No a la baja: «Si el problema son los niños, el problema somos todos», dicen las Juventudes Socialistas

Emitieron un comunicado planteando la necesidad de «concretar un sistema penal juvenil y no bajar la edad de punibilidad».

No a la baja, sí a un régimen penal juvenil, dicen las JJSS.
No a la baja, sí a un régimen penal juvenil, dicen las JJSS.

 

La Mesa Directiva Nacional de las Juventudes Socialistas de la Argentinas dieron a conocer una declaración en la que expresan su posición sobre la discusión que el Gobierno Nacional decidió instalar a pocos días del asesinato de Brian Aguinaco que provocó una indignada reacción en el barrio de Flores, en la capital argentina.

«Hace unos días se retomó, y esta vez con una clara definición y apoyo desde el gobierno nacional, la posibilidad de bajar la edad de punibilidad (mal llamada imputabilidad) a los 14 años de edad a quienes ‘cometan’ algún ‘hecho delictivo’. Generalizaciones como éstas crean, difunden y legitiman discursos que ocultan una trama compleja de discriminación, exclusión, violencia y desigualdad. Por eso decimos NO A LA BAJA en la edad de punibilidad, a la vez que pretendemos avanzar en la concreción de un régimen penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías establecidas en nuestra constitución nacional y tratados internacionales», comienzan planteando los jóvenes del socialismo.

Luego afirman que «el gobierno nacional brinda fragmentadas, y muchas veces escasas, respuestas ante las diversas problemáticas sociales consecuencia de dinámicas de consumo social, brechas económicas y espirales de exclusión. El análisis segmentado y el abordaje reduccionista de la seguridad social, o mejor dicho la falta de ésta, centró la atención y construyó el problema de ‘la inseguridad’. De esta manera, la solución se concentra en la persecución de hechos delictivos, dejando de lado aquellas perspectivas que apuntan a la construcción de seguridad a partir de políticas de inclusión social. Esta postura sesgada y parcial de las complejidades sociales y las trayectorias de vida de las y los ciudadanos, y de aquellos que habitan suelo nacional, brindó las bases para intentar ‘ocultar’ aquello que el sistema económico no está dispuesto a incorporar y el Estado Nacional parece que quiere no ver».

A continuación se preguntan: «Entonces, ¿a quiénes queremos punir? La participación en hechos delictivos de menores de edad, y su comercialización mediática, alimentaron la construcción de un sujeto fácilmente identificable y estigmatizante: jóvenes, fundamentalmente varones, pobres y con ‘gorrita’, de las zonas periféricas de las grandes ciudades. Sin embargo, según datos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef Argentina de 871 jóvenes privados de su libertad por edad, el 90,6% tiene entre 16 y 17 años, y el 9,4% corresponde a chicos considerados no punibles según la ley argentina. Por lo cual, la baja de la edad de punibilidad sólo implicaría un cambio efectivo en la situación de 82 chicos menores de 16 años privados de libertad en todo el país».

«Las generalizaciones crean, difunden y legitiman discursos de discriminación, exclusión, violencia y desigualdad».

Según los jóvenes, «bajar la edad de punibilidad, concentra el debate en torno a la edad en que una persona puede ser sometida a un proceso penal y por lo tanto susceptible de serle aplicable una pena dejando por fuera la discusión acerca de los derechos y garantías de cada una de los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, echa por tierra la incorporación en 1994 de la convención de los Derechos del Niño como tratado internacional con jerarquía constitucional. Esta posibilidad de bajar la edad no sólo desoye los acuerdos firmados sino que además retrocede en el paradigma de un Estado garantista de derechos a las infancias, reconocidas hasta los 18 años, y juventudes».

Luego recuerdan que «si bien el Estado nacional a través de la Ley Marco 26.061 legisla en consonancia con la Convención internacional de los Derechos del niño, la responsabilidad penal de los niños, niñas y adolescentes menores de edad se encuentra regulada por el viejo Decreto-Ley 22.278/80 de la última dictadura militar. Estableciendo que sólo son punibles los mayores de 16 años cuando se trate de delitos de acción pública y cuya pena privativa de libertad exceda los dos años. Además otorga facultades discrecionales a los jueces, quienes pueden disponer del menor si consideran que el mismo se encuentra en estado de abandono material o moral o presentare problemas de conducta, procediendo a la separación de su núcleo familiar o a su internación por el tiempo que ellos consideren pertinente».

Pero advierten: «No alcanza con ello, sino que además la ley no prevé ninguna de las garantías procesales previstas en nuestra Constitución Nacional y en la Convención de los Derechos del niño, tales como principio de legalidad, de inocencia, derecho de defensa, igualdad ante la ley, humanidad, privación de libertad como excepción, lesividad, etc.
Las numerosas y constantes críticas, las declaraciones de inconstitucionalidad de la ley hechas por muchos jueces, y los enormes casos violatorios de los derechos humanos aún a menores de 16 años (a pesar de que la ley diga que no son punibles) no han servido para sancionar una ley penal juvenil que deje de lado el viejo paradigma tutelar e inquisitivo imperante en la ley vigente».

«Es imprescindible un régimen penal juvenil respetuoso de los derechos humanos, que considere al encierro como excepción, como última opción».

Por todo eso, aseguran, «debemos asumir, más allá de la coyuntura, la cuestión penal-juvenil como un problema que necesariamente exige soluciones políticas. Es imprescindible diagramar un régimen penal juvenil que sea respetuoso de los derechos humanos, las garantías establecidas en la constitución y los tratados internacionales, que considere al encierro como excepción, como última opción».

«Tenemos que pensar en las infancias y las juventudes, sus trayectorias de vida, el contexto donde se desarrollan y sus oportunidades. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país debemos convertirnos en sujetos de derechos. Es a partir de un Estado activo que piense con y desde los jóvenes políticas públicas orientadas a su inclusión social, al desarrollo de la participación, el disfrute de los espacios públicos, la accesibilidad a los lenguajes culturales, el acceso a la educación pública y mayores oportunidades en su proyecto de vida que conseguiremos reforzar las seguridades sociales, garantizaremos derechos, brindaremos mayores oportunidades y re-distribuiremos ingresos».

Será solo entonces, aseguran las Juventudes Socialistas de la Argentina, «cuando en lugar de discutir la baja en la edad de punibilidad comencemos a pensar propositivamente en garantizar la igualdad de derechos y disminuir las desigualdades sociales».

La declaración concluye con una contundente definición: «Si el problema son los niños, el problema somos todos. Y si pensamos que la solución a problemas sociales vendrá por bajar la edad de punibilidad o aumentar penas, entonces fracasaremos en el intento una vez más».

Redacción de La Vanguardia

Redacción de La Vanguardia

La Vanguardia Digital. Noticias y debates desde la izquierda democrática

Sin Comentarios

No se permiten comentarios