Memoria a la yugoslava

El ex general al mando del ejército serbio, Ratko Mladić, fue condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes contra la humanidad, entre ellos el de Srebrenica. La decisión del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia reavivó el debate sobre la memoria y la reconciliación. 

El miércoles 22 de noviembre, el hemisferio occidental se despertó con una noticia muy esperada: el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sentenció a Ratko Mladić, ex comandante de las fuerzas serbias de Bosnia, a la condena de cadena perpetua por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra que desgarró la ex república yugoslava entre 1992 y 1995. Luego de cinco años de juicio, y a la luz de evidencias masivas que apuntaban a su responsabilidad en el exterminio sistemático de la población musulmana de Bosnia, el veredicto contra Mladić era no sólo anhelado por muchos, sino esperable para casi todos. Pero las reacciones ante la condena, así como la cobertura del caso y las reflexiones que ha desencadenado en medios del mundo, demuestran que una sentencia judicial justa no sólo no garantiza la reconciliación en la ex Yugoslavia, sino que tampoco asegura que el resto del mundo aprenda algo de lo sucedido. 

EL DILEMA DEL CARNICERO

Los medios del mundo reaccionaron con celeridad ante la noticia de la condena contra Mladić. Tras conocerse el fallo del tribunal, proliferaron en Internet los titulares que se referían a la condena contra “el carnicero de los Balcanes”, un apodo de extraordinario mal gusto que el sensacionalismo no ha dejado de reproducir cada vez que le fue posible. A lo largo de la última semana, en las coberturas de medios importantes abundaron las explicaciones psicológicas de bajísimo rigor en los intentos de trazar un perfil del condenado: Mladić habría sido un genocida como resultado de una biografía accidentada, primero por la muerte de su padre a manos de fascistas croatas durante la Segunda Guerra Mundial, luego agravada por el suicidio de su hija Ana en 1994, ejecutado con el propio arma de servicio del general.

En las coberturas de medios importantes abundaron las explicaciones psicológicas de bajísimo rigor en los intentos de trazar un perfil del condenado.

A más de dos décadas del inicio de la disolución yugoslava estas interpretaciones resultan no sólo absurdas, sino ofensivas. Ya en los años ’90, la desintegración de la federación yugoslava, quizás el proceso más violento y traumático acontecido en territorio europeo desde 1945, fue generalmente reportada por los medios del mundo de manera caricaturesca y poco rigurosa. Durante esos años, reporteros y analistas describían las guerras recurriendo masivamente a la imagen de los Balcanes como un sitio en donde no había intereses políticos, sociales y económicos en juego, sino solo odios milenarios entre pueblos salvajes. Los efectos de esas operaciones sobre el prestigio de la región son incalculables: el significante Yugoslavia pasó de ser el símbolo de uno de los países más prestigiosos del siglo XX, líder del Movimiento de los No Alineados y resistente a la hegemonía soviética, a ser el nombre de un rincón salvaje a espaldas de la Europa democrática, progresista, humanista y civilizada.

La cobertura de la condena de Mladić parece haber dejado atrás algunos de esos estereotipos. Pero la insistencia en el sensacionalismo y la falta de voluntad informativa sobre uno de los conflictos más complejos de los últimos 20 años sigue siendo sorprendente. La mayoría de los formadores de opinión suelen explicar la violencia en la ex Yugoslavia como un caso policial antes que como un problema político, social y económico de raíces profundas. La patologización del personaje de Mladić es así la contracara de la deshumanización de las sociedades ex yugoslavas, que pierden su complejidad para convertirse en víctimas angelicales de la locura de un fanático.

LA GUERRA COMO CONTINUACIÓN DE LA POLÍTICA

La violencia en la ex Yugoslavia no es explicable por las locuras de un soldado traumatizado. Las raíces de la catástrofe de los años ’90, en cambio, se hunden en una historia compleja, atravesada por un legado de autoritarismo, una difícil posición geográfica en el tablero de ajedrez de los grandes imperios, una memoria colectiva marcada por la violencia a lo largo del siglo XX y un proceso de apertura democrática acelerado y caótico en 1990 que, en lugar de alentar la formación de fuerzas políticas de orientación cívica y democrática, condujo al reforzamiento de alternativas conservadoras y nacionalistas que se valieron de los recursos heredados de 45 años de autoritarismo para desatar el conflicto étnico y la violencia política.

