La deuda del Correo se transformó en un problema grave para el Gobierno de Macri

Aunque en primera instancia el Gobierno minimizó la gravedad de la situación, las derivaciones de la revelación de la millonaria condonación lo complican en varios frentes.

macri-y-pena

El Gobierno demoró varios días en dar alguna respuesta tras conocerse la noticia de que, seis meses atrás, había aceptado un acuerdo por la deuda del ex Correo Argentino S.A., en el que condonaba casi la totalidad de la cifra actualizada. La información se conoció porque el sitio Fiscales.gob.ar, del Ministerio Público Fiscal, publicó el dictamen de la fiscal que consideró al acuerdo «ruinoso» para los intereses del Estado e «inadmisible».

Por donde se lo mire, configura un escándalo que, incluso, recibió cuestionamientos desde dentro del oficialismo: un Gobierno que perdona una acreencia millonaria a un grupo económico integrado por quien encabeza ese Gobierno.

A una semana, las ramificaciones del conflicto perjudican al macrismo de manera simultánea en varios aspectos.

La imagen de la gestión que venía a terminar con las prácticas destinadas a favorecerse desde el Gobierno, sufrió un impacto inocultable.

EN EL EXTERIOR

La imagen de la gestión que venía a terminar con prácticas arbitrarias, discrecionales o pensadas para favorecerse desde el Gobierno, sufrió un impacto inocultable. Pero no solo ante la sociedad argentina, en la que se notó con fuerza el silencio culposo de las fuerzas políticas que integran Cambiemos y sustentaron esa coalición con el discurso de la ética republicana, sino sobre todo en un ámbito que seguramente preocupa más al macrismo que la mayor o menor molestia de sus irrelevantes socios: el mundo al que «volvimos» después del aislacionismo kirchnerista.

Es que las repercusiones traspasaron las fronteras. Importantes medios del exterior dieron cuenta de la situación, que fue presentada en periódicos de prestigio como The Guardian, El Mundo o El País, y cada día que pasa, da cuenta de la noticia otro diario de los países cuya opinión (se supone) tanto interesa al gobierno de Macri.

Por otro lado es notable cómo el uso del «neutro» lenguaje en el sitio oficial de los Fiscales periodístico (que en la Argentina prácticamente ya no existe) no logra atenuar la gravedad de la información: “El presidente argentino acusado de conflicto de intereses por el perdón a la deuda de una compañía”, titula The Guardian, por ejemplo. Y subraya algo que también desde esta página marcamos: que el “largo litigio» fue «saldado sin un anuncio público” (dado que pasaron seis meses hasta conocerse el acuerdo).

También resalta que el representante del Gobierno de Macri aceptó una propuesta para que el grupo Socma, del cual Macri es uno de sus dueños, pague su deuda “a 15 años con intereses mucho más bajos que los del mercado”. Los medios extranjeros cifran la deuda de la empresa en 128 millones de dólares.

The Guardian subraya algo que marcamos desde esta página: que el “largo litigio» fue «saldado sin anuncio público”. Pasaron seis meses hasta conocerse el acuerdo.

SE FORTALECE EL CUESTIONAMIENTO

Al margen de que la cifra en cuestión ronda los 300 millones de pesos/dólares de 2001, lo cierto es que la difusión del escándalo fortaleció el cuestionamiento al acuerdo, realizado por el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscal Gabriela Boquin.

Además de instalar un tema que el Gobierno creyó haber enterrado seis meses atrás sin que nadie se percatara, la difusión de los detalles –tras un primer momento de sensacionalismo al hablar de 70 mil millones, una cifra imposible de tomar con seriedad– no hizo más que acrecentar las dudas, multiplicar la preocupación y acumular reclamos de explicaciones desde todos los ámbitos.

Pero además, a las pocas horas se conoció otro detalle escandaloso. En un nuevo escrito presentado por la fiscal Boquín, acusa al grupo empresarial de la familia del Presidente de actuar con “mala fe” y sostener una “conducta desleal” en la negociación con el Estado argentino. A las acusaciones que ya había realizado, la funcionaria del MPF añadió que la firma de SOCMA realiza un reclamo contra el Estado en el que exige una tasa de interés del 11 por ciento anual, mientras la misma empresa ofrece pagar un interés del 7 por ciento. Para colmo ese reclamo se entabló apenas 15 días antes de la audiencia en que se acordó el convenio cuestionado.

Por eso la fiscal dice que la empresa «adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción que importa un crédito en expectativa mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella».

La difusión de los detalles, tras el sensacionalismo inicial de los 70 mil millones (una cifra imposible de tomar con seriedad) acrecentó las dudas y multiplicó los reclamos de explicaciones.

EN LA JUSTICIA 

El escándalo que desató el acuerdo se tradujo rápidamente en varias denuncias penales, un sumario en la Procuración de Investigaciones Administrativas, y ahora se añadió la decisión del fiscal federal Juan Pedro Zoni de imputar al Presidente y a sus funcionarios.

Aunque no precisó los cargos, el funcionario judicial consideró que el caso merece una investigación porque «se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios».

Además de acusar a Macri, Zoni imputó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, que fue quien firmó el acuerdo. La presentación puede leerse completa en el sitio oficial de los Fiscales.

«No hay conflicto de intereses», dice Peña, cuando el beneficiario del acuerdo por uno de esos «miles de juicios del Estado», es el jefe del propio Estado.

EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN

En el ámbito de la política también se puede medir la gravedad del escándalo. En el Congreso se presentaron varios pedidos para que el ministro Aguad comparezca a dar explicaciones, desde casi todos los bloques opositores.

