Alejandro Olmos Gaona: “Vamos hacia otra crisis de la deuda”

El especialista en endeudamiento asegura que con auditorías serias aún se podría discriminar la parte legal e ilegal de la deuda externa e interna de la Argentina. No duda en afirmar que gran parte de la misma pertenece a empresarios privados, que de manera inescrupulosa la transfirieron al Estado argentino tanto en etapas democráticas como durante la dictadura. Alerta sobre un endeudamiento compulsivo y sobre el estímulo a la especulación financiera en lugar de favorecer a los sectores productivos, y asegura que las políticas de Cambiemos comprometerán a mediano y largo plazo a las próximas generaciones de argentinos.


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¿Cómo es la situación de la deuda externa argentina?

El kirchnerismo hizo un canje de deuda, la deuda bajó, pero no tanto como decían las autoridades del Gobierno anterior. Si bien hubo un descuento importante a todos los que entraron al canje, se les dio un cupón atado al PBI que de alguna manera compensó la quita que se había hecho. Eso determinó que la deuda pública del país –que había quedado en más de 140 mil millones de dólares–, al terminar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, llegaba a 250 mil millones de dólares. Y eso después de haber pagado –según la ex Presidenta– 190 mil millones. Acá se produjo un proceso de pagar a los acreedores externos, endeudándose con agencias del Estado, o sea se sacó plata de fondos del Anses para pagarles a bancos extranjeros una deuda probadamente “trucha”, y además se sacó plata al Banco Nación, al Banco Central. Por lo que se transformó deuda externa en deuda interna, o deuda intra-Estado, que es menos conflictiva, porque bicicletear a los jubilados no es lo mismo que a los extranjeros. De todas maneras esa baja de la deuda determinó que al ganar el macrismo se encontrara con un panorama propicio para volver a endeudar al país externamente, y eso es lo que hizo: primero, pagar a los “fondos buitres” una deuda que sólo una parte era exigible, que se había tramitado en parte en el Juzgado del doctor (Thomas) Griesa, en Nueva York, pero todas maneras el Gobierno lo quiso reconocer todo y pagó. Todavía quedan pagar cerca de 7.000 millones de dólares, por lo cual el famoso default de alguna manera ha seguido, pero tranquilizó a los mercados, y eso determinó un crecimiento exponencial de la deuda; el año pasado hubo un endeudamiento neto de 38.500 millones de dólares, en este año ya se han emitido más de 30.000 millones de dólares, y dentro de ellos el famoso “Bono a cien años”.

El endeudamiento macrista ¿te trae reminiscencias del pasado?

Más allá de que hay permanente endeudamiento en letras del Tesoro a corto plazo, letras a un año, hay una política en la deuda que es muy parecida a la que hemos vivido en otras épocas: que no exista la posibilidad de que el Estado pueda pagarlas. Entonces la alternativa que se maneja es ir refinanciando con aumento permanente de intereses, siguiendo la máxima de (José Alfredo) Martínez de Hoz “la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses”. Esto determina que un país atado a los bancos acreedores está condicionado en su política económica, en las inversiones que tiene que hacer e, inevitablemente, toda la inversión que necesita, a través de recursos genuinos, tiene que derivarlas en gran parte a pagar deuda. Por ejemplo, ese bono a cien años, de alguna manera disimuló un bono a tres años por 75.000 millones de dólares que emitió el gobierno hace algunas semanas, a una tasa de interés del 26,5 por ciento.

Eso parece aun más grave que el crédito a 100 años.

Claro. Si se imaginan un bono de 75.000 millones a tres años, a una tasa de esa magnitud, lo que tendrá que pagar el Estado en esos tres años. Por otro lado hay un endeudamiento del que prácticamente no se hace mención, que es la deuda del Banco Central que emite Lebac a corto plazo, a esa misma tasa de interés. Esa deuda excede largamente a las reservas que tiene el Banco, por lo cual tiene una situación complicada, que por supuesto es simulada por los discursos, diciendo que esta política es fácilmente sustentable, pero en realidad vamos a otra crisis de la deuda que no será en los próximos cinco o seis meses, pero el año que viene inevitablemente el sector externo tomará tal relevancia por la cantidad de obligaciones que hay que cumplir y como no hay dinero para pagarla, entonces iremos a otra reestructuración o refinanciamiento, y así seguiremos con estos criterios que tiene el actual Gobierno.