La violencia en la ex Yugoslavia no es explicable por las locuras de un soldado traumatizado.

Luego de décadas de progreso económico y social bajo un régimen comunista independiente de la URSS y relativamente tolerante con la disidencia, Yugoslavia ingresó en 1980 en un período de crisis económica como resultado del endeudamiento externo y en una profunda crisis política como consecuencia de la muerte de su líder indiscutido, el mariscal Josip Broz Tito. El sistema político yugoslavo estaba basado en un delicado juego de pesos y contrapesos entre seis repúblicas nacionales obligadas a la negociación permanente. Tras la muerte de Tito, en un contexto marcado por la progresiva organización de iniciativas de oposición civil contra el régimen y la deslegitimación del comunismo en Europa en general, los conflictos entre las repúblicas no hicieron sino agravarse. A partir de entonces, el país fue testigo de un creciente ascenso en la retórica nacionalista de sus líderes, en especial luego de la llegada de Slobodan Milošević a la cúpula del poder en Serbia, la república más grande de la federación.

El comunismo yugoslavo, internamente fragmentado, se disolvería en enero de 1990. Ese mismo año, Yugoslavia sería testigo de una apertura electoral que llevaría al poder a fuerzas políticas nacionalistas en todo el territorio de la federación, desde Eslovenia hasta Macedonia. En junio de 1991, Eslovenia y Croacia declararían su independencia de Yugoslavia, desencadenando la reacción del Ejército Nacional Yugoslavo, una institución cuya razón de ser era mantener la unidad del país y que por ello se había identificado con el liderazgo de Milošević, desde siempre opuesto al secesionismo. Primero en Croacia y luego en Bosnia, el ejército yugoslavo intervendría con la excusa de defender a los serbios, lo que en los hechos significaba garantizar en el terreno militar el plan de Milošević de reconfigurar las fronteras de una futura Yugoslavia más pequeña y bajo su control. La guerra en Croacia tendría un alto el fuego a partir de 1992; en Bosnia, duraría hasta los Acuerdos de Dayton de noviembre de 1995, dejando un saldo de cientos de miles de muertos, refugiados y desplazados.

Tras la muerte de Tito, los conflictos entre las repúblicas no hicieron sino agravarse. El ascenso de la retórica nacionalista se hizo palpable con la llegada de Slobodan Milošević a la cúpula del poder en Serbia.

En una región con una historia de autoritarismo, marcada por una fuerte crisis económica durante los años anteriores, una ostensible inestabilidad política y la persistencia de una memoria colectiva marcada por la violencia de la Segunda Guerra Mundial, las razones de la violencia sin duda trascienden por mucho la psicología enfermiza de un comandante. Pero también escapan a la comprensión de cualquiera que intente ver en los Balcanes una península de odios irreconciliables: muy por el contrario, durante décadas los estudios de opinión y análisis científicos señalaban que los niveles de tolerancia y coexistencia étnica eran cada vez más altos en la población yugoslava, y elevados comparado con numerosos países occidentales. A la vez, los años ’90 están plagados de historias de resistencia a la violencia y de colaboración interétnica, así como de conflictos permanentes hacia dentro de un mismo grupo nacional. Sin duda, la sociedad yugoslava no era un paraíso multiétnico antes de la guerra, sino una sociedad con desigualdades, conflictos y memorias contrapuestas sobre un pasado violento. Pero, como ha sido demostrado ampliamente por la literatura, todos estos elementos no podrían haber conducido al estallido de la violencia si no hubiera sido por la intervención de actores políticos conservadores y autoritarios, no sólo en Serbia sino en todas las ex repúblicas yugoslavas, cuyo interés residía en instalar la pertenencia nacional como único criterio legítimo de la vida social.

EL TRIBUNAL Y LA HISTORIA

Desde su creación en 1993, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha realizado un trabajo de gran valor. En primer lugar, en la medida en que ha abierto el camino para el juzgamiento –antes difícilmente realizable— de crímenes de guerra, poniendo en el banquillo incluso a jefes de Estado. En segundo lugar, en tanto ha producido una masa incalculable de testimonios y documentos que permiten a analistas e investigadores enriquecer su comprensión del conflicto yugoslavo.

