Marcha atrás

Ante iniciativas como las antivacunas, la inclusión de la homeopatía en el PMO o la falaz “Libertad religiosa”, los primeros en alzar la voz deberían ser quienes integran la coalición que gobierna.

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Hay varios niveles de análisis a partir de los cuales el actual Gobierno debería asumir un slogan más fiel a sus aparentes inspiraciones: “Marcha atrás”. El primero de ellos está constituido por la acumulación de medidas en las que el oficialismo tuvo que recalcular su anuncio original y dar un paso atrás, lo que ha dado pie al chiste de que las únicas buenas noticias que da el Gobierno de Mauricio Macri son las rectificaciones de sus propios anuncios.

En esa primera línea de “marcha atrás”, una lista provisoria no debería obviar la temprana designación por decreto de dos jueces en la Corte Suprema, el aumento de tarifas sin audiencias públicas, el patinazo respecto del reclamo de soberanía por las Islas Malvinas, la modificación por decreto en la ley de ART, la condonación a la millonaria deuda del Grupo Macri por el Correo Argentino, la modificación en el cálculo de la movilidad en las jubilaciones, la modificación del 24 de marzo como feriado fijo, la adjudicación de rutas aéreas a Avianca, la baja masiva en las pensiones por discapacidad… Son algunas en una lista de incontables desatinos.

Hay otras disposiciones “marcha atrás” que se concretaron sin tanta controversia, y en algunos casos, con la connivencia o el silencio de las principales fuerzas opositoras de la Argentina (o en el mejor de los casos, con alguna tibia objeción). En esta lista hay que incluir la supresión de gravámenes a las mineras y otros productos primarios, la reducción de alícuotas a productos suntuarios, como los autos de alta gama (de 50% a 20% y desde escalas más altas), el endeudamiento creciente y cada vez más preocupante (ver nota sobre el tema).

Algunas medidas “marcha atrás” (y pese a ser año electoral) se enfocan sobre aspectos que para sectores de la sociedad parecían derechos consagrados.

patras3MÁS QUE ERRORES

No se trata de cuestiones menores o de mero interés intelectual. Si se considera, por ejemplo, el caso de las mineras y su impacto social y ambiental, el retroceso es enorme. En los últimos años (y no porque el Gobierno anterior lo favoreciera, más bien todo lo contrario) el avance en la conciencia social sobre las problemáticas ambientales y la lucha de las Asambleas en todo el país, habían logrado que se comenzara a discutir cómo se deben resolver ese tipo de conflictos. Cada vez más voces advertían que se deben abordar mediante la participación ciudadana, como lo reconocen los pactos internacionales (Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la cual la Argentina es firmante: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.”) Ahora, con los hechos consumados, lo que se discute es si deben o no pagar impuestos. El retroceso no puede ser más evidente.

En otro nivel de “marcha atrás” (y pese a ser año electoral, lo cual revela fruición o torpeza) el Gobierno tiende a enfocarse sobre aspectos que para determinados sectores de la sociedad argentina parecían derechos consagrados: los subsidios a personas con discapacidad, los descuentos en medicamentos a jubilados, los planes Progresar, son algunos de estos casos. El rechazo público generalizado puso en cuestión estas medidas, y el oficialismo, a regañadientes, anunció la “marcha atrás”, aunque su primera reacción fue el consabido discurso eficientista: intentó mostrar respuestas “técnicas” ante los cuestionamientos. Así, denunció que personas que no son discapacitadas estaban recibiendo subsidios, que jubilados de buena posición económica no pagaban un peso por remedios, o que jóvenes que dejaron de estudiar seguían cobrando el plan.

No obstante, parece clara la lógica con la que arremete en cada uno de estos casos: suspendemos en masa, luego vemos los “daños colaterales”. La revisión “caso por caso” muestra al Gobierno decidido a recortar beneficios presentando como “privilegios” lo que esos beneficiarios ya asumían como “derechos”.

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PER SI COLA

Hay todavía una línea más que puede identificarse en la gran “marcha atrás” sostenida que parece proponerse el Gobierno. Una línea más absurda, en la que se inscriben piezas sueltas como las iniciativas legislativas conocidas en estos días: la eliminación de la obligatoriedad de las vacunas, o la inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de la homeopatía (una “medicina alternativa” cada vez más desacreditada). El gobierno se desmarcó, al menos de la primera: “Una barbaridad, es algo descabellado” dijo el subsecretario de Salud Pública sobre la iniciativa antivacunas de su propia diputada. Pero ¿se trata solo de una extraviada legisladora populista cool que cree (como también lo creen personas que no obstante se consideran “progres”) que las vacunas son perversas, que la homeopatía cura y que la ciencia es intrínsecamente mala? Puede ser. Hay reaccionarios de izquierda y de derecha.

