Comienzan a conocerse preocupantes aspectos del plan macrista para reducir el trabajo informal.
El “otro blanqueo” propuesto por el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, empezó a debatirse en el marco del Gobierno de Mauricio Macri. Dujovne ya se reunió con su par de Trabajo, Jorge Triaca, y anunciaron que avanzarán en los próximos días en delinear el plan que se propone reducir la informalidad en el mercado de trabajo, que según datos oficiales llega al 40% de la población empleada e implica unos cuatro millones de trabajadores y trabajadoras.
La semana pasada Dujovne visitó a Triaca, se sacaron la foto de rigor e intercambiaron sus ideas al respecto: el de Hacienda expuso su idea de rebajar aportes personales y contribuciones patronales y Triaca le explicó sus políticas específicas de incentivos y, abriendo el paraguas, le dijo que no basta con bajar impuestos.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Los ejes del proyecto en ciernes afectan aspectos sensibles que se vinculan a derechos consagrados por ley, tales como la edad jubilatoria.[/blockquote]
PREOCUPACIÓN EN LA CGT
En ese marco, la que también abrió el paraguas fue la CGT: Héctor Daer planteó su preocupación porque la propuesta de Dujovne al rebajar aportes desfinanciaría las obras sociales sindicales. El ministro había dicho que «los impuestos al trabajo son ridículos» , al tener «una sobretasa del 40% por encima del salario de bolsillo» que «atenta en contra de la formalidad» en el empleo.
Daer se manifestó «sorprendido» y expresó que esas reducciones tributarias podrían atentar contra el financiamiento de las obras sociales. Señaló, además, que «los aportes y contribuciones no son impuestos, sino salario diferido». Una cuestión conceptual básica que el ministro Dujovne parece desconocer al hablar de “impuestos al trabajo”.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Daer señaló que los aportes y contribuciones «no son impuestos, sino salario diferido», cuestión conceptual básica que el ministro Dujovne parece desconocer.[/blockquote]
FLEXIBILIZACIÓN LABORAL CON OTRO NOMBRE
Las ideas que ambos ministerios comenzaron a discutir configuran una reforma laboral, pese a que en el ministerio que conduce Triaca niegan que se trate de un intento de flexibilizar la legislación laboral: «Esto no tiene nada que ver con una reforma laboral porque no se modificarán los pilares del derecho laboral ni se reformará la ley», aseguran.
Pero lo cierto es que algunos de los ejes del proyecto en ciernes afectan aspectos sensibles que se vinculan a derechos consagrados por ley, tales como la edad jubilatoria en las diferentes actividades, como puede verse en el punto siguiente donde se detallan esos puntos.
Por esa razón aun no está claro si la iniciativa se impulsará mediante un proyecto de ley a partir del reinicio de la actividad parlamentaria, a través de un decreto que modifique los Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo Registrado o de una resolución ministerial.
En cualquier caso, en un Gobierno que en su primer año de gestión se ha mostrado tan proclive a los decretazos, pero a la vez con una debilidad política que lo obliga a buscar consensos, no parece lo más sensato avanzar sobre los derechos laborales por ninguna de las dos ultimas vías mencionadas. En febrero se convocaría a la Mesa de la Producción, que integran el Estado, empresarios y la CGT, y allí habrá seguramente un panorama más definido.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Los 280.000 planes asistenciales del ministerio de Trabajo se convertirían en un subsidio a las patronales para facilitar la inserción formal de quienes los cobran. [/blockquote]
LOS EJES DEL “OTRO BLANQUEO”
Los siguientes son los puntos que los ministerios de Hacienda y Trabajo procuran conciliar en un borrador común:
Reducción de aportes patronales: El Gobierno se haría cargo durante tres años de los aportes de los nuevos empleados que se tomen en el mercado laboral del segmento no registrado. El objetivo es blanquear un millón de empleos en lo que queda de gestión, para reducir el desbalance previsional y evitar que siga creciendo el desempleo.
Para todos y todas: Aunque el plan se limitaba a Pymes y jóvenes, se estudia universalizarlo, a pedido de las cámaras empresarias y la CGT. El beneficio alcanzaría a todos los salarios brutos hasta 12.000 pesos por mes, pero podría ser mayor para regiones extremas del país.
Reconversión de planes: Los 280.000 planes asistenciales que maneja el ministerio de Trabajo se convertirían en un subsidio a las patronales para facilitar la formalización laboral de cada persona que cobra un plan social. Así el Estado, en lugar de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal, subsidiará una parte del salario formal. De ese modo, además, los beneficiarios de planes sociales no solo ingresarían al mercado formal de trabajo sino que también aportarán al sistema.
Sectores prioritarios: La construcción, el campo y la industria textil, son los que registran los mayores índices de marginalidad en el terreno de lo productivo. En el sector de servicios la mayor informalidad sigue estando en el trabajo doméstico, que durante el Gobierno anterior tuvo avances muy tímidos y que no suele estar en las prioridades del Gobierno, las empresas ni la CGT.
Reforzar controles: Se estudia cómo reforzar las inspecciones laborales con el acompañamiento de los delegados gremiales. El ministro Triaca mantiene una idea que durante el kirchnerismo generó polémica pero no avanzó: el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), una “Veraz” para empleadores incumplidores.
Aumento de la edad jubilatoria: El Gobierno buscaría aumentar las edades jubilatorias de las mujeres, que es de 60 años, y de los hombres, que es de 65, aunque se asegura que aun no hay consenso con la conducción de la ANSES
En base a La Naciòn e Infobae
