Deuda del Correo: las repercusiones del escándalo

El intento de quita de la deuda al grupo Macri incluyó todo tipo de repercusiones: desde cuestionamientos y justificaciones dentro del propio oficialismo, hasta pedidos de juicio político al Presidente.

Una de las muchas bromas que circularon en las redes, en este caso de EAMEO.
Una de las muchas bromas que circularon en las redes, en este caso de EAMEO.

 

El escándalo desatado al conocerse el intento oficialista de perdonarle una deuda millonaria al ex Correo S.A. (propiedad de la familia del Presidente) sacudió la actualidad argentina, con voces que desde el oficialismo de Cambiemos salieron a defender el acuerdo, como el ministro Oscar Aguad, pero también con duros cuestionamientos desde ese mismo sector, como en el caso de Julio Cobos, también de la UCR como Aguad. Desde la oposición, por su parte, se acumularon voces críticas como la de Margarita Stolbizer (GEN) además de denuncias judiciales como las presentadas por Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, e incluso un pedido de juicio político del diputado nacional Julio Solanas (PJ). El Presidente, desde el sur, no emitió palabra sobre el asunto.

LA REACCIÓN OFICIALISTA

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dijo que la fiscal Graciela Boquín, que rechazó el acuerdo por considerarlo abusivo, “se equivocó”, porque según él, no se pueden actualizar las cifras de la deuda porque «la ley de quiebras lo impide». Sin embargo el ex titular de la IGJ y profesor de derecho comercial, Ricardo Nissen dijo que “eso es mentira. Lo que dice la Ley de Quiebras y Concursos es que suspende el curso de intereses. Eso no significa que cuando llegue el momento de la propuesta no se actualice la deuda. La suspensión de los intereses es para que no se agrave el pasivo. Pero lo que no se puede hacer es licuar el pasivo por el paso del tiempo”.

Aguad agregó que la fiscal Boquín es de «Justicia Legítima», pobre argumento que ya había sido desestimado por Hugo Alconada Mon en La Nación de ayer. De todos modos, para intentar apaciguar, el ministro dijo que se comunicará con los referentes políticos parlamentarios para convocar a una reunión en la que pretenderá aclarar la cuestión.

En tanto, Juan Carlos Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, quien fue el encargado de defender la decisión adoptada por el Estado, afirmó que «a (Franco) Macri no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses». En diálogo con Radio Nacional, detalló que hay que tener en cuenta que la ley de concursos y quiebras lo que prevé es que la acreencia no genera intereses. «Lo que se debe es un monto generalizado. Y muchas veces para arribar a acuerdos, se establecen planes de pagos. Y esos planes sí llevan intereses», especificó.

Segun Aguad no se pueden actualizar las cifras de la deuda porque «la ley de quiebras lo impide». Sin embargo, especialistas lo desmintieron: lo que no se puede es aplicar intereses, pero sí actualizar.

En cambio, desde dentro de la coalición oficialista, también hubo voces críticas o al menos moderadas: fue el caso del diputado nacional Fernando Sánchez, quien dijo que espera toda la información necesaria «para poder pronunciarnos con todos los elementos y tener una opinión clara sobre el acuerdo entre Correo Argentino y el Estado Nacional».

Una voz crítica fue la de Julio Cobos, senador nacional por el radicalismo, que planteó que el acuerdo podría ser nulo porque «para realizarlo se requiere un empleado de planta y con el respaldo de una resolución». Cobos además dijo que “la fiscal ha actuado bien diciendo esto no puede ser, esto es abusivo, veremos ahora cómo evoluciona este tema», sentenció. Le salió al cruce el senador formoseño Luis Naidenoff, uno de los principales voceros de la bancada, quien lo cuestionó diciendo: “Fue una declaración apresurada. Le falta información sobre las particularidades de los concursos y quiebras”.

DESDE LA OPOSICIÓN

Las voces opositoras fueron, como es previsible, mucho más duras. La diputada Margarita Stolbizer dijo que el acuerdo “resulta escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar». Agregó que «la confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este gobierno, y debe resolverlo con absoluta transparencia», detallando que en su opinión, “lo que podría tornar escandalosa la quita de deuda concedida por el gobierno de Macri a Macri padre, no es el monto, o el cálculo del perjuicio, sino el hecho en sí mismo de la aceptación de una propuesta de pago con quitas, con perjuicio por el Estado y poniendo de manifiesto un claro conflicto de intereses que afecta de manera directa a los familiares de los funcionarios públicos».

A raíz del escándalo, en los Tribunales federales porteños se presentaron cuatro denuncias contra el Presidente y algunos de sus funcionarios, presentadas por los diputados Héctor Recalde, Eduardo de Pedro y Andrés Larroque, entre otros, y por los políticos Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti. También los abogados Ricardo Mussa y Daniel Igolnikov también denunciaron estafa.

Por otro lado el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, abrió un expediente. «Si la investigación prospera me voy a presentar para realizar la denuncia penal”. Añadió que debe investigarse “si quien actuó en representación del Estado Nacional, tenía la competencia para hacerlo”, y que «hay que ver los números para saber si hubo un perjuicio al Estado. El crédito era de 292 millones de pesos. Hay que entender porqué esta propuesta los años anteriores no fue aceptada y ahora sí», explicó.

Desde el Partido Socialista, una serie de tuits en forma de interrogantes expresaba el rechazo a la noticia: “¿Por qué los argentinos tenemos que hacernos cargo (por segunda vez) de las deudas de la familia del Presidente Macri?¿Por qué Macri le exige un esfuerzo a la ciudadanía y luego se autoperdona una deuda? ¿Por qué el Gobierno Nacional sigue perjudicando las arcas del Estado? ¿Por qué el macrismo no tiene la misma actitud para saldar la deuda que mantiene con Santa Fe? ¿Será que no es una provincia oficialista?”

Stolbizer dijo que el acuerdo “resulta escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar».

JUICIO POLÍTICO

«Como legislador nacional y dada la gravedad de los hechos y la investidura que Macri representa, considero que esto amerita que los diputados de la Nación actuemos evaluando con firmeza la promoción del juicio político», planteó el diputado Julio Solanas, (FPV). El singular planteo, que ni siquiera sus propios pares creen que puede prosperar, fue fundamentado con categóricas expresiones: “Esto es lisa y llanamente un grave delito contra las instituciones democráticas, de manifiesta traición a la patria y al pueblo argentino», dijo el legislador.

EN LAS REDES Y DESDE EL SUR

Las redes sociales reflejaron el enorme impacto de la información. Desde los consabidos “memes” y expresiones de humor, hasta las polémicas entre partidarios del oficialismo y opositores acerca de las cifras y su verosimilitud, el tema no pasó desapercibido. Sumado eso, a la cantidad de repentinos especialistas en quiebras, condonaciones y quitas que afloraron, hicieron innumerables las publicaciones que se ocuparon del tema que, fuera de toda duda, convulsionó nuevamente al Gobierno.

Desde el sur, luego de festejar su cumpleaños y presentar el Plan Patagonia el Presidente mostró su perfil más optimista durante un evento, diciendo generalidades como que “en este 2017, después de más de cinco años de estancamiento en los que el país no creció y no generó empleo, vamos a crecer”, y sin hacer referencia alguna al escándalo causado por el intento de condonar la deuda de la empresa familiar.

En base a La Nación, Télam, Perfil, Página/12, La Política Online, El Diario, La Voz

Redacción de La Vanguardia

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