Los vaivenes de la relación CGT-Gobierno

La situación entre la central obrera y el gobierno se ha ido desgastando a lo largo del año
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Nunca fue una relación fácil ni armoniosa, pero tras unos primeros acuerdos y señales de mutuo respeto, las negociaciones entre la CGT y los funcionarios del gobierno nacional parecía estar bien encaminada: promesas por Ganancias, acuerdos por las obras sociales, pactos tripartitos para evitar despidos, negociaciones conjuntas en el Congreso para la reforma de diversas leyes. Como ya hemos señalado en anteriores artículos, el vínculo, no obstante, no estuvo exento de roces: la reforma de Ganancias no fue la esperada, el presidente Macri vetó la ley anti-despidos (auspiciada por el sindicalismo) y los pactos anti-despidos -que debían ser una suerte de reemplazo de esa ley vetada- fueron repetidamente violados por el empresariado.

La situación actual, mucho más conflictiva que al principio, empieza a exhibir tres frentes de disputa bien definidos: el de la negociación de leyes en el Congreso; el de la situación de los trabajadores argentinos, enfrentados a despidos y flexibilizaciones; y el de las protestas por venir, sean paros o movilizaciones.

 

Leyes

Primero fue Ganancias. Luego la ley antidespidos. Ahora, el foco de la discusión es un decreto de Macri para la modificación del régimen de ART, que levantó polvareda en la oposición y, sobre todo, en el sindicalismo. El motivo del enojo es claro: existía en el Congreso un proyecto de consenso al que la CGT quería introducir modificaciones, cuando Macri decidió zanjar el asunto con un DNU. Ahora, tras el desconcierto de los dirigentes gremiales, y denuncias de inconstitucionalidad de la oposición, Macri parece estar dando marcha atrás, con un nuevo decreto.

La razón principal de confusión entre opositores  y dirigentes gremiales consiste en que el 21 de diciembre de 2016 el Senado ya había dado media sanción a un proyecto de ley de ART que había contado con un amplio acuerdo y que surgió del consenso entre el Gobierno, la CGT, diversos sectores sindicales y sectores políticos. Otro de los reclamos de la oposición consistió en señalar que no era necesario un DNU de este tenor en pleno período de verano, cuando el Congreso no funciona y cuando se podría haber llamado, en cambio, a sesiones extraordinarias. Por otra parte existía ya una reunión de comisión planteada por una parte de la oposición que tenía la esperanza de imponer número y rechazar el DNU: entre otras razones, por considerarlo inconstitucional.

La situación actual, mucho más conflictiva que al principio, empieza a exhibir tres frentes de disputa bien definidos

Así las cosas, y tras una reunión entre el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó (PRO-Cambiemos) el titular del FPV-PJ del Senado, Miguel Pichetto y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se llegó a un acuerdo salomónico: pedirle al Poder Ejecutivo que llame a Extraordinarias para, por un lado, evitar el rechazo en la comisión y, por el otro, devolver el asunto al Congreso.

 

Situación laboral

Desde diversos gremios, chicos y grandes, de la región metropolitana, y de todas las provincias se cuentan por cientos los despidos y los ajustes.

Armando Moyano, secretario general del gremio de Ceramistas de Puerto Madryn, contó a la radio local  FM Tiempo que el grupo San Lorenzo confirmó que concentrará la producción en Azul y dejará a 140 personas sin trabajo en su ciudad. Según el gremialista: “La esperanza está, hay que agotar todas las instancias para revertir la situación, pero el cierre sería definitivo”. Tras reunirse en asambleas, los trabajadores resolvieron comenzar un acampe para preservar sus fuentes de trabajo. Mientras tanto, la firma ofrece el pago de indemnizaciones.

El Grupo San Lorenzo ya había aducido caída en las ventas y cerrado su planta de Villa Mercedes, en San Luis, y había dejado 150 obreros en la calle.

En Río Grande, el secretario general de la UOM-Río Grande y diputado nacional por Tierra del Fuego, Oscar Martínez, denunció que entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016, la industria fueguina perdió alrededor de 6 mil puestos laborales.

Según el sindicato, las principales fábricas electrónicas instaladas en Río Grande como BGH y Famar analizan reducciones horarias mayores a las ya implementadas. La empresa Brightstar “atraviesa las dificultades propias de las firmas que fabrican mono productos, en este caso celulares”, y en Radio Victoria “hay una dificultad con los contratados que no son vueltos a llamar”, detallaron desde la UOM. Por último, el gremio señaló que acompañará la movilización de los trabajadores de Bangho, que será el 14 de febrero, en el Ministerio de Trabajo.

Pero los despidos también incluyen a conocidas empresas de transporte: en el Rápido Argentino se viven momentos de incertidumbre. Desde hace 48 horas las actividades están paralizadas y no se sabe cuánto se reiniciarán los traslados, en un confuso episodio donde algunos acusan un lockout patronal y otros señalan que se trata de un paro de actividades. Según Roberto Fernández, titular de la UTA, desde el sindicato se denunció numerosas veces a la firma, tanto por el estado de los colectivos como el de los talleres. Fernández denunció que “el Rápido Argentino está en venta y quién está interesado en comprarla es la firma ’20 de junio’, que es la que les alquila los micros, pero les interesan los ramales nacionales y no los de la provincia de Buenos Aires”.

La oferta de compra de la empresa ’20 de junio’ implicaría el despido de personal, desde administrativos hasta boleteros, lo que explica el estado de alerta a los trabajadores.

Existe tensión social por la falta de respuestas y los embates que sufren los trabajadores, entre despidos, inflación y negociaciones a la baja en paritarias.

Protestas

¿Qué va a pasar con la movilización del 7 de marzo? Desde la CGT son tiempistas. El líder de la UTA, Roberto Fernández, dijo que la movilización del 7 de marzo “debe ser interpretada como una señal de alerta de los trabajadores” e instó a “reabrir el diálogo”. Entrevistado por Télam, el sindicalista insistió con que “los gremios industriales están viviendo una mala situación producto de la suspensión y despido de miles de trabajadores”, y, de esa forma, justificó la decisión de la CGT de “realizar la movilización del 7 de marzo porque es un reclamo generalizado” debido a que existe tensión social por la falta de respuestas y los embates que sufren los trabajadores, entre despidos, inflación y negociaciones a la baja en paritarias.

Con reclamos desde ATE, las dos CTA (ahora en aparente reunificación entre Yasky y Micheli), los docentes bonaerenses y las constantes declaraciones críticas de parte de dirigentes como Pablo Moyano o Sergio Palazzo -dos de los más duros públicamente- todo parece indicar que la movilización será una muestra de fuerza del gremialismo, en un intento de dar un llamado de atención al gobierno de Macri y su política hacia los trabajadores.

 

Fuentes: Infogremiales y Mundo Gremial.

Esteban Sargiotto

Esteban Sargiotto

Licenciado en Letras y periodista. Es colaborador especial de La Vanguardia.

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