La oposición frente a la “segunda etapa” de la política económica

A días de haber finalizado el 2017, el gobierno nacional está a un paso de conseguir “institucionalmente” las leyes necesarias para cumplir con la segunda etapa de su plan de gobierno. Debemos tener presente que la trilogía de estas tres “reformas” -laboral, previsional e impositiva- sustenta el  objetivo principal de su política económica.

El paquete de reformas que está encarando el gobierno de Cambiemos desde fines del año pasado puede ser considerada como la “segunda etapa” de su política económica. La primera, menos sistemática y encarada desde el inicio de su gestión, contó con una serie de medidas tendientes a favorecer a los sectores  de la economía de los dueños del capital y las finanzas. A saber: eliminación de impuestos que gravan a las exportaciones de los cereales excepto la soja; desgravación de las mineras; disminución del Impuesto a los bienes personales; apertura paulatina de las importaciones de determinados productos industriales -sobre todo de la industria nacional más sensible como la textil y el calzado (generadoras privilegiadas de empleo)-; solicitud de préstamos internacionales; promoción de un “gran” blanqueo de capitales.

Nos preguntamos, en función de esto, qué aportaron los sectores amparados y favorecidos por la política gubernamental ya que, en el blanqueo de capitales, declararon lo que habían “fugado del país” sin pagar los correspondientes impuestos. Tales medidas del “blanqueo” a tasas impositivas en promedio menores al 10 %, beneficiaron, indiscutiblemente, a un sector de la economía dado que habían dejado de pagar impuestos que, si hubiesen estado disponibles para la economía real, llegaban a tasas  de hasta el 35% anual por cada año de fuga. A ello se le suma el agravante que “no tienen obligación de volverlo al país”. En síntesis, el monto del blanqueo fue de aproximadamente U$S 117.000.000 cuando, en realidad, se calcula que lo “fugado” es más del triple. Con estas y otras medidas similares se busca “incentivar” la inversión, generar condiciones para atraerlas. ¿Se puede incentivar la inversión cuando el Estado emite los famosos bonos Lebac, pagando tasas de alrededor del 30% anual? Pareciera que los economistas ortodoxos no conocen todavía el comportamiento de los agentes del capitalismo.

La frase del diputado del Partido Socialista, Luis Contigiani, “este presupuesto carece de una idea de país basada en el desarrollo y en la distribución del ingreso y sin perspectiva de industrialización” nos debe interpelar.

Mientras tanto, con la reforma laboral y previsional, mediante una ley (o sea, una obligación) se flexibilizan las relaciones laborales y, objetivamente, se sacan fondos del Sistema Previsional para destinarlo a paliar el déficit fiscal. O sea, disminución de impuestos, por un lado, y sacrificio a los trabajadores activos y pasivos para pagar, como dice el gobierno, la “deuda de todos”, por el otro.

El broche de oro es la reforma impositiva, cuyo principal objetivo es mostrarle a los principales dueños de los medios de producción (sobre todo a las grandes empresas), algunos incentivos para pagar menos impuestos siempre que destinen parte de sus rentas a la inversión. La novedad es el impuesto a la renta financiera, con la excepción de la vedette de la bicicleta financiera hoy día que es el Lebac, cuyos rendimientos están curiosamente exentos del impuesto a las ganancias.

Finalmente, el proyecto del presupuesto nacional 2018 es un calco detallado del contenido de las “reformas anunciadas”. En la cuenta del gasto público figura la Obra Pública, que es un factor dinámico en el corto plazo, pero claramente insuficiente, ya que está limitado en el tiempo que dura  la obra y tiene un efecto lento de renovación. El efecto multiplicador de acumulación permanente se genera en la industria, y fundamentalmente la pequeña y mediana, cuya producción es la que genera más trabajo y más consumo, o sea más mercado interno. No encontramos medidas de fondo para combatir la concentración económica, sobre todo en los que manejan los precios de los principales bienes de consumo, generadores de la mayor parte del costo de la canasta familiar. En este presupuesto, el combate a la pobreza esta librado al mercado con el efecto derrame, o sea a a partir de la mayor utilidad empresaria, “algo va a caer hacia abajo” esperan.

La frase del diputado del Partido Socialista, Luis Contigiani, “este presupuesto carece de una idea de país basada en el desarrollo y en la distribución del ingreso y sin perspectiva de industrialización” nos debe interpelar. Ante esta realidad, ¿qué debemos hacer las organizaciones políticas y sociales para revertir esta situación y ofrecer a la ciudadanía otra alternativa en el marco de la democracia?, indudablemente, consideramos que debemos resistir desde nuestras organizaciones la implementación de cada medida que se vaya poniendo en práctica en perjuicio de las mayorías. Asimismo, es necesaria una profunda autocrítica del accionar político y ciudadano de los últimos diez años, porque no podemos seguir sin escucharnos entre nosotros, dado que, en el intento de diferenciarnos a toda costa entre los distintos sectores de la oposición -por lo que creemos haber hecho bien, sin poner en cuestión lo que hicimos mal o lo que dejamos de hacer-, perdemos de vista la profundidad de las diversas problemáticas que nos aquejan en el corto y mediano plazo. El  comportamiento de la oposición, salvo honrosas excepciones, ante la problemática de la Reforma Previsional, fue patético. En el recinto parlamentario, y fuera del mismo, primaron cuestiones personales y sectoriales, que motivaron prontamente los insultos y las descalificaciones, fortaleciendo la posición del gobierno y confundiendo, de alguna manera, a la sociedad.

En este presupuesto, el combate a la pobreza esta librado al mercado con el efecto derrame, o sea a a partir de la mayor utilidad empresaria, “algo va a caer hacia abajo” esperan.

Desde los sectores populares, y frente a este panorama, es imperioso establecer con urgencia un plan para el combate real a la indigencia que hoy, más que en otros momentos, sufren millones de compatriotas. A partir del momento de adhesión a una economía fuertemente capitalista, la pobreza crece a paso firme y, cada vez, es más difícil desterrarla. Empero, a la indigencia la podemos batallar con la incorporación al trabajo formal de esa cada vez mayor masa de desocupados y trabajadores informales y gestionando, asimismo, que el Estado (en sus distintos niveles) cumpla con las mejoras de la obra pública (provisión de hábitat, agua, luz, desagües, escuelas, transporte  y demás mejoras mínimas y que hacen al digno vivir).

Es necesario revitalizar la política, sacarla del desprestigio a la cual los sectores más reaccionarios la quieren llevar. Nos incumbe directamente la necesaria discusión de que otra sociedad es posible. En todos los lugares de la sociedad civil, en las organizaciones sociales, volver a la militancia con espíritu constructivo y creador. Recuperar la utopía del descubrir en nuestro andar que tenemos derecho a un mundo mejor, que el mismo es posible, y que por este andar en la búsqueda de más justicia social, más libertad, más igualdad, vale la pena vivir.

Miguel Ángel Poletta

Miguel Ángel Poletta

Contador. Analista económico.

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