El pueblo mapuche, en el medio de la grieta

La Confederación Mapuche reclama que estamos ante “un conflicto histórico político cultural sin resolver”, que necesita “no un escenario de guerra, sino interlocutores serios y responsables dispuestos a un acuerdo histórico». Sin embargo, en los medios dominantes la cuestión solo pasa por si el tema favorece o no al gobierno de turno. Tanto éste como el anterior permitieron que se acumulen miles de hectáreas, sin abordar jamás el reclamo ancestral.

mapuches

¿A quién le importan, en verdad, los derechos –que la Constitución Nacional les reconoce, en vano, desde hace 22 años– al pueblo mapuche, y a los pueblos originarios en general?

La inédita represión en Chubut vino a caer en medio de las desvergonzadas estrategias comunicacionales de los grupos políticos y económicos que se disputan el poder en la Argentina. Algunos de los mismos medios de comunicación que poco tiempo atrás daban importante espacio al reclamo del pueblo qom o a la brutal represión del kirchnerista Gildo Insfran a esos pueblos originarios en lucha –medios hoy cercanos o directamente obsecuentes al macrismo– no hicieron la más mínima mención a los hechos represivos ocurridos esta semana, los ocultaron o eliminaron de sus sitios digitales (como el caso de TN: ver Borró de su web…).

Y en cambio, medios como C5N que en los años en que el FPV gobernaba reprimiendo a las comunidades originarias, negaban espacio a dirigentes como Félix Díaz y a las luchas de esas comunidades (o peor aún: se ocupaban de calumniarlos), hoy han dedicado titulares catastróficos y coberturas llenas de imprecisiones sobre los sucesos represivos contra el Pu Lof mapuche en Chubut.

La obscena inmoralidad de medios que sacrifican principios y “los hechos” a sus intereses, no debe empañar que eje del conflicto es el incumplimiento de los derechos constitucionales de los pueblos originarios.

EL PUEBLO MAPUCHE

En la Argentina, con sus apenas 200 años de vida, una nación ancestral se ha mantenido viva y resistiendo. Preservó su lengua y sus costumbres, consiguió que la Constitución –tanto la nacional como las de varias provincias– incluyeran su “preexistencia”, y en las últimas décadas ha protagonizado un salto cualitativo hacia su reconocimiento como nación: tiene órganos de gobierno, su propia autonomía y su forma de entender lo que otros llaman (llamamos) “democracia”. Tiene sus propias prácticas medicinales, su educación y su sistema de justicia. Es la Nación Mapuche, el pueblo originario más numeroso de la Argentina: unas 150.000 personas que forman parte de la realidad de la sociedad argentina, y que ya no se puede desconocer. Han logrado recuperar una importante cantidad de tierras en distintas provincias. Su reclamo de fondo es “convertir al Estado argentino, monocultural y racista, en un estado multicultural”.

QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN

La reforma constitucional de 1994 incorporó en el artículo 75, inciso 17, no solo el reconocimiento a “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” sino también “la personería jurídica de sus comunidades”, y fundamentalmente “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Pero la letra de la Carta Magna y la realidad siguen transitando por caminos diferentes.

Paradójicamente, fue ese mismo año 1994 en que la Compañía de Tierras Sud Argentino SA, de la empresa italiana Benetton –una de las grandes propietarias de campos en la región– compró “legalmente” esas extensiones, que fueron adquiridas haciendo caso omiso a la presencia aborigen y a los derechos que, lentamente, la legislación internacional y nacional les han ido reconociendo a las comunidades originarias.

La firma de Benetton tiene 900.000 hectáreas de campo en el país, la mayoría de los cuales se encuentran en la Patagonia. Lázaro Báez también figura como poseedor de unas 400.000 hectáreas en esos fríos parajes. Para tener una dimensión de lo que significa en términos comparativos: la superficie que poseen solo esos dos grandes terratenientes equivale a la mitad de la provincia de Tucumán.

