Rechazo socialista al decreto que modifica el régimen legal de accidentes y enfermedades del trabajo

El Frente Gremial del Partido Socialista expresó su rechazo enérgico al decreto de Macri que implica un claro retroceso en materia de derechos de los trabajadores.

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El pasado 20 de enero de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional tomó la decisión de modificar el actual Régimen legal en materia de accidentes y enfermedades del trabajo a través del DNU 54/2017. Ante esta decisión unilateral del gobierno, el Frente Gremial del Partido Socialista dio a conocer su total rechazo, calificó el instrumento como «nefasto» e instó a diputados y senadores «a que se reúnan a la brevedad para derogar este decreto que no hace más que ir en contra de los derechos de los trabajadores».

Las modificaciones que se introducen, afirman los militantes gremiales del PS, «representan un claro retroceso a los derechos que los trabajadores han adquirido, en muchos casos, por los propios fallos de la Corte de Justicia Nacional, que ahora pretenden ser dejados de lado. Lo que suma a los intentos de flexibilización con los que embate este gobierno nacional».

Como consecuencia de las modificaciones introducidas por el decreto, las comisiones médicas regionales y la Comisión Médica Central, encargadas de determinar «la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad»; «el carácter y grado de la incapacidad», y «el contenido y alcances de las prestaciones en especie», tendrán intervención «previa, obligatoria y excluyente», lo cual imposibilita el derecho de acceder en forma directa ante el juez laboral y obliga al trabajador a tener que acudir a las Comisiones Médicas Regionales, que solo existen en muy pocas localidades del país.

“Esto lo que genera es un paso más en un camino por demás de burocrático y dejando al trabajador en una espera interminable en el justo reclamo de sus derechos”, afirma el comunicado.

El Frente Gremial del PS calificó el decreto como «nefasto» e instó a diputados y senadores a derogarlo a la brevedad porque las modificaciones «no hacen más que ir en contra de los derechos de los trabajadores».

PREVENCIÓN Y REPARACIÓN: CARAS DE LA MISMA MONEDA

«Cada peso que se gasta en reparación administrativa o judicial demuestra la necesidad de adoptar una cultura de la prevención y de que ésta sea el eje de las actividades gubernamentales, de las ART, de las Empresas y los Sindicatos», dicen los referentes gremiales del Partido Socialista.

«Por eso es preocupante lo descuidada que se queda la prevención en el DNU. Recién en el artículo 18 (el proyecto tiene 26) aparece, vergonzosamente, una leve mención a la presentación de un anteproyecto de Ley De Protección y Prevención laboral, encomendado a la superintendencia de riesgos del trabajo. La falta de conocimientos técnicos de quienes redactaron el DNU se hace notoria ya que la protección forma parte de la prevención pudieron, al menos, consultar con una persona que supiera de que se trata el tema para ponerle nombre a un anteproyecto de ley».

“Haciendo eje en que las ART cumplan con su función que es la prevención y quien debe hacer que cumplan es la superintendencia de riesgos del trabajo, se estaría haciendo prevención y evitando la interposición de demandas por parte del trabajador”, explican.

Luego instan a avanzar en pasos que prevengan y cuiden de la salud de los trabajadores: «Proponemos solucionar los problemas dentro de los lugares de trabajo dejando de lado todo el aparato burocrático (Comisiones Médicas, ART, Superintendencia de riesgos del trabajo, Justicia) un órgano paritario donde los trabajadores y empresarios discutan sobre las medidas de prevención que se deben tomar para cuidar la salud y la vida de los trabajadores, de esta forma también evitar la interposición de demandas por parte de los trabajadores. Tal es el caso en la provincia de Santa Fe que, con la puesta en funcionamiento de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, los accidentes laborales se han visto reducidos de manera drástica».

Finalmente, cuestionan que una vez más el gobierno aprovecha el período de receso legislativo para, a través de decretos de necesidad de urgencia, «tomar medidas polémicas sin admitir siquiera el debido debate que se debe dar en los ámbitos del congreso de la Nación. No respetando las leyes ni la Constitución Nacional, ya que no existe la necesidad ni la urgencia de establecer dichas modificaciones».

Redacción de La Vanguardia

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