El oficialismo quiere bajar la imputabilidad a los 14 años, pero después de las elecciones

El macrismo trabaja en una reforma del régimen penal juvenil, pero quiere que el Congreso lo trate en 2018.

 

garavano

 

En una entrevista con Radio Nacional, el ministro de Justicia Germán Garavano dijo  que la Casa Rosada trabaja en una reforma del régimen penal juvenil. «Empezamos a trabajar el año pasado junto a Unicef y expertos de todo el país en un abordaje del régimen penal juvenil. Es una ley dictada durante la dictadura, que debemos modificar, que es básicamente paternalista», afirmó.

El asesinato de Brian Aguinaco, el chico de 14 años asesinado por otro de 15 años en Flores en la víspera de Nochebuena, fue el motivo para reavivar el debate por la edad de imputabilidad, tema que en la Argentina sigue irresuelto, y cuya principal calamidad siempre está afuera de los debates: el hecho de que adolescentes terminan en los mismos lugares de detención de los adultos y lo que quizás comenzó como una travesura termina arruinando para siempre la vida de esos jóvenes.

Al comenzar 2017, año electoral, y en medio de los conflictos desatados por la situación de inseguridad («en Flores hay una guerra», es la frase más utilizada por los vecinos) el Gobierno parece querer adelantarse al uso electoral de un tema que ha estado presente en todas las campañas recientes.

Ahora el Gobierno hizo saber que convocará una comisión especial para elaborar un anteproyecto de reforma del régimen penal juvenil. «Respecto a la edad también una discusión tiene que ver con el tema de la carga de la prueba. A quién le corresponde la carga de la prueba cuando son jóvenes de quince años que están muy próximos a cumplir los 16 y a lo mejor por un tema formal, tiene o no tiene responsabilidad, lo cual es muy arbitrario», indicó Garavano.

Los sectores conservadores, los distintos gobiernos y los dirigentes oportunistas han hecho históricamente una bandera de este tema, desde el propio Néstor Kirchner en su momento tomando las más regresivas propuestas del «ingeniero» Juan Carlos Blumberg, hasta en la actualidad el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, buscando cazar votos con consignas de este tipo.

Se trata de un debate que por su gran complejidad, solo parece dejar mal parados a quienes pretenden abordarlo desde la perspectiva de derechos.

Lo cierto es que en los ultimos años en la Argentina se abrió la discusión en varias ocasiones, pero sin que se pudiera llegar a buen término, porque la derecha y el oportunismo siempre lo impiden. Incluso en 2009 el Senado dio media sanción a un proyecto de responsabilidad penal juvenil que en aquel momento obtuvo consensos importantisimos del oficialista FPV, el radicalismo y el PS, con un régimen de penalidades propias para los menores de entre 16 y 18 años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado a la Argentina porque la Justicia aplicó, bajo la legislación vigente desde la dictadura, penas de reclusión perpetua a menores de edad. Pero la iniciativa perdió estado parlamentario, porque (casi un lugar común en este tema) al ser año electoral, ni el Gobierno ni sus principales opositores querían quedar ante la opinión pública atrapados en un debate que por su gran complejidad, solo parece dejar mal parados a quienes pretenden abordarlo desde la perspectiva de derechos.

Quizás por todo eso, el Gobierno anunció la discusión pero no quiere que el Congreso lo trate en este año, sino recién en 2018. «El tratamiento sería el año que viene y no en un año electoral. Por eso queremos abrir la discusión en la comisión para que trabaje todo este año y recién después de las elecciones se presente el proyecto», resaltó el ministro de Justicia, que además abrió el paraguas en ambos sentidos: aclaró que la reforma pretende estar enfocada “en los derechos de los jóvenes”, atendiendo “al momento inicial en el que joven ingresa al delito”, al que definió “como un proceso de degradación y de abandono de ese joven por parte de la familia, el Estado y la sociedad en general”, un fenómeno que según el funcionario, el Estado “perdió de vista” hasta este momento.

«Estamos abiertos a construir consensos con Unicef con los expertos y todo el arco político con una ley que salga de la discusión política», concluyó.

Así, cuando vuelva de sus vacaciones, uno de los primeros decretos que firmará Mauricio Macri será para oficializar la convocatoria a una comisión especial que se encargará de analizar y confeccionar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil.

 

En base a Radio Nacional

Redacción de La Vanguardia

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