El fin de la transición chilena

Los resultados de las elecciones nacionales realizadas el domingo pasado en Chile han dado un sorprendente veredicto: se ha terminado el consenso que caracterizó la transición pactada entre la dictadura y los partidos tradicionales. Nuevas demandas democráticas invaden la escena pública y llevan a la incertidumbre al que ha sido, desde 1973, el mejor alumno del capitalismo financiero en América Latina. 

 

El pasado domingo, mientras se contaban los votos en todo el territorio chileno, moría a los 92 años el General Fernando Matthei, comandante de la Fuerza Área durante la dictadura de Augusto Pinochet, sospechado partícipe en el asesinato del padre de la actual presidenta Michelle Bachelet; y padre a su vez de Evelyn Matthei, importante política de la derecha.

Horas después, y con los datos electorales en la mano, la muerte del viejo dinosaurio pinochetista se convertía en la metáfora de otro deceso: el de la transición pactada entre la dictadura militar y la Concertación, la alianza de centroizquierda entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana que ha gobernado el país casi ininterrumpidamente desde entonces. Respetando durante estos años, mucho más reticente el primero y bastante menos la segunda, su parte del acuerdo. Acuerdo que consiste básicamente en mantener los ejes centrales de la política económica y social de la dictadura. Una transición que en teoría había terminado con la asunción de autoridades electas en 1990, pero cuyos tentáculos se extienden hasta hoy.

El Servicio Electoral asombró con la lectura de unos resultados impensados hasta entonces y frente a los que habían desbarrancado todas las encuestas. El Frente Amplio, una alianza progresista de reciente creación y originada en la lucha estudiantil, obtuvo el 20% de los votos. Dos menos que la oficialista La Fuerza de la Mayoría, versión aggiornada por izquierda de la vieja Concertación. La que gobernó Chile durante 23 de los últimos 27 años y que debido a las últimas reformas de Bachelet, destinadas a desmontar gradualmente el legado pinochetista, atrajo a sus huestes al Partido Comunista y provocó el alejamiento de los democristianos.

En unas elecciones que para casi todos los analistas políticos se caracterizarían por expresar un giro a la derecha del electorado, cristalizado en un cómodo regreso al Palacio de la Moneda del multibillonario de derecha Sebastián Piñera, los resultados finales produjeron desconcierto.

Los 37 puntos de Piñera no estuvieron ni cerca del 45% pronosticado por casi todas los sondeos, y el candidato oficialista, el conductor de TV Alejandro Guillier, estuvo a sólo dos dígitos de quedar eliminado de la segunda vuelta ante una neófita alianza cuyas cautas propuestas socialdemócratas parecen radicales en un país en el que, hasta hace poco tiempo, estaba prohibido el aborto incluso frente al riesgo de muerte de la madre. Una fuerza que será central para definir quién ganará en la segunda vuelta. Y que tendrá, en gran medida, la llave para delinear cómo seguirá la puja de poder político en el país sudamericano.

Los 37 puntos de Piñera no estuvieron ni cerca del 45% pronosticado por casi todas los sondeos, y el candidato oficialista, el conductor de TV Alejandro Guillier, estuvo a sólo dos dígitos de quedar eliminado de la segunda vuelta.

Un país en el que los servicios públicos, como la educación y la salud, están mercantilizados y son subsidiados, en el mejor de los casos, por el Estado a través de unos bonos llamados “copagos”. En el que las miserables jubilaciones están administradas por fondos de pensión privados, los derechos sindicales han sido ampliamente reducidos, a los activistas mapuches se los considera legalmente terroristas, y en donde rige una Constitución impuesta por la dictadura y posteriormente pasteurizada de sus elementos autocráticos por parte del gobierno concertacionista en 2005, aunque sin modificar lo esencial de su espíritu económico y social. Esos “enclaves autoritarios” de los que habla el sociólogo Manuel Garretón permitieron, como en casi ningún otro país latinoamericano, la pervivencia de la cría de la dictadura: la presencia tuteladora de los partidos del bloque de derecha, Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, gracias a un injusto sistema electoral, y el control de la economía en manos de los principales beneficiarios del pinochetismo, los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.

Jugadores hegemónicos de un sistema creado luego de lo que fue, a mitad de la década del ’70, un novedoso experimento económico y social: la implantación a sangre y fuego de un modelo productivo basado en una teoría que, hasta entonces, sólo vigente en las aulas universitarias, el Neoliberalismo. Herramienta que las élites financieras, que asumieron el control de la economía luego del Golpe de Estado de 1973, usarían para arrasar con otro experimento, el de “la vía pacífica hacia el socialismo”, del Presidente Salvador Allende.

