Guatemala juzga a militares por delitos de lesa humanidad

La justicia guatemalteca procesó a diversos militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante los años ochenta. Se los acusa de violaciones y desapariciones. Ellos argumentan, con cinismo, que se trata de “una venganza de la izquierda”.

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La justicia guatemalteca ha tomado el toro por las astas. Ahora, los militares retirados Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Luis Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas serán procesados por la desaparición de un niño de 14 años y la violación, la tortura y la detención de su hermana de 21, durante el conflicto armado vivido en Guatemala durante los años ochenta. Las vejaciones fueron cometidas en 1981. El niño no aparece desde el día en que fue detenido por los militares. Su harrmana, que sorbevivió, hizo pública la situación que ha conmovido a toda la sociedad guatemalteca.

Los militares deberán enfrentar un juicio que determinará su responsabilidad en delitos de lesa humanidad, desaparición forzosa y violación. El juez de la causa, Víctor Hugo Herrera, así lo ha decidido. Sin embargo, mofándose y criticando a la justicia del país, el general Zaldaña Rojas, uno de los principales implicados, afirmó que todo esto se trata de “una venganza de la izquierda”. La llamada “venganza de la izquierda” no se corresponde con la realidad, pues en el gobierno del país – si es que los militares apuntan a él – está el humorista Jimmy Morales, quien no es exactamente un político progresista.

La fiscalía ha afirmado que la joven de 21 años fue detenida el 27 de septiembre de 1981 en un puesto policial de una ruta del occidente guatemalteco. Desde allí fue llevada al área militar Manuel Lisandro Barillas, donde recibió vejaciones, torturas y violaciones sistemáticas. Después de ocho días de cautiverio, logró escapar. Solo un día después de su fuga, diversos militares vestidos de civiles acudieron al domicilio de sus padres para detenerla, pero al no hallarla allí retuvieron a su hermano. El niño de apenas 14 años nunca volvió a aparecer.

El caso es uno de los tantos que involucran a las Fuerzas Armadas del país, cuyo comportamiento debe ser caracterizado como terrorismo de Estado. Según diversos organismos, como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), las bases militares fueron verdaderos centros clandestinos de detención en los que las violaciones y las torturas eran moneda corriente.

Ahora el caso está en manos de la Justicia. Esperemos que esté a la altura de la democracia y de la verdad. La condena, dicen los analistas más respetados, debería ser ejemplar.

Redacción de La Vanguardia

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