“El kirchnerismo transformó deuda externa en deuda interna, o deuda intra Estado, que es menos conflictiva, porque bicicletear a los jubilados no es lo mismo que a los extranjeros”.

Y con el enorme pago de intereses anuales que significa comprometer a una economía que ya de por sí tiene cierta fragilidad.

Sí, y además todo esto que se planteó era supuestamente para calmar a los mercados, para facilitar las inversiones, pero las inversiones no han llegado. Aparentemente China, a través de unos convenios firmados últimamente, va a aportar algunos fondos, pero todas esas políticas de inversiones masivas no existen. Lo que existe es una enorme fuga de capitales, y existe un criterio privatista del Gobierno donde estamos manejados por funcionarios que han sido representantes de empresas privadas, y uno de los ejemplos claros es el actual Ministerio de Energía y Minería, donde todos, desde el ministro (Juan José) Aranguren hasta los que intervienen en las áreas estratégicas, han sido gerentes de empresas petroleras que compiten con YPF, que, por esas razones, parece que la Patria los ha movido y han dejado cuantiosos sueldos para venir a trabajar por 80-90 mil pesos en favor de la Argentina. Me cuesta creer estas cosas.

Si se toma el presupuesto anual del Estado argentino, ¿qué porcentaje se pagará de deuda externa?

Este año hay que calcular que se van a pagar alrededor de 12.000 millones de dólares de intereses, y el Banco Central va a pagar 250.000 millones de pesos de intereses de las Lebac. Es decir esa emisión de Lebac que sirven para absorber pesos determina un costo financiero de tal magnitud que entiendo se hará insostenible, no porque lo diga yo, lo dicen los economistas que responden a los esquemas privatistas, pero se dan cuenta de que es una política que no puede seguir funcionando. Cuando estaba el Gobierno anterior, la deuda de Lebac no era baja –25.000 millones de dólares–, pero el gobierno de Macri en un año y seis meses llevó esa suma a 58.000 millones de dólares. Con esa emisión descontrolada de letras, las tasas de intereses para pagar serán cada vez más difíciles. Por otro lado, de acuerdo al último informe del Ministerio de Economía, a diciembre del año pasado, la deuda creció casi a 300.000 millones de dólares.

De los 250 mil millones que quedaron hay casi 50 mil millones más consolidados.

Sí. A mí mucho no me extrañó, porque los que conocen los criterios con los que se ha manejado el Presidente saben que siempre dijo que debía pagársele a “los buitres”, arreglar con los acreedores, facilitar inversiones. Una cosa es contraer una deuda para una inversión genuina y otra cosa es para esta bicicleta, que significa que una persona que tiene dólares los venda, compre Lebac, reciba una tasa de interés del 26 por ciento, dentro de tres meses compre dólares y obtenga una ganancia espectacular.

Lo cual es desalentador de cualquier idea de inversión de la burguesía que persiste en la Argentina.

Por supuesto. ¿Quién va a invertir en inversiones que signifiquen ciertos riesgos, instalar algún emprendimiento, cuando financieramente puede hacer estas especulaciones y ganar mucha plata sin ningún tipo de trabajo?

“Si esa enorme deuda se auditara pondría en evidencia todos los manejos de las grandes empresas del país: nacionales y extranjeras. Por supuesto a los empresarios eso no les interesa”.

¿Hay caminos alternativos del manejo de la deuda externa a lo que hizo el kircherismo y lo que hace ahora el macrismo?

