Adaptando las normas para concentrar el mercado

Pocos días después de asumir su mandato, el presidente Mauricio Macri comenzó un proceso de modificación de la Ley de Medios mediante sucesivos decretos, cuya verdadera finalidad fue adecuar las normas a los intereses de una concentración infocomunicacional sin precedentes. La fusión entre Telecom y Cablevisión ha dado más poder a los grupos monopólicos y ha concentrado el mercado. En vez de aplicar la ley a los agentes del mercado, el presidente Macri rubrica la adecuación de las normas a los intereses y necesidades expansivas de uno de estos agentes.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aprobó, por voto mayoritario, la mayor concentración en la industria de las tecnologías de la información y la comunicación, dando lugar a la creación del más grande conglomerado de medios y telecomunicaciones de toda América Latina, superando a verdaderos gigantes de países como México o Brasil.

Casi al mismo tiempo  – tal como se había comprometido el gobierno – se aprobó en el Senado un proyecto de ley que les permitirá a las telefónicas brindar servicios de televisión por vínculo satelital.

Para comprender como llegamos a esta realidad, en la que finalmente las grandes compañías telefónicas podrán brindar servicios de radiodifusión, se hace necesario hacer un pequeño recorrido histórico de lo sucedido en los últimos años.

El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), presentado a la sociedad en marzo de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue elaborado teniendo en cuenta las propuestas contenidas en los 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación, que desde 2004 impulsaba la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

La presentación del proyecto de ley dio inicio a un proceso de debate a lo largo de todo el país, mediante 24 foros en los cuáles se escuchó a diversas organizaciones sociales, redes de medios comunitarios, cooperativas, universidades (a través  de sus carreras de comunicación), sindicatos, pueblos originarios y otros colectivos. Este procedimiento revalorizó la participación ciudadana en el debate previo al tratamiento legislativo de la norma.

La iniciativa llegó finalmente a la Cámara de Diputados en agosto de 2009. El texto del proyecto habilitaba a las telefónicas a brindar servicios de radiodifusión, siendo este punto uno de los más cuestionados. El Partido Socialista se opuso con firmeza a este artículo y  finalmente no fue incluido en el texto aprobado.

Luego de su sanción en el Congreso la Ley 26522 (conocida también como Ley de Medios) fue objetada por la vía judicial. Grupo Clarín impugnó cuatro artículos mediante medidas cautelares, cuestionando la limitación en la cantidad de licencias, situación que en el caso de Clarín y de otros conglomerados audiovisuales, los obligaba a presentar un plan de desinversión.

Luego de su sanción en el Congreso la Ley 26522 (conocida también como Ley de Medios) fue objetada por la vía judicial.

Finalmente, y tras superar distintas instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su fallo de octubre de 2013, determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la llamada Ley de Medios. A pesar de esta resolución del Alto Tribunal el Grupo Clarín pudo continuar sin desprenderse de ninguno de sus medios gracias a la llamativa impericia de las autoridades del entonces AFSCA.

Pocos días después de asumir, el presidente Mauricio Macri comenzó un proceso de modificación de la Ley 26522 mediante sucesivos decretos de necesidad y urgencia (DNU), cuya verdadera finalidad fue adecuar las normas a los intereses de una concentración infocomunicacional sin precedentes.

El desguace y modificación de las normativas y autoridades en la materia comenzó con el decreto 236/2015, del 23 de diciembre de ese año, que dispuso la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Ambos organismos fueron luego rápidamente disueltos por el decreto 267/2015, del 29 de diciembre, que además liquidó los Consejos Federales de Comunicación Audiovisual y de Tecnologías de las Telecomunicaciones, de los que participaban representantes de las provincias, las universidades y los sindicatos.

A su vez, el decreto 267 creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en el cuál el gobierno puede designar a la mayoría de los 7 directores, así como remover aún a los designados por el Poder Legislativo.

La modificación de la Ley 26522 mediante DNUs fue objetada desde diversos sectores sociales y políticos por cuanto no se encontraba acreditada ni la necesidad ni la urgencia, requisitos constitucionales exigidos para evitar el debate en el Congreso. A pesar de ello, el DNU fue aprobado en la Cámara de Diputados con el voto favorable de Cambiemos y el Frente Renovador.

Por cuanto los decretos restringieron la libertad de expresión, la participación social, al diversidad informativa y el pluralismo, violando así el principio de no regresividad de los DDHH,  el Estado Nacional fue denunciado ante la CIDH. La Comisión aceptó el caso y el Estado –para no ser condenado- se comprometió a enviar al Parlamento una nueva ley de comunicaciones convergentes en el lapso de 180 días. Hace 3 años de esto. Durante este período sólo el Partido Socialista presentó un proyecto integral de regulación de los medios de comunicación que integra la radio, la televisión, la telefonía e internet.

