Este jueves comienzan las audiencias públicas de la causa por delitos de lesa humanidad en la capital provincial santafesina.El Tribunal Oral Federal de esa ciudad juzgará al ex juez Víctor Brusa y a cuatro ex policías provinciales.
El ex juez Victor Hermes Brusa.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, detalló que este jueves, a las 10, se inician las audiencias públicas en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención “La Casita”, que estuvo ubicado en las afueras de la capital provincial. Las audiencias, en las que se juzgará al ex juez Víctor Hermes Brusa y a cuatro ex policías provinciales, se llevarán a cabo en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Los hechos imputados comprenden los secuestros y torturas de 13 personas que pasaron por el centro clandestino de detención “La Casita”, en las afuera de la ciudad de Santa Fe, y el homicidio del responsable zonal de Montoneros, Emilio Feresin.
Entre los imputados se cuentan el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo; la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi; y el entonces secretario del Juzgado Federal de Santa Fe y luego juez Víctor Hermes Brusa.
Entre las víctimas de esta causa se encuentra Emilio Osvaldo Feresin, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, un mes después, por las torturas padecidas durante su cautiverio en “La Casita”. También, figuran otras 12 personas 11 mujeres y un hombre, secuestradas y luego torturadas en la Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y en “La Casita”.
Perizzotti, Ramos Campagnolo y Aebi deberán responder por la privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas contra siete de esas víctimas y por seis hechos de tormentos. Ramos Campagnolo, además, será juzgado como coautor del homicidio de Feresin.
Ferreyra, en tanto, está acusado por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos agravados de cuatro víctimas y por el delito de asociación ilícita, por haber formado parte de una asociación criminal de más de tres integrantes para perpetrar delitos indeterminados, junto a sus coimputados, quienes ya fueron condenados en orden a ese crimen.
Brusa está acusado en su carácter de funcionario judicial por la aplicación de apremios ilegales a dos víctimas con el objetivo de que modifiquen las declaraciones vertidas bajo torturas.
Actuará el fiscal general ante el TOCF de Santa Fe, Martín Suárez Faisal. El tribunal estará presidido por Omar Digerónimo e integrado por Beatriz Barabani y Ricardo Moisés Vázquez.
La abogada Nadia Schujman actuarán por la querella, en representación del hijo y de la primera esposa de Emilio Feresin, respectivamente.
Los imputados permanecen detenidos: Perizzotti y Ferreyra gozan de prisión domiciliaria, mientras Brusa y Ramos Campagnolo están alojados en el Instituto de Detención U-2 Santa Fe, y Aebi está recluida en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe. En esta causa estuvo imputado hasta su muerte el año pasado el ex 2° jefe del Destacamento de Inteligencia 122, Jorge Roberto Diab, quien falleció en arresto domiciliario mientras cumplía la condena por la causa “Campagnolo-Dunda”.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destacaron la importancia de que “se siga haciendo justicia ante atrocidades cometidas en la última dictadura y la apertura de este juicio es un paso más en ese camino”.
En la provincia se pusieron en marcha causas emblemáticas y el gobierno provincial implementó una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la Justicia y tributar a este proceso de memoria, verdad y justicia, entre ellas: el Programa de Protección y Acompañamiento de Testigos y Querellantes; el Área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de las causas judiciales; y la creación de un Registro de ex presos políticos.
Fuente: El Litoral