Claro. Uno de los ejemplos es lo que hizo Ecuador. Cuando asumió el presidente Rafael Correa ordenó una auditoría, en el 2007, que era un reclamo de organizaciones sociales desde hacía muchos años. Anunció que pagaría “lo que corresponda, previa auditoría”. Había evidencias de que se había pagado deuda que no correspondía, que había procesos muy parecidos a los de la Argentina. A través de esa auditoría se demostró que la gran mayoría de la deuda era un fraude, y dado el tamaño de país que tiene Ecuador, de no haber recibido apoyo de ningún país latinoamericano, Correa no tuvo otra alternativa para negociar. Les ofreció a los acreedores pagar en efectivo el 30 por ciento, sin hacer cambios de bonos con bonos para no seguir atado a todas esas cuestiones. Los bancos acreedores aceptaron porque atrás había una auditoría que mostraba cómo se había manejado el sistema financiero, el FMI, etc. Pero en la Argentina los gobiernos siempre se resistieron a auditar la deuda, se limitaron a refinanciarla y reestructurarla; si aquí se hicieran investigaciones exhaustivas demostrando como se habían hecho las operaciones esto serviría para cuestionar no solo la exterior, sino para llamar a los deudores privados, cuya deuda fue estatizada en 1982, y decirles que empezaran a devolver la plata que el Estado había pagado por ellos, y no estoy hablando de cifras menores, porque en 1983 cuando se fue la dictadura, de la deuda pública la mitad era de empresas privadas; y fue perfeccionada en 1985 a través de resoluciones del Banco Central. Hablo de empresas como Ford, Renault, las de la familia del propio Presidente de la República, que fraguaron deudas y se la transfirieron al Estado. Hubo proyectos en el Congreso que por supuesto fracasaron, incluso ahora cuando se le pagó a “los buitres”, el Gobierno iba a constituir una Comisión para seguir el endeudamiento, pero no se constituyó nunca. Así, las alternativas posibles siempre han naufragado. La deuda fue auditada en 1984, apenas asumió (Raúl) Alfonsín, y al año la investigación fue desarticulada porque estaba mostrando esa deuda privada, que no era una deuda real que el Estado debía asumir para evitar problemas en las empresas (despidos, quiebras, etc.) sino que era una deuda ficticia que hicieron las empresas que las estructuraron para beneficiarse ilícitamente con los seguros de cambio en ese momento. Si esa enorme deuda se auditara pondría en evidencia todos los manejos de las grandes empresas del país: nacionales y extranjeras. Por supuesto a los empresarios eso no les interesa.

Se mencionaba en plena crisis del 2001 la posibilidad de conformar una Comisión con asociaciones civiles que investigara el origen de esa deuda.

La sociedad civil podría hacer una auditoría ciudadana, como se hizo en Brasil, pero el problema es que los archivos argentinos están prácticamente cerrados. Es decir, aquí no hay información oficial sobre contratos, reestructuraciones. Esto se maneja a través de cifras, entonces eso conspira para una auditoría de la sociedad civil. Para que funcione debe estar hecha desde el poder político, porque es el que puede abrir los archivos y mostrar todos los procesos que se han hecho. Esa sería la única manera que una auditoría funcionara. Cuando se estaba por pagar al Club de París pedimos información al Ministerio de Economía y nos contestaron que no tenían ningún papel y que los tenía el Banco Central. Se lo pedimos y nos dijeron que no tenían ninguno y que se lo habían mandado todo a Economía. Se pasaban la pelota uno a otros, hasta que ante la exigencia de una acción judicial, el Ministerio de Economía nos mandó una nota diciendo que en algún momento el Banco Central les había mandado alguna documentación no debidamente sistematizada, esa documentación era simplemente una hoja de papel continuo con los nombres de los acreedores del Club de París y los montos, porque el Ministerio no tenía papeles y siempre se manejaba con las constancias de los acreedores; tal es así que en los reiterados oficios enviados por el Juzgado Federal Nº 2 al Ministerio de Economía y al Banco Central, para ver qué argumentaba acerca de cómo se había instrumentado la deuda externa pública del país, contestaban invariablemente que ellos no tenían registro de la deuda, sino simples anotaciones sin valor contable.

“Si no hay decisión política del Gobierno Nacional de hacer una auditoría como corresponde, no hay ninguna posibilidad de que lleguemos a conocer todos los vericuetos de la deuda”.

Es verdaderamente ridículo que se haya manejado de ese modo la deuda externa…

Y hay más. En un documento que encontré en el año 2006, firmado por (Domingo Felipe) Cavallo en 1993, elevado al Gobierno Nacional, le decía que la Argentina pagaba a sus acreedores, sin exigirles en ningún caso que acreditaran la legitimidad de los créditos que reclamaban, sino ante simples avisos de vencimientos, y Cavallo –siendo que eso no podía hacerse- decidió contratar a los propios acreedores para que ellos dijeran cuánto era el total de la deuda, y los intereses a pagar, es decir una cosa totalmente inconcebible. Con estas pautas, si no hay decisión política del Gobierno Nacional de hacer una auditoría como corresponde, no hay ninguna posibilidad de que lleguemos a conocer todos los vericuetos de la deuda.