Élites que aprovecharían esa hegemonía para cambiar de raíz las bases de un país que tenía, entre otras cosas, a los partidos de izquierda más importantes de Latinoamérica, a un movimiento obrero extremadamente organizado, y que había sido gobernado históricamente por una de las clases dirigentes más lúcidas y moderadas de Latinoamérica.

Lo que comenzó como un original ensayo, no solo tomó musculatura durante los 18 años que duró la dictadura para luego ser el comodín de la democracia, sino que se expandió, primero hacia el continente y finalmente al resto del mundo. Un voraz modelo de concentración económica que sigue gozando de buena salud -y sobre todo de buena prensa-, pese a que desde 2008 el capitalismo mundial se encuentra jaqueado por la peor crisis económica desde la Gran Depresión.

Bachelet, a partir de su regreso al poder en 2014 luego de una gestión que había concluido cuatro años antes, se propuso realizar algunas reformas frente a lo que se evidenciaba como la agonía de ese pacto de cúpulas, en el marco de masivas protestas estudiantiles, obreras, del pueblo mapuche y de jubilados. Un pacto que había sido tolerado por la población en aras de un progreso, acompañado de su buena dosis de miedo, que no había sido ni tan profundo ni le había llegado a todos por igual, en uno de los países más prósperos y a su vez más desiguales de Latinoamérica. El más desigual de todos los continentes del mundo.

Bachelet, a partir de su regreso al poder en 2014 luego de una gestión que había concluido cuatro años antes, se propuso realizar reformas frente a lo que se evidenciaba como la agonía de ese pacto de cúpulas.

Esta vocación reformista, que acercó a los comunistas y alejó a los siempre fluctuantes democristianos, originó un paquete de propuestas: una reforma electoral que posibilitó una justa representación para los partidos no tradicionales, una laboral en un sentido progresivo, gratuidad sanitaria y educativa, habilitación del aborto en caso de peligrar la vida de la madre, una rediscusión sobre la jubilación pública y, la que tendría que haber sido la principal batalla, la reforma integral de la Constitución, que estuvo lejos de ser siquiera considerada.

La incapacidad por lograr mayorías parlamentarias que voten la totalidad las reformas, y, en el caso de las que si pudieron ser aprobadas, de implementarlas de manera integral, le generó al gobierno de Bachelet más perjuicios que éxitos. Por un lado, con un establishment furioso frente a medidas que consideraba extremistas e insolentes, y, por el otro, con unas bases desilusionadas frente a cambios que prometían ser más sustanciosos de lo que fueron y cuya reacción precipitó la constitución del Frente Amplio. Todo esto, sumado al bajo crecimiento económico, le auguraban a Piñera una fácil victoria y le vaticinaban al país un calmo regreso al status quo. Un panorama leído, no sin cierto voluntarismo, por la mayoría de los observadores mediáticos como un masivo rechazo de la población hacia el giro a la izquierda del Gobierno de Bachelet. Al final, y de momento, los resultados del domingo expresaron algo distinto.

El porcentaje con gusto a poco obtenido por Piñera, y la exitosa performance, en detrimento del actual oficialismo, de un Frente Amplio que propuso súbitos y sustantivos cambios, parece evidenciar que, por lo menos en lo político-electoral, la transición pactada ha llegado a su fin. Una transición que al igual que esa en la que se inspiró, la española, no puede mantenerse en pie frente a nuevas demandas democráticas de una población que le ha perdido el miedo a la extorsión de los tanques y los mercados. Esto es, en definitiva, la agonía de un pinochetismo sociológico que lleva casi cuatro décadas de vida. Y que, el 8% de los votos obtenido por el candidato de ultraderecha José Antonio Kast o los homenajes públicos a la memoria del General Matthei por parte de figuras notables, revelan que no desaparecerá sin dar pelea.

La performance en detrimento del oficialismo de un Frente Amplio que propone súbitos y sustantivos cambios, parece evidenciar que, por lo menos en lo político-electoral, la transición pactada ha llegado a su fin.

Ahora lo que resta es ver cómo seguirá un juego político en el que muchas certezas que hasta ahora parecían inexpugnables pueden empezar a cuestionarse. Intento que tiene sus límites en los márgenes que dan los candados del sistema político chileno y, sobre todo, los del capitalismo internacional, márgenes que en el mundo se han vuelto cada vez más estrechos. La tragedia que simbolizó en Chile el intento ahogado en sangre por realizar una revolución social desde la institucionalidad, y la farsa que representaron en muchos aspectos los fallidos gobiernos progresistas latinoamericanos, dan muestra, refritando nuevamente a Marx, que pese a las esperanzas de un cambio de época en Chile, las frustraciones, como a veces lo hace la Historia, pueden repetirse.

 

Martín Paolucci

Martín Paolucci

Periodista y analista internacional.

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