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La escuela es laica: el procurador ante la Corte dictaminó contra la enseñanza religiosa en la escuela pública de Salta

El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que corresponde el cese de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas salteñas, porque es “una grave interferencia en la libertad de religión y conciencia”.

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En la provincia de Salta, gobernada por el peronista Juan Manuel Urtubey, se enseña religión en todas las escuelas públicas en horario de clase. Esta medida oscurantista y discriminatoria fue habilitada por una ley provincial en 2008, impulsada por el entonces kirchnerista Urtubey. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y un grupo de madres y padres accionó contra esa norma y en 2013, la corte máxima de la Justicia salteña falló a favor de la enseñanza católica en las escuelas públicas de la provincia. La resolución fue apelada y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Ahora, en una medida que empieza a poner las cosas en su lugar, el procurador fiscal ante la Corte, el reconocido jurista Víctor Abramovich, consideró que la educación religiosa que se dicta en las escuelas salteñas es discriminatoria y lesiona la libertad de culto, y recomendó su “cese”.

LA EDAD MEDIA EN SALTA

La Edad Media rige en Salta: en las escuelas públicas salteñas, se realiza una peregrinación de las escuelas a la Catedral Basílica, previa a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, los patronos tutelares de Salta.

Uno de los argumentos que esgrimen los defensores de esta norma violatoria de la laicidad del Estado y de la escuela pública, es que los alumnos que profesan otras religiones, a través de sus padres, pueden elegir participar o no de la visita a la Catedral.

“La semana previa a la Peregrinación de las Instituciones, el maestro de Religión prepara a los alumnos para recibir a dos sacerdotes que los van a confesar”, explicaba en una nota un docente de 7° grado del Hogar Escuela Carmen Puch de Güemes. Otra docente de Religión,que no dio su identidad ni escuela, porque sus autoridades no les permiten dialogar con los medios, dijo a Clarín en su momento que: “La Santa Biblia es tema central de las clases, en el cual participan todos los alumnos de distintas religiones. Nadie se queda afuera. Trabajar con la Santa Biblia es una experiencia muy importante porque genera un respeto y una convivencia especial entre los alumnos en el aula”.

Curioso respeto y convivencia, que se construye sobre la base de imponer el texto “sagrado” de una creencia a todos los niños y niñas, sin importar cuál es su procedencia ni las opiniones de sus familias acerca de la religión, en un país cuyo único texto sagrado, la Constitución, establece la total libertad de cultos.

“GRAVE INTERFERENCIA”

La demanda de familias salteñas, que se presentó con apoyo de la Asociación por los Derechos Civiles, busca que la religión deje de ser una asignatura y que los niños no tengan que rezar o ir a misa en horario de clase.

El dictamen del procurador Abramovich, que se conoció el viernes 12 de marzo, establece que “la instrucción en una religión determinada en el horario escolar y como parte del plan de estudios ha resultado, en la práctica, en una grave interferencia en las distintas dimensiones de la libertad de religión y conciencia”.

El funcionario indicó que “corresponde ordenar el cese de la enseñanza religiosa dentro del horario escolar y como parte del plan de estudios, así como de la realización de prácticas religiosas como los rezos, bendiciones y oraciones en los cuadernos”.

“Estas normas coadyuvan, en los hechos, a la segregación y a la consolidación de prejuicios o estereotipos en contra de las minorías religiosas, con la gravedad de que la escuela pública primaria es una oportunidad esencial para formar a los niños y niñas en la diversidad y el pluralismo religioso”.

El dictamen es contundente: “La aplicación de las normas cuestionadas coadyuvó, en los hechos, a la segregación y a la consolidación de prejuicios o estereotipos en contra de las minorías religiosas, con la gravedad de que la escuela pública primaria es una oportunidad esencial para formar a los niños y niñas en la diversidad y el pluralismo religioso”.

En 2012, un fallo de primera instancia del juez salteño Marcelo Domínguez había ordenado a la Provincia garantizar que los niños no se vean obligados a participar de prácticas católicas en clase y que los programas incluyan contenidos de todos los credos. Pero Domínguez no aceptó declarar inconstitucionales los artículos de la Constitución Provincial y de la ley provincial de educación por los cuales se enseña religión. Profundizando ese anacronismo, en 2013, la Corte de Justicia de Salta consideró que la educación confesional es constitucional y que los niños pueden rezar o ir a misa como parte de la jornada escolar siempre que sea dentro del horario de catequesis.

Las familias demandantes apelaron entonces la sentencia y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que requirió un dictamen de la Procuración General de la Nación.

COACCIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN

El procurador fiscal ante la Corte Suprema opinó que son constitucionales el artículo 49 de la Constitución local, que garantiza el derecho a recibir educación religiosa, y la ley provincial de educación “a excepción de las cláusulas del artículo 27”, que prevén que este tipo de enseñanza se debe dar en el horario escolar.

Al intervenir en la cuestión, el Procurador Abramovich agregó que “el hecho de que niños y niñas no católicos sean instruidos en el catolicismo durante el horario escolar implica una presión indebida en su libertad de elección, máxime considerando que ello acontece en un ambiente tan permeable a las influencias como la escuela primaria y en el contexto de una sociedad con una religión fuertemente predominante”.

En tal sentido, sostuvo que “se encuentra acreditado que mientras los alumnos católicos reciben educación religiosa de acuerdo con sus propias convicciones, los alumnos no católicos son instruidos en una religión en contra de sus convicciones, y los pocos que deciden no participar no reciben una instrucción académica alternativa. Para más, el hecho de que algunos niños y niñas sean señalados como ‘no creyentes’ en el boletín de calificaciones, configura un elemento de coacción, estigmatización y discriminación”.

Abramovich concluyó que “el modo en que se implementó la educación religiosa en la escuela pública, dentro del horario escolar y como parte del plan de estudios, lesiona severamente los derechos constitucionales fundamentales de las minorías religiosas y no religiosas. Esas restricciones son desproporcionadas e innecesarias y, por ello, inconstitucionales”.

AHORA DEBE DECIDIR LA CORTE

La abogada de las familias que iniciaron la demanda, Graciela Abutt Carol, dijo a El Tribuno de Salta que el dictamen del procurador es una “señal auspiciosa”: “La Procuración General de la Nación se pronunció de manera contundente sobre la libertad religiosa en las escuelas públicas”, dijo la profesional, y destacó que para Abramovich la ley provincial de educación “lesiona severamente derechos de las minorías. Se revirtió la desatinada aserción de la Corte salteña que infería la obligatoriedad y justificación de la catequesis escolar de la hegemonía religiosa de la provincia”, agregó.

Víctor Abramovich es procurador fiscal ante la Corte desde septiembre de 2015, luego del concurso para magistrados del Ministerio Público Fiscal, la elevación de las ternas y el acuerdo del Senado de la Nación tras la designación del Poder Ejecutivo. En la terna, Abramovich había quedado ubicado en primer lugar.

Es abogado por la Facultad de Derecho (UBA) y LLM por la American University de Washington, D.C. Fue secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Púbicas en Derechos Humanos (IPPDDHH), miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, asesor legal de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es profesor de derechos humanos en la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús, donde dirige la Maestría en Derechos Humanos, profesor visitante de American University y autor de gran cantidad de publicaciones, especialmente sobre derechos económicos, sociales y culturales.

Ver dictamen completo aquí.

En base a Fiscales.Gob.Ar y El Tribuno de Salta

Redacción de La Vanguardia

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