Seguridad interior y política represiva: ¿quién nos cuida de quien nos cuida?

La muerte de Rafael Nahuel y la justificación por parte de los funcionarios del gobierno del accionar de las fuerzas de seguridad puso en el foco, una vez más, los temores frente a una avanzada represiva. La Vanguardia recogió el testimonio de dirigentes y especialistas para analizar esta preocupante cuestión. 

El Gobierno nacional, a través de la figura de Patricia Bullrich defendió, una vez más, el accionar de la Prefectura en el violento enfrentamiento con la comunidad mapuche en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, que terminó el sábado 25 de noviembre con la muerte del joven Rafael Nahuel, y cuestionó al juez Gustavo Villanueva, a cargo de la investigación del hecho.

Después de la muerte de Santiago Maldonado, nos preguntamos: ¿el gobierno redoblo su apuesta con el uso de la fuerza? Tal como lo expresan algunos organismos de DDHH: ¿las fuerzas de seguridad ponen en práctica la teoría del enemigo interior? A partir de estas preguntas dialogamos con diferentes dirigentes y analistas para saber su opinión acerca de las consecuencias de estos incidentes y del tenor de la política represiva respaldada desde el gobierno nacional.

ALERTA ENTRE LOS ORGANISMO DE DDHH

Frente a este panorama de represión, y posterior respaldo gubernamental, la abogada de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), María del Carmen Verdú, señaló: “Las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich son nada más y nada menos que una clara confesión de lo que siempre sostuvimos: No hay errores ni excesos, ni fuerzas “fuera de control”. La represión es política de Estado, y la dirige el gobierno de turno”. En el mismo sentido, José Schulman, Secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, sentenció duramente: “Patricia Bullrich es la cabeza de destrucción del Estado de Derecho en la Argentina, es una funcionaria que basa su actividad en la mentira permanente, no tiene limites ni escrupulos. Ningún delito o muerte no puede dejar de investigarse”.

Las organizaciones, a las que el gobierno y sus seguidores han procurado sistemáticamente descalificar en base a supuestas adscripciones políticas, reconocen que algunas situaciones preexistían a la llegada de Mauricio Macri al poder, pero que éstas se han agravado considerablemente. Verdú explica: “Obviamente no venimos del paraíso (la organización CORREPI ha denunciado sistemáticamente la represión de cada gobierno en los últimos 25 años), pero Cambiemos avanzó hacia una profundización inédita del uso de todas las herramientas represivas, en todas sus modalidades. Cuando, además, el gobierno es como el de Macri, cuyo único parámetro es la defensa de los intereses empresariales (o sea, propios) y de sus asociados multinacionales como Benetton y Lewis, llega a niveles inimaginados de voltaje represivo en democracia.  […] Esto es otra cosa: es lisa y llanamente el Estado Policial”.

“Este país avanza en dirección a un gobierno autoritario con máscaras democráticas, está dejando atrás cualquier parámetro vinculado a las garantías constitucionales” señaló José Schulman.

Ese mismo cambio, de agravamiento en la represión, es señalado por Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien advierte: “Claramente hay un cambio de dirección abrupta de volver a las fuerzas de seguridad su autonomía y, que de alguna manera, sean las que decidan y definan como se resuelve, en este caso, los conflictos sociales. La frase de la Ministra Bullrich que da como verdades o por ciertas las versiones de la Prefectura me parece un retroceso gigantesco, en el sentido que el poder civil y los jefes civiles de las fuerzas de seguridad tienen la obligación de controlarlas y hay muchos ejemplos, desde la “Masacre de Budge” en el principio de los noventas donde en todos los casos de ejecuciones policiales, siempre la fuerza había dicho que se trataban de enfrentamientos. Podemos nombrar, también diversos casos de distintas fuerzas y su abuso, el caso de Mariano Ferreyra, Jose Luis Cabezas, en ese sentido es grave”. Y en base a eso analiza la situación actual:  “Efectivamente el comunicado del Ministerio de Seguridad, lejos de revisar la política criminal luego del caso de Santiago Maldonado, en el contexto de una represión ilegal y violenta como fue la de Cushamen, la muerte de Rafael Nahuel, lejos de desescalar parece que redoblan la apuesta en el sentido de consolidar la idea de un “enemigo interno” que hay que tratarlo como tal, militarizando la respuesta sin dar ningún espacio a una negociación en un conflicto social y también un mensaje a las fuerzas de seguridad de que todo va a estar bien si siguen reprimiendo”.

Por su parte Schulman se muestra más terminante en su diagnóstico: “Este país avanza en dirección a un gobierno autoritario con máscaras democráticas, está dejando atrás cualquier parámetro vinculado a las garantías constitucionales, al propio cumplimiento de las leyes, aun de los propios reglamentos que este mismo gobierno sancionó”. “No hay ninguna doctrina que autorice a matar”, concluye el dirigente con preocupación.