Pero si las acciones del Tribunal han contribuido al necesario procesamiento y juzgamiento de muchos de los responsables de los crímenes de los años ’90, entre ellos el propio Milošević, Mladić y su socio político, el serbo-bosnio Radovan Karadžić, es preciso poner en duda seriamente que estas acciones puedan contribuir a la reconciliación en la región o producir un relato histórico más o menos consensuado. En la Republika Srpska, región autónoma serbia en Bosnia, la dirigencia política encabezada por el presidente Milorad Dodik reivindica a Ratko Mladić como un héroe que defendió al pueblo serbio de la agresión de musulmanes y croatas, acusando a la corte de La Haya de un sesgo antiserbio. Una acusación que, aunque anclada en un conspirativismo persistente y funcional a los intereses de la dirigencia chauvinista de Dodik, se ve respaldada por episodios como la absolución en 2012 de Ante Gotovina, comandante de las fuerzas armadas croatas en la Operación Tormenta de 1995 que, con el objetivo de recuperar territorio de Croacia de las manos de las fuerzas serbias, cometió abundantes y documentadas violaciones contra la población civil.

Es preciso poner en duda seriamente que las acciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia puedan contribuir a la reconciliación en la región o producir un relato histórico más o menos consensuado.

La inconsistencia del tribunal a lo largo de los años ha tenido como consecuencia una erosión de su legitimidad, nunca demasiado consolidada en la región. Incluso las condenas más justas, como la reciente sentencia contra Mladić, difícilmente contribuyan a la reconciliación de las sociedades post-yugoslavas, cuyas autoridades políticas actuales insisten en interpretar las acciones del tribunal en función de relatos nacionalistas discordantes sobre el pasado. Además es preciso preguntarse, en este contexto, en qué medida la justicia puede o debe escribir la historia. Si el terreno real de la historia está hecho de matices, una institución que decide sólo en términos de culpabilidad o inocencia quizás no sea la más apropiada para ayudarnos a entender qué ocurrió en la ex Yugoslavia en los años ’90.

SERBIA O EL CHANTAJE DE LA MEMORIA

A la reacción de Milorad Dodik se sumaron el miércoles pasado los comentarios del presidente serbio, Aleksandar Vučić, quien afirmó que “no hay nadie para llorar a las víctimas serbias, salvo nosotros mismos”, instando a los serbios a mirar hacia adelante y dejar atrás el pasado. Estos comentarios provocaron, hacia dentro y hacia fuera de Serbia, una indignación y una serie de reflexiones acerca de la obligación moral de la memoria histórica que merecen al menos tomarse con pinzas.

Han proliferado los análisis y comentarios que insisten en la incapacidad de Serbia de hacerse cargo de su rol en la violencia genocida de los años ’90. Se trata de comentarios que, en rigor, son justos: el Estado serbio no ha articulado una admisión de culpabilidad clara por su responsabilidad en el inicio de la violencia en la ex Yugoslavia. La clase política serbia ha mantenido a lo largo de los años una posición ambigua al respecto, a la vez que el electorado no ha dejado de votar por un presidente como Vučić, quien hasta hace pocos años no dudaba en reivindicar la figura de Mladić como un héroe nacional. La falta de admisión de culpas de Serbia ha provocado, y sigue provocando, la insistente crítica de una opinión pública internacional acostumbrada hace tiempo a demonizar a Serbia por los acontecimientos de los ’90 y a identificar a los serbios con Slobodan Milošević. La opinión pública olvida que, como ha demostrado la literatura, Milošević no gozó prácticamente nunca del apoyo mayoritario del pueblo serbio, recurrentemente movilizado en su contra y generalmente dividido en las urnas; que fue sólo en momentos como los años del embargo de la ONU y los meses del bombardeo de la OTAN que Milošević pudo obtener mayor respaldo de la población, lo que evidencia la torpeza de la comunidad internacional en suelo yugoslavo; y finalmente que los tempranos años ’90 en Serbia fueron testigos de una de las mayores campañas de evasión del reclutamiento militar en la historia, con unos 200.000 jóvenes serbios abandonando el país para evitar ser llevados a luchar en Croacia y otros 50.000 desertando en el frente de batalla.

Una parte de la opinión pública identifica a los serbios con Slobodan Milošević. Pero el ex líder yugoslavo no gozó casi en ningún momento del apoyo mayoritario del pueblo serbio.

