“No es sólo el juez Rossi: es el Estado, es la Justicia”

Distintas voces señalaron con énfasis que el juez que dejó salir a Sebastián Wagner es solamente una parte del problema. La inexistencia de perspectiva de género en la justicia, el juicio abreviado en delitos sexuales, el Registro de Violadores nunca efectivizado, la indolencia del control posterior a la liberación, son algunas de las tramas de una telaraña que determinó el peor final para Micaela García.

micaela

El hallazgo del cuerpo de Micaela García se produjo el sábado en la ciudad entrerriana de Gualeguay, después de estar desaparecida una semana. Casi de inmediato arreciaron los pedidos de enjuiciamiento contra el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, que permitió salir de la cárcel al principal sospechoso del crimen, Sebastián Wagner, un doble violador condenado por dos violaciones anteriores de características muy similares, y con una tercera acusación que no prosperó.

Desde el senador nacional Juan Manuel Abal Medina (FPV) hasta el presidente de la Nación Mauricio Macri, pasando por entidades feministas de la provincia, hubo inmediatos pedidos de destitución o apartamiento del juez Rossi. El senador, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, señaló que “de haber respetado el juez los informes de los especialistas hoy Micaela estaría con vida, la justicia debe dejar de mirar para otro lado y comprometerse realmente con la ciudadanía”. Macri avaló los dichos del ministro de Justicia, en similar dirección: “Debemos transmitir un mensaje contundente y claro, como el del ministro pidiéndole la renuncia al juez”. La ONG Red de Alerta de Paraná oficializó este lunes el pedido de juicio político por mal desempeño contra el magistrado Rossi.

En el medio hubo voces oportunistas que desde posiciones tan autoritarias como éticamente miserables, quisieron aprovechar la angustia generada por este nuevo femicidio para avanzar en una ofensiva contra las garantías constitucionales y a favor de politicas de “mano dura”.

En cambio, hubo distintas voces que sin restarle en nada responsabilidad al indolente juez que dejó salir a Wagner, señalaron con énfasis que su actuación es solamente una parte del problema.

En esa dirección, y yendo de los aspectos más específicos a los más generales, cuestionaron el uso del juicio abreviado en determinados delitos, reclamaron por el incumplimiento de leyes como la creación del Registro de Violadores nunca efectivizado, denunciaron el nulo rol del Patronato de Liberados, y resaltaron la aún inexistente perspectiva de género en la justicia.

Parecen ser algunas de las tramas de una telaraña que determinó el peor final para Micaela García.

Aparecieron voces tan autoritarias como éticamente miserables que quisieron aprovechar la angustia de este nuevo femicidio para avanzar contra las garantías constitucionales y a favor de politicas de “mano dura”.

EL JUICIO ABREVIADO Y LOS DELITOS GRAVES

El tribunal que condenó a Wagner en 2012 lo hizo en un juicio abreviado, instancia que se ha puesto en funcionamiento en diferentes provincias: se trata de un mecanismo que tiende a simplificar el sistema de enjuiciamiento penal, mediante trámites más sencillos y veloces. Uno de sus beneficios es acortar o eliminar los períodos de prisionización de los imputados bajo la modalidad de la prisión preventiva, que siempre afecta a las personas más débiles, y extiende sus esperas hasta el juicio oral.

En la práctica el juicio abreviado se suele reducir a una negociación entre el fiscal y el abogado, en la que, a partir de la aceptación de la culpabilidad, se consensúa una pena para la persona acusada. Por supuesto que el juez o el tribunal pueden rechazarlo. Como dice el estudioso Sergio Manuel Terrón, “las negociaciones que subyacen en este tipo de juicios no deben soslayar el debido proceso y las garantías fundamentales del imputado, pues no se trata de un simple contrato como los que vemos en el tráfico comercial, aquí se encuentra en juego nada menos que la responsabilidad penal y a menudo la libertad de los imputados”.

En los países de donde se importó, el procedimiento abreviado solamente se usa en casos de pequeña y mediana criminalidad.

Presentado como un éxito en varias provincias que lo adoptaron, porque efectivamente aligera los trámites, este sistema se “importó” de su uso en los Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil y España entre otros países. Con un detalle significativo: en esos lugares el procedimiento abreviado se usa sólo en casos de pequeña y mediana criminalidad. ¿Desde qué perspectiva se consideró, en la Argentina, que los delitos sexuales pueden ser incluidos en esas instancias? Para las organizaciones como la Red de Alerta, eso es “parte de la violencia institucional contra las mujeres”:

“Medidas como la probation, la libertad condicional y el cobro de fianzas ante delitos que atentan contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres, demuestran la violencia institucional que estamos padeciendo por parte del Poder Judicial, quedando en permanente riesgo mujeres y jóvenes, cuando son estos jueces los que deben garantizar institucional y constitucionalmente la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Pero eligen otro camino: el de poner en riesgo a nuestras niñas, adolescentes y mujeres, premiando en vez de castigar a los abusadores y a los violadores y, por lo tanto, imperando una total impunidad a sabiendas de que la impunidad genera mayor impunidad”.

