Palos, gases y guardapolvos

El gobierno de Macri delineó una estrategia represiva contra los docentes que pretendían instalar una carpa itinerante. Hoy, los maestros responden pacíficamente con un paro en señal de protesta. Mientras los funcionarios gubernamentales justifican la represión, los organismos de Derechos Humanos manifiestan preocupación por el franco retroceso en la materia.

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Los docentes irán hoy al paro después de la represión del domingo por la noche mientras intentaban montar una escuela itinerante frente al Congreso con el trasfondo de una tensa negociación de paritarias. El episodio que terminó con cuatro detenidos y varios maestros golpeados es percibido como un quiebre en el proceso de endurecimiento de la respuesta estatal frente a la protesta social.

Fue cerca de las 20:00 del domingo cuando la policía de la Ciudad puso fin a las conversaciones que venían manteniendo con referentes de los gremios docentes de CTERA y UTE para el armado de la escuela itinerante. Lo que siguió fue una sucesión de hechos violentos: el uso de gas lacrimógeno, puñetazos, patadas, docentes que eran arrastrados por el piso tras querer manifestarse contra el gobierno que le reclamaba mayor “creatividad” a la hora de diseñar las medidas de lucha por el salario.

Los docentes denunciaron que en ningún momento se les exhibió orden judicial ni se hizo presente una autoridad judicial que ordenara el desalojo de la plaza. A los cuatro detenidos, Miguel Acuña, Juan José Mauro, Pablo Aschero y Carlos Díaz, se los liberó después de trasladarlos desde la comisaría 6° a la sede de la Comuna 4 de la Policía Metropolitana en Zabaleta y Chutro, Parque Patricios. Les levantaron cargos por hurto, resistencia a la autoridad y lesiones.

Los docentes denunciaron que en ningún momento se les exhibió orden judicial ni se hizo presente una autoridad judicial que ordenara el desalojo de la plaza.

Fuentes judiciales comentaron que la Procuradoría de Violencia Institucional (Procuvin) estaba analizando lo sucedido el domingo por la noche.  La Procuvin ha intervenido en casos emblemáticos en los últimos meses. En febrero del año pasado inició una causa penal contra la Gendarmería por atacar a un grupo de chicos que ensayaban para una murga en el Bajo Flores y el mes pasado denunció que la veintena de detenciones que siguieron a la movilización por el paro de mujeres fueron por cuestiones de género y odio a la orientación sexual de las personas que resultaron víctimas. También, señaló como arbitraria la detención de Milagro Sala, causa que hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Aval político

El accionar policial logró unir a la oposición – pasando desde el Frente para la Victoria (FpV), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), el massismo con sus claroscuros – y hasta sumó algunas voces de la alianza gobernante Cambiemos en el repudio, como el diputado Ricardo Alfonsín. Sin embargo, desde el gobierno nacional y porteño se justificó la actuación de la fuerza policial.

“Lo que pasó ayer (por el domingo) es que mientras se empezó a dialogar y se les dijo que vinieran hoy (lunes) a pedir un permiso, un grupo minúsculo comenzó a provocar y la policía actuó defensivamente. Eso ocurrió”, dijo el vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli.

Desde el Ejecutivo Nacional, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, también siguió en la misma línea. “Acá ellos estaban violando la ley. Hubo un grupo de oficiales de policía que hicieron cumplir la ley y, frente a eso, un paro nacional”, se quejó. “Realmente no se puede seguir de esta manera. Tenemos que todos llamarnos a tranquilidad”.

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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que la policía de la Ciudad actuó después de siete horas de negociaciones porque no se contaba con la autorización del gobierno de la Ciudad para montar la estructura para la escuela itinerante.

Lo cierto es que el hilo argumental de los funcionarios macristas penduló entre la defensa ante un supuesto ataque de los docentes y la falta de un permiso.  Para Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la justificación invocada por Santilli se ve más parecida a los casos de violencia policial que frecuentemente son presentados como casos de legítima defensa. “Eso apunta a desdibujar que se reprimió la protesta”, explica.

El hilo argumental de los funcionarios macristas penduló entre la defensa de la represión ante un supuesto ataque de los docentes y la falta de un permiso.

