La fiscal ante la Cámara de Apelaciones reclamó que se rechace el acuerdo no solo porque implica una condonación total, sino por conflicto de intereses, al beneficiar a familiares del Presidente. El grupo Macri, que fue favorecido tanto por la dictadura como por el menemismo y el kirchnerismo, se vería beneficiado por un monto de 4 mil millones de pesos a valores actuales.
La noticia se conoció a través de la página oficial del Ministerio Público Fiscal, en la que informaron que la fiscal general Gabriela Boquín pidió rechazar por “abusivo” el acuerdo entre Correo Argentino y el Estado Nacional en el concurso preventivo.
La funcionaria judicial consideró que, de acuerdo a los cálculos realizados por la DAFI, la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 4 mil millones de pesos o de 70 mil millones de pesos a 2033, año en que terminaría el plan de pago aprobado.
“De convalidarse, el Estado Nacional resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación con la percepción de un valor insignificante”, afirma la fiscal Boquín.
Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a familiares del presidente de la Nación.
Los Macri nunca pagaron la deuda por el ex Correo, que durante todos los años del kirchnerismo permaneció semioculta. Al contrario: Franco Macri hizo excelentes negocios durante los gobiernos de Cristina, al punto que no ocultó su apoyo a lo que calificaba como “un proyecto de país interesante” y llegó a pedir públicamente que “el próximo presidente fuera alguien de La Cámpora”, y no su hijo Mauricio.
La quita que implica el acuerdo propuesto en la audiencia del 28 de junio del año pasado alcanzaría al 98% según la fiscalía ante la Cámara Comercial, es decir casi una condonación total de la deuda del grupo empresario de la familia del Presidente.
[blockquote author=»» pull=»normal»]La impresionante cifra de 70 mil millones, título sensacionalista de algunos medios, se calcula a 2033, fecha de cancelación. A valores actuales son 4 mil millones, una cifra indignante minimizada por la irresponsabilidad con la que se malinforma.[/blockquote]
POSTALES DE UNA RELACIÓN
Era el año 2010. La escena robaba todas las miradas en el cuarto piso del Hotel Marriott de Lima. La Presidenta de la Argentina, flanqueada por Franco Macri y por el pope de grupos económicos del Perú, Leslie Pierce, acababa de firmar el acta de creación del pomposo “Consejo Empresarial Binacional de Integración e Inversiones”. “¿Qué dice su hijo Mauricio de este acercamiento?” le preguntó el enviado de Página/12 al ex titular de Socma y padre del actual Presidente. “Mi hijo, desde que me abandonó por Boca, yo acepté que tenga su camino. De política no hablamos y puede ser que disintamos. Para mí, estamos viviendo un proyecto de país interesante. Argentina va a recuperar el tiempo que perdió”. Así Franco Macri, como representante del Macri Group, orientado a los negocios entre América latina y China, asumía como presidente del capítulo argentino del consejo binacional dedicado a potenciar las posibilidades de negocios entre empresas de los dos países.
Por supuesto que no fue el único momento de cercanía en la relación de Franco Macri con el kirchnerismo gobernante. La relación con China fue otro de los aspectos en los que los intereses de ambos coincidieron. Aunque ya en 1998 Macri padre firmó el primer contrato con la empresa estatal China International Trust and Investment Corporation (CITIC), para fabricar piezas de excavación de petróleo. Y ya para el 2000, dedicado a promover negocios entre la República China y América Latina, fundó la empresa MACRI GROUP SA, con oficinas en Buenos Aires y en uno de los barrios de mayor crecimiento en el Beijing. Pero fue durante la “década ganada” en donde Franco Macri se convirtió en el encargado de llevar adelante todo tipo de convenios de carácter económico con la potencia oriental.
La foto de Cristina Fernández junto al megaempresario peruano Leslie Pierce y Franco Macri es un registro del mejor momento de la relación. Un año después, el jefe del Grupo Macri cerró acuerdos entre China y Argentina que, como él mismo lo contó, le dejaron una comisión del 4% (unos 400 millones de dólares) por las obras en el Belgrano Cargas. En la Argentina la memoria es un bien poco valorado, por eso vale recordar que por esos acuerdos, Franco Macri fue cuestionado públicamente por las fuerzas de la oposición de entonces, que denunció un negociado entre el kirchnerismo y Macri, al que se definió como “gestor de todas las compras en China”.