CONTRA EL JUICIO ABREVIADO

A la luz de los hechos, cobró mucha fuerza el cuestionamiento que algunos profesionales venían realizando. En Entre Ríos, por ejemplo, el experimentado abogado Gustavo Soppelsa, califica al juicio abreviado como “una espantosa praxis en casos como éste, de un violador serial peligrosísimo. Lo que carcome desde sus cimientos la seguridad, no sólo de las mujeres amenazadas por violentos, sino también de muchas otras víctimas potenciales de delincuentes agresivos y capaces de matar o lesionar gravemente, está ubicado en la desviación inadmisible de pedir de parte de las fiscalías penas totalmente irrelevantes y ‘contratar judicialmente’ sobre eso con los defensores a través del juicio abreviado”.

“Rossi pudo cometer una terrible negligencia, y ser destituido, pero centrar el problema sólo en él es el suicidio de la sociedad, porque Wagner iba a terminar de cumplir su condena en poco tiempo más. Los escasos nueve años no se los impuso Rossi; y en poco más de dos años hubiera habido otra chica atacada y muerta. Tal vez nuestra hermana, nuestra novia, o nuestra hija, y no la de los García, sufriendo su misma suerte”.

Pocas horas después de la aparición del cuerpo de Micaela García, varios legisladores (tanto oficialistas como opositores) anunciaron proyectos para modificar el Código Procesal Penal e impedir que se use el procedimiento abreviado en casos enmarcados en violencia de género o delitos contra la integridad sexual de las personas.

La ley está desde 2013 en la Nación y 2011 en la provincia, pero el Registro de Violadores nunca se puso en marcha.

EL REGISTRO DE VIOLADORES

En julio de 2013 se sancionó en la Argentina la Ley 26.879 que estableció el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. La norma crea un registro con información y material genético de personas condenadas con sentencia firme por delitos sexuales, pero nunca fue reglamentada.

“Nos dejaron contentas con la ley pero nunca más se hizo nada”, dice Silvia Irigaray, fundadora de las Madres del Dolor. También contó que un año y medio atrás se enteraron de que el registro no se había puesto en marcha. En una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, “casi por casualidad le preguntamos cuántas personas había en el registro y ahí nos dijo que nunca se puso en práctica”, agregó. “Con el registro, esto no pasaba”, agregó en referencia al caso de Micaela García.

Sin embargo, Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, no coincide: “El registro no podía evitar esta muerte. Acá el punto es que hay que cumplir las leyes. El derecho no resuelve ni previene problemas, pero existe y tiene herramientas que están para aplicarse. Es una herramienta imperfecta pero empecemos por cumplirla”.

El caso de Entre Ríos parece darle la razón: en la provincia de Micaela, la norma es anterior. La Ley 10.015 fue aprobada en 2010, pero el Registro de Violadores creado por esa normativa nunca se puso en práctica, porque el Ejecutivo (ni el anterior, encabezado por Sergio Urribarri, ni el actual de Gustavo Bordet) jamás la reglamentaron. Según la norma un Banco o Registro de Datos Genéticos de autores de delitos contra la integridad sexual, debe contar con datos de identidad, físicos, pena recibida por el delito juzgado, antecedentes judiciales, fotografías y muestras de ADN del reo que debieran destinarse a un sitio de Internet que puede ser consultado por la gente. Pero como nunca se reglamentó, en los hechos es letra muerta.

El gobierno nacional parece seguir por el mismo camino. La líder de Madres del Dolor cuestionó al ministro de Justicia macrista: “A nosotros (en aquella reunion) Garavano también nos dijo que estaba en marcha, pero pasó un año y medio y no se hizo nada. Yo creo que Micaela va a ayudar a que este registro empiece a funcionar”, se esperanzó.

La comisión de Ni una menos se preguntó: “Una vez cumplida la pena se reintegran a la sociedad, ¿cumplen con algún tratamiento adentro? ¿de qué manera el Estado los restituye a la sociedad?”