Durante mucho tiempo se dijo que meterse con la deuda y manejarse de otra manera con los acreedores implicaba una serie de riesgos para el país, ¿cuál es la experiencia de Ecuador en ese sentido, tuvieron alguna represalia?

Absolutamente ninguna. Porque los acreedores se manejan en términos de los beneficios y los perjuicios que pueden tener. La suspensión de los pagos no implicó problemas con la exportación de petróleo, de banana ni de camarones, que son los principales productos que exporta el país. El Ecuador siguió funcionando normalmente.

¿No se aisló del mundo ni tuvo ningún bloqueo?

Absolutamente ninguno. Es que los acreedores saben lo que han hecho, y saben hasta dónde pueden tirar de la cuerda. En el caso de la Argentina es más evidente que el Ecuador, porque cuando Rodríguez Saá ordenó la suspensión del pago de gran parte de la deuda, aquí no pasó absolutamente nada, ni en 2002, 2003, ni 2004, y lo que pasó fue que el país al no pagar creció, y no hubo ningún tipo de amenaza de nada. En el 2005 y 2010 se hizo una reestructuración con los grandes bancos, es decir con los grandes del sistema financiero, por supuesto que se hizo lo que a ellos les convino, no a la Argentina, aunque la deuda haya bajado y no hubo ningún tipo de represalia. Hace muchos años, el embajador norteamericano Thomas Hendler, que fue subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del parlamento de Estado, hizo un excelente trabajo para ver qué pasaba si Latinoamérica no pagaba su deuda y estableció que ningún país individualmente podía entrar en default, y que si los países más importantes cuestionaban esto sería un serio problema al sistema, pero que el único país que estaba en condiciones de suspender los pagos y esas cifras las volcaba al mercado interno era la Argentina, porque el país es la quinta reserva metalífera del mundo, tiene energía atómica, tiene estructura económica suficientemente sólida para enfrentar cualquier tipo de acción, que es más que todo figurativa, porque a los acreedores les interesa cobrar, dentro de un año, dos o tres, al punto tal que los que se negaron a cobrar fueron una ínfima minoría, todos los demás entraron en los canjes, recibieron sus bonos, sus cupones atados al PBI e hicieron un gran negocio con la compra de títulos en default. Eso que dicen que significaría una catástrofe son cosas que se tiran. Analizando procesos de endeudamiento no solo de Argentina sino de otros países, hemos visto que más allá de algunos escarceos de grupos financieros, algunas amenazas a través de un papelito, ellos saben que si negocian con un país en determinadas condiciones, el país terminará pagando y así pasó con todos los países. Ecuador es el claro ejemplo, la primera deuda ecuatoriana se constituyó en 1824 y se terminó de pagar en 1975, y a partir de ahí volvieron a endeudarse. Así pasó con Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay. Nuestro país lo hizo siempre, desde el primer empréstito Baring hasta el día de hoy, y pagando mucho más de lo que debía porque reconoció deuda que no debió reconocer nunca.

Si se saca la cuenta hace rato se pagó la deuda legítima.

Sí. Eric Calcagno hace varios años hizo el cálculo y determinó que para 1995 la Argentina había pagado dos veces y media su deuda.

“Cuando se estaba por pagar al Club de París pedimos información al Ministerio de Economía. Contestaron que no tenían ningún papel, que los tenía el Banco Central. Se lo pedimos y nos dijeron que se lo habían mandado todo a Economía. Se pasaban la pelota uno a otros.”

Solés recalcar que en estas cuestiones hay responsabilidades compartidas. Por ejemplo cuando se trató el Presupuesto los legisladores del Frente para la Victoria –entre otros– autorizaron la emisión de deuda por casi 100.000 millones de dólares al Presidente Macri.