La opinión pública, que frecuentemente olvida o desconoce estas cifras, sigue exigiendo al Estado serbio una confrontación con su pasado. Se trata sin duda de una exigencia justa: las víctimas de las políticas del Estado serbio durante los ’90 merecen un pedido de perdón y una admisión de culpas. Pero la insistencia en la obligación moral de la memoria, que pensadores como David Rieff han cuestionado recientemente poniendo en duda su potencial pacificador, demuestra numerosas inconsistencias.

No hace falta moverse demasiado en la latitud europea para señalar que la comunidad internacional pide mucho menos al Estado croata de lo que le exige al Estado serbio. Y no nos referimos a la responsabilidad de Croacia por la violencia de los años ’90, que sin duda fue considerable, pero a todas luces menor que la de Belgrado: ni la Unión Europea, ni los Estados Unidos, ni ningún otro actor internacional de peso ha exigido con tal ímpetu que Croacia confronte su pasado de colaboración con las fuerzas fascistas durante la Segunda Guerra Mundial y su accionar genocida contra serbios, judíos y gitanos durante el gobierno de Ante Pavelić. Y eso pese al hecho de que actualmente Croacia protagoniza uno de los giros a la derecha más radicales del continente europeo bajo el gobierno de la HDZ, partido que no sólo gobernaba el país durante las guerras de los ’90, sino que tradicionalmente ha habilitado la reivindicación de la simbología fascista y la negación de los crímenes del Estado croata en los años ’40. Pero los olvidos selectivos de la comunidad internacional trascienden los Balcanes.

No hace falta moverse demasiado en la latitud europea para señalar que la comunidad internacional pide mucho menos al Estado croata de lo que le exige al Estado serbio.

Tuvieron que pasar 50 años para que Jacques Chirac asumiera la responsabilidad del Estado francés por el destino de los judíos franceses durante la Segunda Guerra Mundial, lo que no impidió que Francia realizara durante esas décadas un progreso político, económico y social extraordinario. Hasta el día de hoy, España no ha podido dar abiertamente una discusión sobre la violencia de la guerra civil; un debate que está pendiente, pero cuya ausencia no ha sido obstáculo para el fortalecimiento de la democracia española durante tres décadas, al menos hasta la crisis financiera de 2008. Por último, la colaboración de la sociedad polaca con el exterminio de los judíos durante la Shoa, cada vez más demostrada por una historiografía moderna de la mano de investigadores como Jan Gross y Jan Grabowski, no ha hecho surgir en la opinión internacional la exigencia extendida de que el Estado polaco, también hoy protagonista de un giro radical a la xenofobia y el autoritarismo, se haga responsable de su pasado.

La demonización de Serbia como resultado de la política de los años ’90 muchas veces pasa por alto estas inconsistencias. Pero además hace caso omiso de las dificultades que la sociedad serbia misma, incluidos los opositores a la guerra y los críticos del nacionalismo, ha atravesado durante los últimos 25 años. Desde 1991 Serbia sufrió el embargo económico, la criminalización de su política y su economía, el ajuste presupuestario, un bombardeo de tres meses por parte de la OTAN en 1998, la separación de Montenegro en 2006 y la amputación de su territorio tras la declaración de independencia de Kosovo en 2008. No se trata aquí de discutir argumentos morales, sino políticos: ¿qué sociedad puede confrontar su pasado y hacerse cargo de sus responsabilidades en un contexto marcado por la demonización externa, el persistente desempleo, la periferialización extrema, el exilio de sus jóvenes y la permanente reconfiguración de su identidad?

La condena de Ratko Mladić es un hecho no sólo positivo y razonable, sino necesario para cerrar las heridas abiertas de los años ’90. A poco de que culmine su actividad, puede decirse que el accionar del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha contribuido a la justicia en la región, incluso pese a sus inconsistencias. Pero el imperativo moral de la justicia no debe confundirse con el chantaje de la memoria: para que Serbia pueda hacerse cargo de sus responsabilidades mayores en las guerras yugoslavas, es preciso construir una narrativa que trascienda la demonización maniquea. Y, sobre todo, es necesario alentar el desarrollo de un país que hace más de veinte años se encuentra hundido en una crisis económica, política, social e identitaria. Sin bienestar ni desarrollo, el espacio para la memoria es muy pequeño y los incentivos para el nacionalismo son enormes.

Agustín Cosovschi

Agustín Cosovschi

Licenciado en Sociología. Doctorando en Historia (CONICET-UNSAM) y Estudios Políticos (EHESS)

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