Según cuentan, China apasiona a Franco Macri desde que leyó “El libro de las maravillas”, de Marco Polo. Llegó a ser nombrado consejero senior del Gobierno de Pekín para inversiones en América Latina y es ciudadano ilustre de Xianxi. En 2007 trajo a la región a la automotriz Chery, pero distanciado del entonces presidente Kirchner por la reestatización del Correo, la instaló en Uruguay. Una vez que se deshizo de las acciones de Socma, Franco creó el Macri Group para seguir haciendo negocios con China. Se quedaba largos meses por allá y en otros países asiáticos. Ahora sus conocidos aseguran que no está en condiciones de viajar y hace más de un año que no cruza el mundo para llegar a Oriente.
Por cada acuerdo que Macri facilitaba entre el Estado y los empresarios chinos, cobraba una comisión del 4%, como lo reconoció públicamente. Pese a eso, los buenos negocios de Franco Macri con el kirchnerismo nunca fueron motivo para que Cristina se decidiera a reclamarle por la deuda del ex Correo S.A. Quizás todo eso explica por qué llegó a pedir “un presidente de la Cámpora”. Entre los otros beneficios que recibió de los gobierno kirchneristas, se destacan el Belgrano Cargas: el Gobierno se lo entregó sin licitación a una gerenciadora encabezada por el grupo Macri, integrada por Roggio, una empresa china y los gremios La Fraternidad y de camioneros.
Y también la obra pública: IECSA, la constructora del Grupo Macri, transferida luego a Angelo Calcaterra, primo del actual Presidente, fue una de las empresas más beneficiadas en la obra pública durante el kirchnerismo. En el comunicado que Julio De Vido dio a conocer en 2015 sobre las empresas que recibieron más dinero en ese rubro, IECSA aparece tercera. Así tuvo numerosas e importantes licitaciones, entre ellas obras hidráulicas y represas, rutas nacionales y autopistas, viviendas del Plan Federal, obras ferroviarias, tendidos eléctricos, restauración de la Basílica de Luján.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Los buenos negocios de Franco Macri con el kirchnerismo nunca fueron motivo para que Cristina se decidiera a reclamarle por la deuda del ex Correo S.A. Quizás todo eso explica por qué llegó a pedir “un presidente de la Cámpora”. [/blockquote]
EL CORREO S.A.: DE MENEM A KIRCHNER
Por decreto del entonces Presidente de la Nación, el 265/1997, se otorgó la prestación de los servicios postales a la Sociedad Macri (SOCMA), fundada por Franco Macri, padre de Mauricio, que en ese entonces era uno de sus principales directivos. Con Menem en la presidencia, la Argentina se convertía en uno de los primeros países del mundo en privatizar su Correo.
En septiembre de 1997, SOCMA se hizo cargo de los servicios postales: el Correo Argentino contaba con 20.400 empleados y no tenía pasivos financieros. En el contrato firmado para la concesión se establecía que el grupo debía pagarle al Estado un canon semestral de 51,6 millones de pesos. Pero los Macri, apenas dos años después, adeudaban 408 millones de pesos por incumplimiento del canon, además de 60 millones en préstamos al Banco Nación. En 2001 el Correo de Macri entró en concurso preventivo y redujo su planta laboral a algo más de la mitad. En 2003, SOCMA recibió una intimación de la AFIP: debía 508 millones de pesos por contribuciones patronales. Ese año, en el que asumió la presidencia Néstor Kirchner, la empresa familiar de los Macri le debía al Estado Nacional más de 1.000 millones de pesos. En noviembre Kirchner rescindió por decreto la concesión del Correo Argentino, “por incumplimiento del pago del canon”. Un mes después, el juez comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino SA y le prohibió la salida del país a Franco Macri. Además ordenó que en 24 horas las autoridades del Correo entregaran los bienes en su poder.