Sobre la existencia o no del preaviso, desde el CELS se argumentó que una instancia administrativa no puede, en ningún caso, estar por encima de un derecho constitucional como es el de la libertad de expresión.

Ecos del 1A

La marcha del sábado 1 de abril en favor del gobierno sirvió como un espaldarazo después de las masivas manifestaciones de marzo y le dio ánimos para enfrentar el paro del 6 de marzo de las centrales sindicales. En realidad, podría leerse que le dio un espaldarazo para disputar la calle con los manifestantes que armaran piquetes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

“No quiero tibios”, dijo Macri en la primera reunión de Gabinete post 1A, según contó ayer Patricia Bullrich en un programa del canal de noticias TN. “Y eso es lo que estamos haciendo”, remató la ministra de Seguridad, quien no perdió la oportunidad para sacar a relucir la estadística de su cartera. Según sus cálculos, hubo 1124 manifestaciones desde que Cambiemos está en el poder, casi tres por día. Esas cifras son las que, según ella, la motivan a hablar “uno por uno” con los jueces del país para controlar las protestas.

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La funcionaria también aprovechó la entrevista para cargar contra los docentes por haber llamado a un nuevo paro tras la represión y asoció las protestas con un ánimo destituyente.  “El bloqueo en la Panamericana es un bloque al gobierno”, dijo en referencia al corte organizado por la izquierda el jueves 6 y cuyo desalojo fue autorizado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. “No vamos a permitir que no nos dejen gobernar”, se envalentonó Bullrich.

“No quiero tibios”, dijo Macri en la primera reunión de Gabinete post 1A.

“Es evidente que el gobierno tomó la plaza del 1 de abril para endurecer su política represiva”, afirma la exdiputada y precandidata del FIT Myriam Bregman. “No es que antes no lo pensaran, sino que ahora se atreven sin más a dejar atrás esa parodia constante de decir que se defiende el diálogo. El cambio es notorio”, remarca.

Parafernalia represiva

Bullrich y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, tienen previsto reunirse hoy con los jefes de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura para decidir la compra de tecnología anti-manifestaciones y para decidir qué entrenamiento se les va a ofrecer a las fuerzas para tal objetivo.

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“El primer problema es pensar que la protesta tiene que ser disuelta”, apunta Tufró, para quien hubo un cambio importante en la concepción de la protesta desde la llegada de las autoridades de Cambiemos a la Casa Rosada.  “Se pasó de un paradigma que, aun con sus matices, privilegiaba la negociación política y regulaba la actuación policial limitando el uso de las fuerzas a otro en el que la protesta social es considerada como un obstáculo que debe ser removido cuando significa una ocupación del espacio público”, agrega el integrante del CELS.

Entre las adquisiciones que se proyectan están las grúas para retirar los autos que se estacionan en los piquetes en rutas o en la Panamericana, los dispositivos sónicos que emiten sonidos intolerables para el oído humano y otros que lanzan una espuma que se solidifica, facilitando la detención de manifestantes.

Pese a tener buena prensa, las llamadas armas “menos letales” son peligrosas  para salud, tal como advirtió meses atrás la Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO en inglés) – dentro de las cuales está el CELS o la ACLU de los Estados Unidos.

Lo que el domingo no se llevó

La represión a los docentes del último domingo parece haber sepultado al menos a nivel público una discusión entre los principales dirigentes del gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad. Hasta la semana pasada, desde Balcarce 50, se criticaba a Horacio Rodríguez Larreta por su negativa a desalojar manifestaciones y su distanciamiento del protocolo antipiquetes de la ministra Bullrich. Parece haber sorteado su bautismo de fuego.

Roberto Baradel, de SUTEBA, denunció desde la Plaza de los Dos Congresos que el comisario a cargo del operativo les había dicho que la orden de desalojar venía directamente desde presidencia. ¿La directiva se canalizó a través de cadena de mando informal desde la Rosada o se trató un cambio de postura de Rodríguez Larreta?

No parece ser tiempo de interrogantes.  Ya lo ha confesado la ministra Bullrich: no son tiempos para tibios.

 

 

 

Luciana Bertoia

Luciana Bertoia

Luciana Bertoia es periodista y politóloga. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Escribió en Página/12, Buenos Aires Herald, Miradas al Sur y Ámbito Financiero.

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