El Senado tiene mayoría el Frente para la Victoria. Cuando veo que critican el endeudamiento les señalo que hay culpa concurrente porque ellos han autorizado la emisión de deuda. El Congreso lo que no autorizó en el caso del “bono a cien años” fue el plazo, porque en la planilla anexa al artículo 34 de la ley de Presupuesto última, se establece que el plazo máximo para emitir bonos soberanos son cuatro años, y si bien en ese artículo 34 se lo faculta al ministro de Finanzas a efectuar modificaciones, se supone de acuerdo a principios elementales de Derecho Administrativo, que esas modificaciones deben seguir ciertas cuotas de racionalidad, pero no llevar de cuatro a cien años un bono que significa un endeudamiento casi perpetuo, porque están endeudando a cinco generaciones de argentinos a través de una emisión de 2.750 millones de dólares, que al suscribirse son 2.400 millones y que vamos a tener que pagar alrededor de 20.000 millones cerca de cien años, sin perjuicio de que haya modificaciones a los diez, quince o treinta años. ¿Cómo puede asegurar un Gobierno lo que puede pasar de acá a 20 años? ¡Mucho menos a cien!

¿Creés posible todavía una auditoría que diferencie qué es lo exigible de todo lo que aparece como deuda externa, o ya es una oportunidad perdida?

Cuando asumió Correa también decían que se había convalidado el proceso de endeudamiento y no había posibilidades, y eso a mí me hace ruido porque significa desconocer el orden jurídico, que en estos momentos es tan cacareada por Elisa Carrió y el Gobierno, que hay que respetar la decisión de los Tribunales y las leyes. El orden jurídico determina que una acción delictiva no puede ser materia de negociación por nadie. Fundamentalmente para nuestro ordenamiento jurídico, los actos ilícitos son nulos de nulidad absoluta (como) los actos en todas sus consecuencias. Entonces como nada de eso se ha respetado, entiendo que existe la posibilidad de hacer una revisión general. Si bien en estos momentos habría muchas dificultades, no para discriminar lo que es deuda legal de ilegal, pero sí para ver en poder de quien están los bonos, y al menos el pueblo argentino tendría una historia real de lo que pasó con la deuda, se podría poner en evidencia los manejos de las grandes empresas privadas que han defraudado al país, y eventualmente hacer reclamos. El fiscal Federico Delgado, que está a cargo de la denuncia penal que inició mi padre y yo continué, se ha cansado de pedirle a la Justicia que envíe las actuaciones a la Procuración del Tesoro para que ésta le reclame a las empresas privadas que devuelvan la plata que el Estado pagó por ellas, pero se ve que al juez (Federal) que interviene, (Sebastián) Ramos, no le interesa accionar contra las empresas privadas. Esto siempre es tabú en la Argentina, porque ¿cómo vamos a enfrentar a Renault, Ford, a los grandes bancos, Papel Prensa? cuyos avales no pagó y tuvo que ser asumido por el Estado. Todas esas presiones del poder real determinan que los gobiernos no se animen, quizás en estos momentos porque hay una gran complicidad con esos intereses (la empresa del grupo Macri transfirió al Estado deudas por más de 250 millones de dólares en 1982) pero en otros casos es porque no querían enfrentarse con ese poder. Esto me lo dijo claramente Oscar Parrili, cuando era secretario general de la Presidencia en nombre de Cristina Kichner. Por un lado hay complicidades y por otro hay temores de qué podría pasar si nos enfrentamos a ese poder. Creo que si no decidimos enfrentarnos a ese poder seguiremos inevitablemente así, en diciembre la deuda será de 300.000 millones, el año que viene de 350.000 millones, y seguiremos refinanciándolo. Cuando uno habla de 11.000 millones de dólares a la gente le cuesta entender qué significa, pero si lo llevamos a que sería construir: 6.000 viviendas por año, 300 escuelas por año, una enorme cantidad de hospitales, nos damos cuenta qué es lo que está pasando en la Argentina al pagar semejante deuda cuyo origen es claramente fraudulento como ha quedado probado.

QUIÉN ES

libro-olmos-gaonaAlejandro Olmos Gaona es historiador y especialista en derecho internacional, y ha investigado la deuda externa argentina y de América Latina. En su extenso currículum sobresale su asesoramiento al gobierno ecuatoriano de Rafael Correa para la reestructuración de su propia deuda exterior. Además continuó la causa que iniciara su padre en 1982, en la que la justicia federal (después de 20 años) declaró la ilegitimidad de la deuda externa. Es autor de La deuda odiosa (Peña Lillo, 2005) y vicedirector del Instituto de Proyectos de Proyecto Sur. Esta entrevista se realizó en el programa “En la Víspera” (Radio Nacional Concepción del Uruguay).

Entrevista de AMÉRICO SCHVARTZMAN y VALENTÍN BISOGNI 
Redacción de La Vanguardia

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