USO ¿LEGÍTIMO? DE LA FUERZA Y AUTONOMÍA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Para complementar la visión de los representantes de las organizaciones, La Vanguardia conversó con el politólogo Nicolás Tereschuk (Artepolítica) y el sociólogo Gabriel Puricelli (LPP) para saber sus impresiones con respecto a estos episodios en particular, la respuesta gubernamental, los temores con respecto a a una avanzada represiva y los alcances, en caso de haberlo, de este nuevo paradigma para enfrentar la protesta social.

“Haciendo foco en el conflicto, parece en la actualidad viene desarrollándose un conflicto en la Patagonia -explica Tereschuk- por las tierras de los grupos originarios. Lo interesante sería ver por qué desde que está el Presidente Mauricio Macri este conflicto adquiere mayor relevancia nacional. ¿Por qué el Estado nacional a su máximo nivel, con su primera línea de funcionarios, se ocupan de esto directamente? (Por lo menos desde que ocurrió el caso de Santiago Maldonado). ¿Qué es lo que decide su cambio de política? Ahí hay muchas preguntas que no son respondidas por parte del gobierno, ¿Por qué adopta este enfoque en el conflicto?”. En base a estas preguntas Tereschuk ensaya algunas respuestas estimativas:  “Vemos esta idea que, por un lado, se transmiten como lo hizo la Ministra Patricia Bullrich en la conferencia de prensa, pero, también, vemos medios afines y todo el aparato comunicacional de Cambiemos en las redes sociales, en función de hablar de ciertos grupos, es decir “un enemigo interno” muy difuso, a través del cual se pretende criminalizar a una cantidad indiscriminada de personas como un fantasma que nos hace recordar a otras épocas.” Y afirma, muy en sintonía con la opinión de los organismos de DDHH:  “Estamos viviendo enormes retrocesos, en el sentido de los que dicen que “las fuerzas de seguridad digan la verdad”.

Gabriel Puricelli, en otro sentido y con ciertos matices, hace énfasis en la ostensible autonomía que se le está dando a las fuerzas de seguridad para reprimir:  “Es preocupante que una vez más el gobierno respalde de manera unívoca, inmediata y absoluta el relato de los agentes que participaron de una represión. Es grave, sobre todo como en el caso del uso de la fuerza que terminó con un chico de 22 años muerto. Parece que no hay capacidad de manejar a las fuerzas de seguridad. Parece que hay más bien una decisión de ratificar a la represión en lugar de recordarles, como cabe recordarle a todos los ciudadanos, que deben actuar bajo las leyes vigentes.”

Gabriel Puricelli explicó: “Es preocupante que el gobierno respalde de manera unívoca, inmediata y absoluta el relato de los agentes que participaron de una represión. Parece que hay más bien una decisión de ratificar a la represión en lugar de recordarles a las fuerzas de seguridad, como cabe recordarle a todos los ciudadanos, que deben actuar bajo las leyes vigentes.”

Asimismo, el sociólogo encuentra que este accionar de las fuerzas de seguridad es un problema estructural de la democracia, quizá agravado durante este gobierno que, lejos de combatirla, la ampara y justifica. En tal sentido Puricelli enumera: “Lo que ocurrió en el sur del país recuerda mucho a lo que ocurrió con Kosteki y Santillan en el año 2002, porque la Prefectura en principio estaba actuando bajo las órdenes de un juez, pero procede con fuerza que no guarda ninguna proporción con lo ordenado por la Justicia. Hay un paralelismo porque hay un uso de la fuerza que no guarda ninguna proporción con aquello que se pretende hacer. La similitud es práctica en los dos hechos, las consecuencias políticas no.”

La fortaleza política del gobierno, así como el decisivo papel de los medios de comunicación, mayoritariamente condescendientes con el gobierno, son señalados por Tereschuk como factores explicativos de la desinformación que prima y del blindaje que tiene la posición gubernamental: “Hoy por hoy, el gobierno sale fortalecido después de las elecciones legislativas, con una oposición debilitada y un debate público empobrecido, probablemente por las políticas de medios que tiene el gobierno nacional. Hay una parafernalia comunicacional del gobierno en los medios tradicionales y en las redes sociales como pocas veces antes se ha visto, nos cuesta mucho encontrar periodistas que puedan informar lo que está sucediendo en Bariloche, es más fácil encontrar información de las tratativas que está teniendo Ángela Merkel para su gobierno que lo que pasa en el conflicto mapuche.”

La irreductible posición del gobierno, respaldada por el voto popular y el amparo mediático, preocupa a ambos analistas.  “Los hechos de Villa Mascardi ocurren después de que un gobierno que llegó por el voto popular a la Presidencia y con una ratificación en las elecciones parlamentarias, es un gobierno que tiene mucha legitimidad y se apoya en eso para ignorar por completo los reclamos que se le hacen en el uso desproporcionado de la fuerza” analiza Puricelli con preocupación.  Y Tereschuk agrega: “Acá hay una persona que murió por una bala, el Estado debería explicarnos que pasó pero nos da una verdad revelada de una manera “insólita” donde cuatro o cinco personas que actuaron en ese operativo tienen la verdad absoluta”.

 

Lula Gonzalez

Lula Gonzalez

Es periodista. Nació en Salta y vive en Buenos Aires. Cursó estudios de periodismo en ETER, escuela de comunicación.

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