Pañuelos verdes y políticas públicas

Pensar la interrupción voluntaria del embarazo en términos de políticas públicas permite arrojar luz sobre las diferentes perspectivas que se tiene del Estado entre quienes apoyan la iniciativa y quienes la rechazan. El miércoles, en el Congreso, se enfrentarán dos posiciones antagónicas sobre los derechos de la mujer pero, también, sobre el rol del Estado. 

Las políticas públicas son la forma que tiene el Estado de abordar los problemas sociales. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo existen dos fuerzas sociales que manifiestan miradas incompatibles. La disputa se verifica desde el debate en la sociedad hasta la implementación de los programas en los hospitales.

Desde hace años las organizaciones feministas vienen poniendo el tema en discusión, y en el mes de marzo de este año se abrió la posibilidad de darle tratamiento en el Congreso. Desde ese momento se potenció un debate en la sociedad argentina sobre la posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo sin necesidad de una causal específica. En el fondo del debate subyace también otro punto esencial: el de la libertad de la mujer de decidir sobre la gestación.

Al igual que todos los problemas sociales, el del aborto es abordado por el Estado a través de las políticas públicas. Y lo es tanto por acción como por omisión. Es por ello que el vasto campo del estudio de las políticas públicas puede traer algunos elementos al álgido debate social que estamos viviendo. No para saldarlo, pero sí para ordenar algunas piezas del embrollo.

Una política pública -lo sabemos-  es una suma de capas en las que se reúnen valores, juicios sociales, hipótesis de acción, intereses sectoriales, correlaciones de fuerza, ciencia y evidencia, diseños institucionales y, por último, leyes, decretos, asignaciones presupuestarias.  Una política pública es como un rogel pero con otros ingredientes en la cual cada capa condiciona a la que viene abajo, como cuando el merengue está blando y te moja la masa.

Empecemos por la base, ya que, antes que abordar proyectos de ley específicos o perdernos buscando cuánto presupuesto asignó tal ministerio, es interesante reflexionar acerca de cómo se conforma una política pública. Dicho de otra manera, que no se nos escape el elefante persiguiendo el ratón.

Las políticas públicas tienen por detrás un conjunto de valoraciones que generan un recorte de la realidad que define cuál es el problema público. Y cuál no. Dado este recorte de la realidad se empieza a vislumbrar el horizonte deseable. Asimismo, se verifica cuál es la relación que tiene que tener el Estado con el problema y, por último, qué instrumentos son necesarios: leyes, programas, presupuestos, alianzas con otros actores sociales, etc.

En este caso, los paradigmas que sustentan posturas a favor y en contra de la legalización parten de presupuestos teóricos que se encuentran a océanos de distancia.

Julia Martino, integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, asegura que con una política pública destinada a favorecer la interrupción voluntaria del embarazo, se pretende alcanzar tres horizontes: la igualdad entre los géneros, la libertad en el proyecto de vida y el fortalecimiento de la salud pública. Buceando en documentos de organizaciones que se manifiestan en contra del proyecto de la Campaña, es fácilmente verificable que los valores a resguardar son la continuidad de la familia como institución organizadora de la sociedad y el derecho natural a la vida por nacer.

Evidentemente, se trata de dos paradigmas antagónicos que le otorgan distintos mandatos al Estado. Para quienes apoyan la legalización del aborto,  se piensa al Estado como el instrumento encargado de garantizar la igualdad y la libertad en salud sexual y reproductiva. Por el contrario, quienes se oponen a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, apelan al Estado como principal penalizador -dada la inmoralidad del acto-. Julia Martino asegura que, para estos sectores, el mandato es incluso el de no avanzar en la educación sexual integral ni en la provisión de métodos anticonceptivos. Las diferencias, como se ve, parecen insalvables.

Mientras de un lado se plantea que el Estado es el encargado de garantizar la Igualdad y Libertad en Salud Sexual y Reproductiva, del otro plantean que es el encargado de penalizar el aborto, dada la inmoralidad del acto.

Por eso es casi imposible congeniar posturas o plantear “proyectos de consenso” que dejen conformes a todas las partes. Y por ello también es tan álgido el debate público. Esta vez, si triunfa un sector será porque perderá el otro.

Por último, están los instrumentos de la política pública. Acá el partido se va ganando poco a poco con sangre, sudor y lágrimas puestas, básicamente, por las organizaciones de mujeres que pelean desde hace décadas. En orden jerárquico están las convenciones internacionales de El Cairo y Beijing. Como muchas convenciones internacionales, el Estado se las puede pasar por donde no pega el sol, pero generan un marco que otorga una referencia relativa a lo “que está bien” y “lo que no” para la comunidad internacional. En el orden nacional se han conseguido dos instrumentos valiosos en los últimos años: La Ley de Educación Sexual Integral y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. La legalización del aborto voluntario es la tercera pata de un planteo integral.

Otro tema clave es quiénes son los actores que “hacen” las políticas públicas. Y aquí viene la buena noticia: no es necesario ganar elecciones para entrar a la mesa de los que las moldean. Hay varias formas de llegar a ella. Ojo, tampoco se trata de creer que cada uno como “ciudadano libre” (poniendo gesto de héroe patriótico cuando pronunciamos “ciudadano libre”) tiene la misma capacidad que los demás de incidir en las políticas públicas. Pero claramente, además de los gobiernos y el Congreso, están los que se llaman “actores clave”: medios de comunicación (siempre), las poblaciones a las que llega la política, trabajadores estatales que las llevan adelante, sindicatos, cámaras empresarias del sector, organizaciones interesadas en el tema, entre otros.

Estos actores influyen de manera permanente y esto resulta clave para el futuro del Aborto Legal. Influyen cuando se debate las leyes, pero también cuando se diseñan los programas, cuando se ponen en práctica, cuando se judicializan, cuando se las critica o se las enaltece. Todo el tiempo. Por eso es interesante pensar a los avances progresistas en políticas públicas como estados transitorios en permanente debate.

Esto se puede ver claramente en las complejidades que tiene la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas confesionales, o en lo difícil que es garantizar la provisión de anticonceptivos en un sistema de salud provincializado: mientras que las fuerzas se ponen en las demandas al Estado Nacional, el cumplimiento efectivo depende mayormente de las provincias.

¿Cómo terminará el trámite legislativo de este proyecto? Hay opiniones de todos los colores y este miércoles sabremos el final. Lo que sí es seguro que se ha avanzado mucho en el debate social del tema y en que la ley es un avance, siempre contingente.

Aun así, que sea Ley.

Maximiliano Díaz

Maximiliano Díaz

Contador público por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Magíster en en Evaluacion de Politicas Publicas por la Universidad Internacional de Andalucía.

Sin Comentarios

No se permiten comentarios