Pero cuando se mira el contexto, es difícil aislar estos casos de otros que no pueden anotarse como iniciativas alocadas individuales, sino que parecen aspiraciones generales del Gobierno. En esa lista se anota, por ejemplo, la capacitación en misticismo cuántico a formadores de docentes que contrató el gobierno bonaerense, que motivó el reclamo de científicos argentinos. También la afirmación, poco tiempo atrás, del ministro de Educación, Esteban Bullrich, acerca de lo positivo que sería “enseñar todas las religiones” en la escuela pública. Y la que sobresale como más preocupante hasta el momento: la iniciativa legislativa “Sobre Libertad Religiosa” enviada al Congreso por el Ejecutivo que pretende consagrar la objeción de conciencia “para negarse a cumplir una obligación jurídica” incluidos funcionarios e instituciones.

patras2Esa iniciativa, dice el Gobierno, fue consensuada con la Iglesia Católica, la Evangélica, las asociaciones judías DAIA y AMIA, el Centro Islámico y la Iglesia Ortodoxa Griega, entre otras organizaciones. La impugnación de Amnesty Argentina, ante el silencio de las principales fuerzas de la oposición, les recordó con pertinencia, que en la Argentina hay además millones de habitantes que tienen el derecho de no profesar ninguna religión, cuyos otros derechos esa iniciativa podría vulnerar de manera directa.

Uno de los fundadores de FORJA, Manuel Ortiz Pereyra, contaba una anécdota: a sus clientes –los chacareros de un pueblo bonaerense– un almacenero italiano les anotaba en su libreta, entre otros artículos que aparecían en la lista, la venta de tantos pesos en concepto de “Persicola”. Después de pagar durante bastante tiempo “la Persicola”, uno de ellos le pidió que averiguara qué producto era ése, porque él no tomaba la conocida gaseosa. Ortiz Pereyra habló con el italiano y para su asombro el comerciante le dijo: “Ma, eso va per si cola. Si non cola, no va”.

Algo parecido, creen algunos, ocurre con el Gobierno de Mauricio Macri. Lo confirmó una intervención del ministro Bullrich en un panel realizado en 2014, en referencia a la ciudad de Buenos Aires: “Estoy develando la estrategia pero no importa porque es poco atacable igual”, decía el funcionario. “La estrategia” consiste en “lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo, porque el gremio focaliza… Cuando se dieron cuenta que alguna ya se implementó, van atrás de esa y avanzás con la que no habías avanzado”. Y añadió: es como “un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona”.

¿Se trata solo de una extraviada legisladora populista cool que cree que las vacunas son perversas, que la homeopatía cura y que la ciencia es intrínsecamente mala?


LA PROGRESIVIDAD EN CUESTIÓN

Como sea, y para enfocar en este último caso, la laicidad y tolerancia de la sociedad argentina no están tan consolidadas como alguno quisiera creer: en el gobierno anterior se produjo, vale recordarlo, el avance oscurantista sobre las escuelas salteñas o la negación a discutir, hasta hoy, cuestiones básicas de libertades individuales presuntamente garantizadas por la Constitución en su artículo 19. Al mirar el escenario completo, todo parece indicar que en este terreno, el Gobierno actual parece empeñado en impulsar una batería de medidas regresivas o, quizás, en demostrar lo débil que resulta la idea de progresividad emergente de los consensos contemporáneos en derechos humanos.

Hay que recordar que según ese criterio, una vez que las personas han adquirido derechos, éstos no se pueden disminuir ni en su contenido ni en su aplicación. Es más, en virtud de los tratados internacionales, el Estado tiene la obligación de promover todas las mejoras o reformas que contribuyan a respetar los derechos enunciados y “progresivamente” (es el otro sentido en que se usa el término: el que señala el diccionario, “que avanza o aumenta gradualmente”) producir los mecanismos para que se apliquen en un futuro si hoy no existen las condiciones para hacerlo.

Frente a todas estas líneas de “marcha atrás”, las fuerzas políticas y sociales y las personas que creen en la igualdad y la libertad no deben quedarse en silencio. En especial quienes integran la coalición que gobierna, para no perder la oportunidad de ser dignos y coherentes.

Américo Schvartzman

Américo Schvartzman

Director de La Vanguardia. Licenciado en Filosofía. Periodista. Autor de "Deliberación o dependencia. Ambiente, licencia social y democracia deliberativa" (Prometeo 2013).

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