¿Cómo se pudo ocultar durante seis meses un acuerdo tan ignominioso? Cinco apuntes sobre los 70 mil millones que no son 70 mil millones.
Uno. 70 mil millones es un número hipotético. La impresionante cifra, que fue título de varios medios y se multiplica en las redes sociales (ya quedó instalada y difícilmente se modifique) es un número hipotético. No actual ni efectivo. La fiscal Gabriela Boquín ni la menciona en su dictamen. Y no lo hace porque es un cálculo estimado a 2033, fecha en que se cancelaría (si se aceptara) el acuerdo que la fiscal cuestionó. A valores actuales serían 4 mil millones (y también esta cifra es hipótetica: equivale a los 296 millones de pesos/dólares que el propio Franco Macri reconoció como deuda). Pero no es un cálculo arbitrario: lo hizo, a pedido de la fiscal, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que depende de la Procuración General de la Nación. De nuevo: es una suma hipotética. El detalle no es menor: al contrario de lo que se instaló en la mala información, nadie le está poniendo 70 mil millones en la mano a Franco Macri y familia. Pero es claro que sería el colmo: le están perdonando (casi) 296 millones de pesos de 2001. Que no es poco…
Dos. Inmoral e indignante. El grupo Macri es una de las empresas más poderosas de la Argentina, favorecida históricamente tanto por la dictadura como por el menemismo y el kirchnerismo. Que el Gobierno quiera condonarle una deuda que equivale a 4 mil millones de pesos actuales es indignante. Que además sea un Gobierno encabezado por un accionista de esa misma empresa, lo hace doblemente indignante y, por añadidura, inmoral. La fiscal dijo que el acuerdo es «abusivo» e «inadmisible», que significa que no se lo puede admitir. Así de sencillo. No se lo puede admitir. Pero su planteo no está en firme: deberán resolver los jueces de la Cámara de Apelaciones. Por las dudas, Boquín se reserva el recurso de ir por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de sentencia contraria.
Tres. Mala praxis periodística. La irresponsabilidad con la que malinforman los medios, tanto los ligados al actual gobierno como al kirchnerismo, llega a límites inéditos. Y como efecto derivado se minimiza u opaca algo escandaloso. La desmesura y la imprudencia tienen ese resultado, casi siempre. Los medios afines al macrismo, como Clarín, disimulan la noticia, por ejemplo no la ponen en su tapa, o la presentan de una manera tan matizada que le resta toda gravedad. Un buen ejercicio es imaginar cómo titularían si la condonación de esa deuda la hubiera hecho el gobierno anterior. Del otro lado, los informadores kirchneristas reproducen los hipotéticos 70 mil millones sin aclarar que lo son, y optan por no reflejar la historia reciente: por qué durante 15 años el Estado no le reclamó esa deuda a los Macri. Claro que no pueden explicarlo: el gran beneficiario de la quita, Franco Macri, hizo fenomenales negocios con el kirchnerismo, entre otros el 4% de comisión en los cuantiosos arreglos con China. Incluso llegó a decir a modo de guiño que «el próximo presidente tiene que ser alguien de La Cámpora».
Cuatro. Seis meses de ocultamiento. El acuerdo fue aceptado por el Estado el 28 de junio de 2016. Hace más de seis meses. Algo (malo) ocurre en la Argentina hiper-mal-informada para que pasara desapercibida semejante noticia durante casi 180 días. Y para que se conozca recién cuando lo publica el sitio oficial del Ministerio Público de la Nación. Es decir: el escándalo no fue revelado por una investigación periodística ni por una denuncia de la oposición. Fue una fiscal comprometida con su función, que decidió no hacerse la distraída, e hizo andar el aparato estatal de control. De nuevo: incluso el cálculo hipotético es oficial, lo hizo la DAFI, una dependencia de la Procuración.
Cinco y final. No tan distintos. La respuesta macrista ante el escándalo fue echar a correr (falsamente) que la fiscal Boquin pertenece a la agrupación Justicia Legítima. Pero mal que le pese a Macri, esa fiscal demostró que se puede: se puede lograr que funcionen los controles, e incluso que se ocupen de que la ciudadanía se entere. Por eso corresponde destacar la labor de la fiscal Gabriela Boquín, que cumplió con lo que por definición deben hacer los fiscales del Ministerio Público, que es defender al pueblo de la Nación. Como lo dice con toda seriedad la Constitución: “su función es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad”. En la Argentina en que vivimos, poder terminar estos apuntes rescatando ese aspecto es un rayo de esperanza. Quizás algún día nos merezcamos gobiernos diferentes a los anteriores y al actual, tan parecidos en un punto central: sus acciones terminan llenando de dolor y vergüenza a sus votantes más honestos, aunque les cueste reconocerlo.