La fusión entre Telecom y Cablevisión permite al poderoso conglomerado tener gran injerencia en áreas tan diversas como la producción de papel de diarios, la edición de numerosas publicaciones impresas, entre ellas el diario de mayor tiraje nacional, el manejo de redes audiovisuales tanto abiertas como pagas, el gran mercado de la telefonía móvil y fija, la producción de contenidos audiovisuales y digitales, y la conexión a Internet tanto fija como móvil, donde se da la mayor interacción de las audiencias entre sí y para con los medios.

La fusión entre Telecom y Cablevisión permite al poderoso conglomerado tener gran injerencia en áreas como la producción de papel de diarios, la edición de publicaciones impresas, la producción de contenidos audiovisuales y digitales, y la conexión a Internet tanto fija como móvil.

Cuando hace un año se conoció la fusión, especialistas en medios daban cuenta  que la suma de los servicios de Cablevisión y Telecom arrojaba a nivel nacional el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% tv paga. A ello se suma el exceso sobre lo permitido por ley en el caso de espectro radioeléctrico para telefonía móvil y una situación privilegiada en la gestión de redes troncales de comunicaciones en las zonas centro y norte del país, donde Telecom es el operador incumbente del servicio público de telefonía.

También se ponía de manifiesto que el dominio de mercado de la fusionada sería mucho más elevado en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica, donde el nuevo conglomerado superará el 75% del dominio de mercado en las principales ciudades en varios de los mercados, como por ejemplo en banda ancha fija en Rosario, Córdoba y todo el corredor norte del Gran Buenos Aires, o en TV paga en Córdoba.

La aprobación de la megafusión por parte de la CNDC analiza de manera sesgada los problemas de competencia que seguramente traerá aparejados al evitar considerar el mercado relevante que se configura dentro del sector de las TIC. El dictamen de la mayoría analiza sólo el mercado de los servicios de internet y omite considerar a los ligados a la radiodifusión y a la producción y distribución de contenidos. Tal como lo sostuvieran quienes impugnaron la fusión, las ventajas competitivas que de aquí en más tendrá la empresa fusionada al estar presentes en todos los segmentos (prensa, TV abierta y pago, telefonía fija, telefonía móvil e Internet) le van a permitir ejercer acciones capaces de distorsionar precios mayoristas y minoristas, acceso y exclusión de contenidos.

La decisión gubernamental contradice abiertamente los postulados de la “Declaración conjunta sobre la independencia y la diversidad de los medios de comunicación en la era digital” suscripta el 2 de mayo de 2018 por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Relator Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) en cuanto sostiene que: “Los Estados deben establecer requisitos estrictos de transparencia para la propiedad de los medios de comunicación, junto con normas y sistemas eficaces para evitar los monopolios y la concentración indebida o la propiedad cruzada de los medios. Se debe requerir la aprobación de órganos reguladores independientes antes que puedan realizarse fusiones o adquisiciones que planteen una amenaza a la libre competencia o a la diversidad. Estos requisitos podrían incluir límites a la concentración de los medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos.”

La fusión Cablevisión/Telecom –como sostiene el experto Martín Becerra- consagra la orientación de la política de comunicaciones dispuesta por decretos y resoluciones desde diciembre de 2015 a las necesidades de la creación y expansión del ahora mayor conglomerado infocomunicacional del país. Así, en vez de aplicar la ley a los agentes del mercado, el presidente Macri concluye rubricando la adecuación de las normas a los intereses y necesidades expansivas de uno de estos agentes, que emerge de estos dos años y medio de gobierno con un poder nunca visto en la Argentina.

En vez de aplicar la ley a los agentes del mercado, el presidente Macri concluye rubricando la adecuación de las normas a los intereses y necesidades expansivas de uno de estos agentes, que emerge de estos dos años y medio de gobierno con un poder nunca visto en la Argentina.

Garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión en su doble implicancia (individual y colectiva), el pluralismo informativo y la sana competencia son requisitos indispensables para una democracia que debemos mejorar día a día. Si permitimos que los intereses de un mercado cada vez más concentrado consigan normas que le permita menoscabar la diversidad de opiniones y fuentes de información y avanzar sobre la pluralidad, tendremos una democracia cada vez más débil.

 

 

 

Guillermo Goldstein y Juan Carlos Zabalza

Guillermo Goldstein y Juan Carlos Zabalza

Guillermo Goldstein es abogado especializado en telecomunicaciones y asesor parlamentario del Partido Socialista. Juan Carlos Zabalza es Diputado Nacional (mandato cumplido) por el Partido Socialista. Se desempeña como asesor de gabinete del gobierno de la Provincia de Santa Fe.

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