El falso 82 por ciento móvil y los jubilados de segunda

Aunque el Gobierno lo está difundiendo como un supuesto logro, lo que hace no es aplicar el 82 por ciento móvil, sino algo muy diferente, camuflado por un juego de palabras. Aquí se explica por qué.

El gobierno nacional está difundiendo, a través de los medios de comunicación, un supuesto logro histórico: el pago del 82 por ciento móvil a los jubilados. Políticamente hablando, parece un intento de aplicar un bálsamo sobre las heridas dejadas por la aprobación de la reforma previsional, de cambiar la imagen de esa reforma ante la opinión pública, mostrando que “no era tan mala”, o que traía más beneficios de los que la oposición reconocía.

Pero lo que el gobierno está haciendo no es aplicar el 82 por ciento móvil, sino algo diferente, camuflado por un juego de palabras. Para ver por qué, conviene empezar por el principio.

¿QUÉ ES EL 82 POR CIENTO MÓVIL?

El 82 por ciento móvil real, no el anunciado por el gobierno, es una bandera histórica del movimiento obrero. Implica el reclamo de que las jubilaciones sean equivalentes al 82 por ciento del salario de los trabajadores en actividad, del rubro correspondiente. Por ejemplo, si el sueldo de un trabajador es de 20.000 pesos mensuales, un jubilado de esa rama debería cobrar 16.400 pesos. Y el carácter de “móvil” implica que esa relación siempre se mantenga: si sube el salario de los trabajadores en actividad, deberían subir las jubilaciones para representar siempre el 82 por ciento de dicho salario.

La diferencia es clara. Una cosa es pagar el 82 por ciento del salario del sector (o de los últimos salarios percibidos) y otra cosa muy distinta es pagar el 82 por ciento del piso mínimo que establece periódicamente el consejo del salario.

Ahora bien, lo que el gobierno está vendiendo como 82 por ciento móvil en realidad es pagar, a un sector de los jubilados, el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil (SMVM), que como su nombre lo indica es un piso mínimo de referencia para el salario, de modo de asegurar al trabajador “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión” (Ley de contrato de trabajo 20.744).

La diferencia es clara. Una cosa es pagar el 82 por ciento del salario del sector (o de los últimos salarios percibidos) y otra cosa muy distinta es pagar el 82 por ciento del piso mínimo que establece periódicamente el consejo del salario. Además, sin la reforma previsional los jubilados hubiesen cobrado en marzo unos 870 pesos más, y ahora con esta “garantía” del 82 por ciento cobrarán sólo unos 528 pesos más. Es decir, ese falso 82 por ciento móvil ya estaba garantizado, en la práctica, desde antes. En una audaz operación mediática, el gobierno ha transformado una rebaja de las jubilaciones en un “aumento” que cumpliría con una bandera histórica de la clase trabajadora.

Además, esta “garantía” solo cubre a los jubilados que cobran la mínima; el resto tendrán los “aumentos” definidos por la nueva fórmula de movilidad, que se compone en un 70 por ciento de la evolución de la inflación y el 30 por ciento restante de la evolución de los salarios. Es decir, el 70 por ciento del monto de las jubilaciones queda congelado en términos reales: no perderá contra la inflación, pero tampoco subirá por encima de ella. A medida que los salarios de los trabajadores en actividad suban por encima de la inflación, como debería ocurrir en una economía que crece, las jubilaciones quedarán cada vez más rezagadas.

Un último punto, igualmente grave, derivado de la reforma previsional es el siguiente. Este falso 82 por ciento móvil, que funciona como garantía y “eleva” la jubilación mínima, sólo afecta a quienes tengan 30 años de aportes. Dicho en otras palabras, quedan afuera de este aumento quienes accedieron a la jubilación mediante las moratorias previsionales. A ellos les corresponde únicamente el 5,7 por ciento de aumento en marzo según la nueva fórmula, mucho menor al 12 por ciento que hubiesen obtenido con el sistema anterior.

Los mismos trabajadores que el neoliberalismo marginó y relegó al trabajo en negro, ahora son marginados dentro del sistema previsional, por un neoliberalismo que vuelve en un envase diferente.

Lo grave es que con esta medida se crea una nueva jubilación mínima, y se crea una nueva categoría de jubilados, una suerte de “jubilados de segunda”. Los mismos trabajadores que el neoliberalismo marginó y relegó al trabajo en negro, ahora son marginados dentro del sistema previsional, por un neoliberalismo que vuelve en un envase diferente. Para tener una referencia, el trabajo en negro (que entre otras cosas, no tiene aportes) pasó del 30 por ciento en 1991 al pico de 49,5 por ciento en 2003, y todavía era del 40 por ciento en 2007, 16 años después. Las moratorias jubilatorias fueron una manera de reconocer esta realidad, además de reconocer el trabajo doméstico nunca pagado de las amas de casa. El mismo Estado que con sus políticas destruyó empleo en blanco y se negó a controlar el trabajo en negro, ahora introduce una nueva discriminación hacia esos mismos trabajadores jubilados.

Esta nueva discriminación ha pasado sin pena ni gloria, pero debería ser un foco más de lucha política (y por qué no, judicial) para todo el arco del progresismo.

 

 

Francisco Barberis Bosch

Francisco Barberis Bosch

Economista. Docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Ex presidente de la Federación Universitaria de Mar del Plata (FUM). Integra el colectivo “Economistas Progresistas”

Sin Comentarios

No se permiten comentarios