EL PATRONATO DE LIBERADOS Y LA REINSERCIÓN

La cadena de negligencias, irresponsabilidades y hechos menores que termina con el hallazgo del cadáver de Micaela en un descampado de Gualeguay parece acrecentarse cuanto más se va a fondo en el detalle de cada aspecto de su trágica historia. El Patronato de Liberados es un eslabón más de esa cadena.

La institución que que tiene a su cargo velar por la conducta de los condenados con libertad condicional, junto a los juzgados de Ejecución de Penas, es en Entre Ríos el Patronato de Liberados. Depende del ministro de Gobierno y Justicia, que es Mauro Urribarri, hijo del ex gobernador que actualmente preside la Cámara de Diputados, y pieza clave del gobierno de Bordet.

Tras la aparición de Micaela, se alzaron voces para denunciar que el organismo carece de la mínima infraestructura para cumplir su rol, y que está a cargo de una funcionaria sin ningún antecedente en la materia. Esa funcionaria (triste coincidencia: también se apellida Wagner, aunque sin parentesco con el acusado por el asesinato de Micaela) es quien debía observar al penado, su lugar de residencia, su conducta, su trabajo, e informar al juzgado incluso para pedir que se revocara la libertad anticipada. Para “cumplir” lo que se hace es simplemente obligar al liberado a que cada 20 días se presente a firmar en el Patronato. El propio jefe del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, José Luis Mondragón, afirmó que Wagner no se presentó a hacerlo.

Claro que antes del Patronato uno podría preguntarse por “la reforma y la readaptación social de los condenados”, que es la intención “esencial” de las penas privativas de la libertad, según el Pacto de San José de Costa Rica.

En su comunicado por el caso de Micaela, la coordinación nacional de Ni una menos fue una de las organizaciones que señaló esta cuestión. “Los detenidos por delitos como los cometidos por Wagner tienen una condena que puede promediar los diez años, de acuerdo a cada caso. Una vez cumplida la pena se reintegran a la sociedad, ¿cumplen con algún tratamiento adentro? El mecanismo más utilizado por el servicio penitenciario es recluir a los agresores sexuales en los pabellones de la comunidad evangélica en la intuición de que una moral sexual encauzará sus conductas posteriores; otro es encerrarlos con quienes el servicio identifica como “homosexuales”. Esto parece ser todo lo que el servicio hace, ¿de qué manera el Estado los restituye a la sociedad?”

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Bajo el título “Encontraron asesinada a Micaela: el Estado es responsable de cada femicidio”, la declaración de Ni una menos fue un poco más lejos, en busca de las cuestiones de fondo:

“Ni más cárcel ni más penas ni más castigos son respuestas a nada. La violencia contra las mujeres, lesbianas y travestis no se resuelve con el Código Penal -una herramienta que comienza a actuar una vez que las violencias ya se imprimieron en nuestros cuerpos-, necesitamos políticas integrales de prevención para un problema complejo y un Estado que deje de ser cómplice y asuma un compromiso real”.

También la titular del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), María Fabiana Túñez, apuntó contra el juez Carlos Rossi, “Aquí hay dos responsables, ambos producto de un sistema socio cultural machista y patriarcal. Por un lado, el asesino y por el otro lado el juez de Ejecución de Penas Carlos Alfredo Rossi quien decidió hacer oídos sordos ante el informe del Servicio Penitenciario provincial y el dictamen de la Fiscalía que desaconsejaban su liberación”, dijo Túñez. Agregó: “En esta ocasión falló la Justicia, poniendo de manifiesto una vez más, lo crucial que resulta transversalizar la perspectiva de género en todos los poderes del Estado, acción sobre la que estamos trabajando intensamente”.

El comunicado de Ni una menos retrucó con energía a la funcionaria. Le reprochó que se pusiera a distribuir responsabilidades “lo más alejadas posibles a su esfera de acción” y luego se preguntó:

“Más allá de la evaluación sobre la pertinencia de la libertad adelantada por el juez nos cabe preguntar ¿Qué políticas de prevención de violencia de género realiza el CNM?, ¿alguna en los servicios penitenciarios?, ¿por qué desde el Gobierno se debilita cada vez más al Programa Nacional de Educación Sexual Integral? El mismo Gobierno que pretendió quitarle 67 millones de pesos del presupuesto al CNM, y tuvo que restituirlos frente a la reacción y la denuncia de organizaciones de la sociedad civil y el periodismo comprometido”.

