te metas”.

En la comunidad internacional existe un consenso generalizado sobre la necesidad de extender la Educación Sexual para una serie de objetivos: mejorar la salud pública y garantizar el derecho a decidir cuántos hijos tener, así como el intervalo entre los mismos.

Esto no es nuevo. En las políticas públicas opera lo que se llama referencial, que es el horizonte de valores que legitima la acción estatal. En criollo, el referencial es la corrección política. Este no es unívoco sino que es el resultado de las tensiones existentes en la sociedad. En la comunidad internacional existe un consenso generalizado sobre la necesidad de extender la Educación Sexual para una serie de objetivos: mejorar la salud pública y garantizar el derecho a decidir cuántos hijos tener, así como el intervalo entre los mismos. En el ámbito de las Naciones Unidas ese consenso tuvo un único objetor: el Estado Vaticano se reservó su aprobación al capítulo entero de declaración sobre la salud reproductiva de las mujeres.

En momentos donde la marea verde pareciera haber llegado para quedarse y avanzar en derechos para las mujeres, analizar las políticas públicas que se despliegan en la Argentina, hilar fino en la acción estatal puede ser una herramienta para pensar mejores futuros.

 

Maximiliano Díaz

Maximiliano Díaz

Contador público por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Magíster en en Evaluacion de Politicas Publicas por la Universidad Internacional de Andalucía.

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