Repasemos: en 2003, el gobierno de Néstor Kirchner decidió rescindirle la concesión del Correo Argentino. En 2009, la Justicia decidió que el Estado debía resarcir al empresario en 800 millones de pesos por la rescisión. Mas o menos, la misma cifra que Macri debía al Estado. Pero la buena relación que Macri padre cultivó con el matrimonio Kirchner determinó que ninguno de los dos actores le reclamara nada al otro. Casi un empate: el kirchnerismo nunca le reclamó a Macri que pagara los casi mil millones adeudados. Pero con los tiempos de la justicia argentina, el concurso de quiebra de Correo Argentina S.A., iniciado en 2003, se extiende hasta la actualidad y se proyecta al futuro. A mediados del año pasado, el Estado argentino aceptó una propuesta de pago de la deuda de la empresa quebrada.
[blockquote author=»» pull=»normal»]En 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, la empresa familiar de los Macri le debía al Estado Nacional más de 1.000 millones de pesos. [/blockquote]
UN ACUERDO OBJETADO
Pero ese acuerdo, según la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, “equivale a una condonación” total de la deuda y debe considerarse «abusivo» ya que implica una quita de más de 4.000 millones de pesos en la actualidad y de más de 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.
La fiscal, además, advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.
En su dictamen, la Fiscalía analiza la última propuesta realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del propio Estado Nacional. La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis que realizó con la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. Del análisis surgió que la segunda propuesta, que fue aceptada por el representante del Estado Nacional, “mejoraba” el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.
“Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”, aseveró Boquín.
[blockquote author=»» pull=»normal»]“De convalidarse, el Estado Nacional resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación con la percepción de un valor insignificante”, aseveró la fiscal Boquín.[/blockquote]
¿70 MIL MILLONES?
El cálculo que da como resultado la impresionante cifra de 70 mil millones de pesos (y que fue título sensacionalista de medios proclives al Gobierno anterior) surge de un análisis que extiende los cálculos hasta la fecha de cancelación del plan, que sería en 2033. Es decir: la quita a valores actuales sería de 4 mil millones, que equivalen a 70 mil millones dentro de 15 años. (Aqui puede verse el análisis completo, adjunto al dictamen de la fiscal)
“El porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional, a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-”.
Por supuesto que 4 mil millones de pesos condonados a una de las empresas más poderosas de la Argentina, favorecida históricamente por distintos gobiernos (tanto por la dictadura, como por el menemismo y el kirchnerismo) resulta una cifra indignante. Pero la irresponsabilidad con la que malinforman los medios ligados al kirchnerismo tiene como efecto indeseable que la terminan opacando o transformando en un monto menos significativo. La desmesura y la imprudencia tienen ese resultado, en casi todos los casos.
Sin embargo, la cifra (que equivale según el cálculo realizado al valor que tendrían los 296 millones de pesos de 2001 en la actualidad) ni siquiera es mencionada en el dictamen de la fiscal. Es nada más (y nada menos) que un ejercicio hipotético acerca de cuánto perdería el Estado en caso de aceptarse el acuerdo. El dictamen completo de la fiscal puede descargarse desde el sitio oficial del Ministerio Público, en el siguiente enlace: Dictamen completo en PDF.
[blockquote author=»» pull=»normal»]»Ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con el Presidente, podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente beneficie a sus familiares”, dice la fiscal. [/blockquote]
CUESTIÓN ÉTICA
Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.
Por eso considera que ningun funcionario que dependa del Presidente Macri puede aceptar una propuesta que, directa o indirectamente, terminaría beneficiando a sus propios familiares: de eso se trata el conflicto de intereses.
“Pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él, podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, apuntó la fiscal.
Y precisó: “En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”, por lo que debió haber mediado una “opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública”. Por ese motivo, solicitó que se libre oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los fines que su titular estime corresponder”.
EL BIEN COMÚN EN JUEGO
En ese contexto, la representante del ministerio público consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.
La Fiscalía advirtió que “se encuentran en juego fondos públicos destinados a la satisfacción del bien común, por lo que rige un régimen específico, de carácter publicístico y con principios orientados a la preservación de dichos intereses generales”.
Finalmente, la fiscal Boquín formuló reserva para acceder por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en caso de que haya una sentencia contraria a lo dictaminado.
En base Fiscales.Gob.Ar y archivos de medios (Página/12, Perfil y Ámbito).
Fotos: Alamy y facebook de Gabriela Boquin