El bloque socialista, entre otros, pidió que el ministro concurra ante la Comisión de Comunicaciones. En la iniciativa, que firma todo el bloque (Alicia Ciciliani, Hermes Binner, Lucía Duré y Gabriela Troiano) concluyen que se trata de «un acuerdo abrumadoramente costoso para las arcas públicas y al mismo tiempo, claramente beneficioso para una empresa que pertenece a la familia del actual Presidente de la Nación, quien durante toda su campaña electoral prometió un cambio, sostuvo como propias las banderas de la transparencia y ética en la función pública, en contraposición a la gestión saliente».

Ayer, diputados de diferentes bancadas resolvieron citar al ministro, al empresario Franco Macri y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para que den explicaciones la semana próxima. Encabezados por Graciela Camaño, Felipe Solá y Margarita Stolbizer, legisladores del Frente Renovador, el Bloque Justicialista y Progresistas convocaron al ministro Aguad para que el próximo martes brinde detalles ante una comisión de la Cámara baja sobre el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino.

El jefe de los diputados radicales, el cordobés Mario Negri, dijo que desde su bancada “no tenemos ningún inconveniente en que venga el ministro. Es más, nos parece bien”.

También se citó al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que ordenó una auditoría sobre todos los funcionarios públicos del Ejecutivo que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado y la empresa.

Diputados de diferentes bancadas resolvieron citar al ministro, a Franco Macri y a la titular de la Oficina Anticorrupción para que den explicaciones la semana próxima.

LA ERRÁTICA REACCIÓN MACRISTA

El Gobierno no supo cómo reaccionar ante la difusión del escándalo, en el inicio de un año electoral y descolocado ante un.

Si la primera opción pudo haber sido no decir nada ante la absurdidad de la acusación (hay que recordar que se hablaba de una cifra ridícula), la gravedad de la acusación y la sumatoria de reclamos modificaron esa posición: incluso los medios más cercanos a la gestión –como Clarín– debieron dar cuenta del tema, aunque disimulaban la entidad del episodio.

Por eso las primeras manifestaciones fueron estertores erráticos: que la fiscal era de Justicia Legítima, que no se había perdonado un peso de deuda, que Franco Macri «es un deudor sin recursos económicos», que no se puede actualizar una deuda por la Ley de Quiebras, y otras falacias que cayeron rápidamente por su escaso sustento, caracterizaron las pobres respuestas públicas del ministro Aguad y de algunos otros funcionarios.

Le llevó varios días estructurar una respuesta ordenada, que fue la que ensayó Marcos Peña en la conferencia de prensa realizada este martes, casi una semana después de que se conociera el dictamen de la fiscal Boquin. El jefe de Gabinete dijo que le parece bien que al hecho lo investiguen la Oficina Anticorrupción, el Congreso y la Justicia. Para intentar atenuar, se refirió al «festival de corrupción» que se vivió durante el kirchnerismo y planteó que también hay que investigar «por qué no se hizo el acuerdo antes», en los 12 años del gobierno anterior.

Dijo que desde el Gobierno ven «con muy buenos ojos» que el acuerdo sea investigado por «todos los órganos de control que así lo requieran porque la transparencia y legalidad es total», indicó Peña. Y con el objetivo de garantizar la trasparencia, Peña instó a que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice un «veredicto técnico», pero el titular del organismo de control, el peronista Oscar Lamberto, rápidamente dejó en claro que no obedece a las órdenes del Poder Ejecutivo y esquivó el pedido. Dijo que intervendrá «solo si el Congreso lo dispone».

En el sitio oficial de la Casa Rosada, en los días previos, se limitaron a publicar un resumen de algunas declaraciones de los funcionarios involucrados y de la titular de la Oficina Anticorrupción.

Que la fiscal era de Justicia Legítima, que no se había perdonado un peso de deuda, que Franco Macri «es un deudor sin recursos económicos» y otras falacias caracterizaron las pobres respuestas del ministro Aguad.

LA REALIDAD NO EXISTE

«Es un tema técnico-judicial, como los miles de juicios en los que el Estado argentino interviene. Y creemos que no hay conflicto de intereses. Pero en un año electoral, esto se va a llevar al terreno político», había dicho el jefe de Gabinete en la conferencia de prensa en la quinta de Olivos, luego de la reunión de gabinete presidida por el propio Presidente.

«No hay conflicto de intereses», cuando el beneficiario de ese tema «técnico-judicial», de uno de esos «miles de juicios del Estado», es el jefe del Estado.

Sin llegar a los niveles de manipulación del Gobierno anterior, lo de Peña es una mentira equivalente a aquellas pretensiones, todas condenadas al fracaso. Una negación que recuerda la frase «Decide el Gobierno que la realidad no existe», utilizada por Eduardo Galeano en algunas entradas de su monumental Memoria del fuego, para exhibir con crudeza cómo, desde el poder, se cree que la palabra impuesta alcanza para modificar la realidad.

La historia y las luchas sociales han demostrado, largamente, que esa pretensión termina siendo derrotada.

 

En base a Fiscales.Gob.ar, Perfil, Télam, La Nación e Infobae

 

 

Américo Schvartzman

Américo Schvartzman

Licenciado en Filosofía y Periodista. Integra la cooperativa periodístico cultural El Miércoles, en Entre Ríos. Autor de "Deliberación o dependencia. Ambiente, licencia social y democracia deliberativa" (Prometeo 2013). Fue director de La Vanguardia.

Sin Comentarios

No se permiten comentarios