En su primer año de gestión, mediante el decreto 820/16, Macri modificó la tramposa ley de tierras del kirchnerismo para eliminar el límite de las mil hectáreas que un extranjero podía poseer en el país. El decreto favoreció a su amigo multimillonario Joe Lewis, contra quien el pueblo de El Bolsón viene luchando. Pero la ley no decía nada (y menos dirá ahora) de que capitalistas sucios hasta el ADN como Lázaro Báez pudieran acumular miles de hectáreas. Con cinismo podría decirse que Macri igualó a los capitalistas amigos «de adentro» con los «de afuera» con su infame decreto.

Por supuesto, tanto para el «progresista» gobierno anterior como para el conservador actualmente a cargo del Ejecutivo, nunca serán prioridades los reclamos de los pueblos originarios. Pueden permitir y favorecer que Benetton, Joe Lewis o Báez acumulen miles de hectáreas, pero jamás hacer cumplir la letra constitucional en lo que corresponde a las ancestrales tierras.

En términos comparativos, la superficie que poseen solo esos dos grandes terratenientes –Benetton y Lázaro Baez– equivale a la mitad de la provincia de Tucumán.

LA RECUPERACIÓN DE TIERRAS

Para algunas personas puede resultar sorprendente la decisión de los mapuches de recuperar tierras y avanzar en los hechos ante la escasa concreción de los derechos que les otorga la Constitución pero los Gobiernos les niegan.

El poder político, judicial y económico suele cuestionar las acciones directas de recuperación territorial. Pero lo cierto es que la legislación internacional está de su lado, y al incorporar en su reclamo la herramienta principal de quienes los dominaron (la ley), los pueblos indígenas están muy fortalecidos en su batalla jurídica: tienen de su lado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en nuestro país tiene jerarquía constitucional desde 1994.

Ese Convenio dice: “Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación” (artículo 16). Además, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”.

Para que se entienda con más claridad: estos tratados, al estar incluidos en la Constitución, están legalmente por encima del Código Civil y del Código Penal. Por ende, son éstos los que deben adaptarse a esas normas.

La Constitución reconoció en 1994 no solo “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” sino “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

«ESTO RECIÉN EMPIEZA»

Quizás la voz más sensata que se alzó en el marco de estos episodios fue la que vino de la mano de la Confederación Mapuche de Neuquén, entidad que dio a conocer un comunicado en el que afirma: «La única lógica para que se haya generado el desplazamiento de 300 efectivos de Gendarmería con toda la parafernalia represiva y de terror, que incluye tanques, camiones, escudos, armas, etc; es que esto recién empieza».

Luego dicen: «Cushamen es el ensayo para una represión que continuará y por eso nos organizamos en nuestros territorios para que a Macri y los gobiernos provinciales que acepten la doctrina de la seguridad nacional que ideó una funcionaria desquiciada por el ejercicio de la violencia como Patricia Bullrich, sepan que pagaran un precio político muy caro ante el objetivo de escarmentarnos a través de la violencia física».

Aseguran que aunque esos gobiernos «cuentan con un instrumento perverso como la Ley Antiterrorista para implementar los compromisos asumidos ante las corporaciones del petróleo, la minería o la soja», enfrente «hay un pueblo digno que exige políticas de restitución territorial producto de un acuerdo político que quizás hoy esta campaña de represión no está dispuesto a conceder».

Y finalmente reclaman: «Es urgente lograr ese escenario político, donde se asuma que estamos ante un conflicto histórico político cultural sin resolver, cuyas consecuencias más inmediatas son la pobreza y el reduccionismo territorial. Y eso debe encontrar, no un escenario de guerra, sino interlocutores serios y responsables dispuestos a un acuerdo histórico».

 

Fotografía: Confederación Mapuche del Neuquén.

 

Américo Schvartzman

Américo Schvartzman

Licenciado en Filosofía y Periodista. Integra la cooperativa periodístico cultural El Miércoles, en Entre Ríos. Autor de "Deliberación o dependencia. Ambiente, licencia social y democracia deliberativa" (Prometeo 2013). Fue director de La Vanguardia.

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