En un sentido similar, se expresó la abogada penalista y especialista en derechos humanos, Elizabeth Gómez Alcorta: “Cuando se enfoca la discusión en un nombre se pierde la oportunidad de hacer una discusión seria con un abordaje que permita entender cómo es que una importantísima cantidad de varones repiten patrones violentos vinculados a las mujeres, y lo reduce a un caso privado, en particular, un fenómeno que responde a una estructura, social económica y cultural en el cual nosotros nos manejamos. A Micaela no la mató el garantismo, la mató el machismo”, concluyó.

El intento más flagrante de aprovechar la tragedia con fines subalternos lo protagonizó el fiscal entrerriano que actuó en el juicio abreviado al propio Wagner.

OPORTUNISMO Y MISERIA

El caso más flagrante de intento de aprovechamiento de un suceso tan tenebroso para fines subalternos lo protagonizó, increíblemente, el fiscal entrerriano que actuó en el juicio abreviado al propio Wagner.

En efecto, el fiscal Diego Young dijo por TN que “el garantismo” era el culpable de lo que ocurrió con Micaela García. “Esto es gracias a las doctrinas que enseñan en la universidad pública y en la universidad privada, el señor Zaffaroni y toda la banda”, dijo Young. “Estas cosas son un cachetazo al prestigio de la institución judicial. Salen y matan y la justicia es la que los liberó. Para la sociedad es la Justicia, no es (el juez Carlos) Rossi, es la Justicia la que liberó a este personaje, y es el prestigio de la Justicia el que no se sostiene por las decisiones de unos pocos”.

Lo increíble, lo que revela el cinismo de este funcionario de la justicia es que no fue “el garantismo de Zaffaroni” sino él mismo quien acordó 9 años para Sebastián Wagner, un doble violador probado y confeso, a quien le podrían haber correspondido muchos más. Fue Diego Young, como fiscal, en el juicio abreviado realizado en 2012 en la Cámara Penal de Concepción del Uruguay. El fiscal dijo también a TN que Wagner “tiene una perversidad natural”. ¿Cómo explica entonces esa condena leve? Es decir, gracias a Young, si Wagner no salía por decisión de Rossi en 2016, iba a salir en 2019. Este funcionario judicial hipócrita fue quien decidió eso. No el “garantismo de Zaffaroni y la banda”.

Fue este fiscal, además, el que confirmó la absolución de Wagner por el tercer caso, surgido cuando ya estaba preso, porque aunque el estudio de ADN lo señalaba, se desligó acusando a su hermano gemelo que tiene el mismo ADN. Young decidió no acusar alegando que sólo un estudio carísimo en Alemania podía dar un resultado más certero.

Pero hay más. No fue “el garantismo de Zaffaroni y la banda” el que dejó libres a todos los acusados por el crimen de Flavia Verónica Schiavo, que sacudió a Concepción del Uruguay en 1999 y permanece impune. Fue Diego Young, en una actuación que fue cuestionada por la propia Corte Suprema en 2006. Este hipócrita fiscal fue premiado por la justicia entrerriana como fiscal de Cámara Coordinador.

Vale recordar la insistencia de Carmen Argibay, la primera mujer en la Corte Suprema, para que todos los funcionarios judiciales se capacitaran en perspectiva de género.

DISCUTIR TODO

En estos días, algunas personas recordaron la insistencia de la fallecida Carmen Argibay, la primera mujer en la Corte Suprema de Justicia, en la necesidad de que todos los funcionarios judiciales se capacitaran en perspectiva de género, que pudieran adquirir una mirada para visualizar las cuestiones desde otro lugar, para aplicar la perspectiva de género en los casos concretos. La lúcida pertinencia de aquella tozudez se agiganta al revisar el entramado de cada caso concreto.

Como escribimos el mismo sábado en que se conoció el hallazgo del cadáver de Micaela: “El juez Rossi no está solo. Es solo la cara, hoy. Todo el sistema judicial es el que permite que el violador condenado hubiera salido de todos modos -como en este caso- dos o tres años más tarde; el tribunal que le concedió 9 años (cuando el máximo son 15 años, y al ser dos hechos podrían haber sido mucho más que 9 años); fiscales que no apelan una decisión absurda; magistrados que no consideran los informes que desaconsejan esa decisión; responsables de esos informes que, pese a no estar de acuerdo, no se animan a cuestionar la resolución del magistrado; legisladores que jamás toman el tema ni admiten discutir la ley que permite que acusados de varios delitos sexuales puedan salir de nuevo a las calles, pero hoy, como caranchos, salen a pedir un ‘jury’ contra el juez; hay un entramado, una telaraña que, al no incorporar la perspectiva de género, al no incluir la mirada de las víctimas ni las conclusiones científicas, determina este desenlace”.

 

Foto: Mario Rovina

Redacción de La Vanguardia

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