La norma visibiliza una problemática que afecta al 40% de la población activa. Acordada con movimientos sociales, regirá hasta 2019.
La Ley de Emergencia Social tuvo sanción definitiva este miércoles, con la aprobación unánime de los 49 senadores presentes, que transformaron así en ley el proyecto que había sido acordado por el Gobierno y los movimientos sociales, y que en Diputados tuvo el apoyo de todos los bloques representados, a excepción del FIT y el reaccionario salteño Alfredo Olmedo, los dos extremos del arco político argentino expresados en el Congreso de la Nación.
El proyecto tiene como objeto «promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional».
Además establece que los programas sociales en vigencia se articularán desde un Consejo que tendrá participación igualitaria entre representantes del Estado y de las organizaciones sociales, que deberá crearse en 90 días.
UN TEMA QUE AFECTA A MILLONES PERO INTERESA A POCOS
A algunos medios les llamó la atención que un sector de la bancada del Frente para la Victoria (FpV) se ausentó del recinto. Al parecer, enojados con la conducción del bloque –que no quiso tratar sobre tablas el Impuesto a las Ganancias– ocho senadores se retiraron tras discutir con el jefe de su bancada, el ex menemista y ex kirchnerista Miguel Ángel Pichetto.
A otros, como a La Vanguardia, le llama la atención en cambio, la escasa relevancia otorgada a este tema por los principales medios nacionales, o (más grave aún) la superficial forma de abordarlo, cuando se trata de una problemática que afecta a una enorme cantidad de personas en la Argentina. Segun datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la proporción de trabajadores en la informalidad en nuestro país se mantiene por encima del 30% desde hace tres años.
“La persistencia de una importante cantidad de trabajadores afectados por esta problemática convierte a la informalidad en el mayor desafío para la gestión de políticas públicas en los próximos años en materia laboral y productiva”, señala un estudio reciente de la OIT, que analiza las características y determinantes de la informalidad laboral, con aportes del Ministerio de Trabajo de la Nación, las CGT y CTA oficialistas, y la Unión Industrial Argentina (UIA).
[blockquote author=»» pull=»normal»]Llama la atención la escasa relevancia otorgada a este tema por los principales medios nacionales, o (más grave aún) la superficial forma de abordarlo, cuando se trata de una problemática que afecta a una enorme cantidad de personas en la Argentina. [/blockquote]
De ese estudio surge, por ejemplo, que la informalidad afecta mayoritariamente a los trabajadores por cuenta propia, donde la tasa de empleo no registrado alcanza al 64,4 por ciento. Por otro lado, entre los asalariados, que incluye al trabajo doméstico, el porcentaje es del 37%; y en el caso de los patrones, del 19,5% del total. El trabajo informal presenta particularidades según sexo, edad y nivel educativo: es más alto en las mujeres que en los varones; afecta sobre todo a los jóvenes de hasta 24 años, quienes alcanzan una tasa que supera el 60%; y, por último, su incidencia disminuye a medida que aumenta el nivel educativo. Al mismo tiempo, impacta de mayor manera en los sectores de bajos ingresos.
Según el informe, “el trabajo doméstico y la construcción son las ramas donde la informalidad es más elevada y llega a alcanzar valores superiores al 70%”. A continuación, siguen los servicios comunitarios, sociales y personales y el comercio, donde más de la mitad de los trabajadores son informales.
Los establecimientos representan otro de los indicadores de informalidad, ya que a medida que aumenta el tamaño de las empresas, menor es el rango de informalidad. Aquellas empresas cuyos empleados suman más de cuarenta, la tasa de informalidad es del 8% frente a aquellas que no suman más de 5 empleados, que tienen una incidencia del 62% en la informalidad.
Según el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), a partir de un relevamiento realizado sobre la base de un cuestionario a 816 Pymes ubicadas en el ámbito geográfico de la ciudad de Buenos Aires, La Matanza, San Martín, Rosario, Santa Fe capital, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, el trabajo informal creció un 40% durante el primer semestre de 2016, en comparación interanual.
Otros datos, en este caso del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, muestran que casi el 40% de la población integra hogares receptores de programas sociales. La pobreza, que en 2015 alcanzó el 29%, saltó en el primer trimestre de este año a 34,5%. A abril de 2016 la cantidad de pobres sería de casi 13 millones y 2,35 millones de indigentes. En apenas tres meses, 1,4 millón de personas cayeron en la pobreza en el país. El informe afirma que por la escalada generalizada de los precios, “el mayor riesgo social no sólo lo están experimentando los segmentos de la población más vulnerables, que dependen de la ayuda social, sino también los millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales”. Son sectores que “no han sido objeto de una especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad”.
Como se puede apreciar, estas cifras implican a millones de personas, algunos cálculos estiman que afecta casi al 40% de la población económica activa, que carece de organizaciones representativas con suficiente poder como para instalar la discusión socialmente. Mientras tanto, la mayoría de los dirigentes, analistas y especialistas, priorizan la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias, cuya importancia es indisimulable pero que afecta a un porcentaje minoritario de la población.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Segun el INDECOM el trabajo informal creció un 40% durante el primer semestre de 2016, en comparación interanual.[/blockquote]
DETALLES DEL PROYECTO
La ley prorroga la emergencia social «en los términos de la ley 27.200» hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir hasta veinte días después de que concluya la gestión de Macri.
Establece que en tres años se vuelquen 30 mil millones de pesos adicionales para asistencia social. También crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y dispone la creación del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores informales para poder acceder a beneficios.
El texto aprobado consta de 12 artículos. (Para leer el texto completo, hacer click aquí). El Consejo comenzará a funcionar 90 días después de promulgada la ley, y estará integrado por un representante del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales. Además, en el artículo 7 se establece que “los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario”.
Se disponen 30.000 millones durante tres años para partidas presupuestarias dedicadas a políticas sociales.
CONTROVERSIA Y APOYO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
En los últimos días hubo expresiones públicas a favor de la ley y en contra. Los sectores sociales que no acompañaron acusaron, entre otras cosas, de ser un acuerdo «a medida de las tres organizaciones que estarán en el Consejo Consultivo junto al Gobierno”. Pero lo cierto es que la iniciativa fue fruto del consenso con los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación de una enorme cantidad de organizaciones de la economía popular, de las más variadas corrientes de pensamiento: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Movimiento popular la Dignidad, Unión de Trabajadores de la Tierra, Frente Popular Darío Santillán, Seamos Libres, Movimiento Octubres, organización Social Los Pibes, Mesa Gremial 19 y 20, CPU, MTD Aníbal Verón, EO, Federación de Cooperativas de Trabajo Carlos Mugica, SUBPGA, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, FEDESAM, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Patria Grande, MVB Germán Abdala, Barrio Los Piletones, La Poderosa, Movimiento Giros, Movimiento 26 de Junio, Organizaciones Libres del Pueblo, MVyA Alberto Ballestrini, Corriente Villera, Corriente Pueblo Unido, entre otras. A eso hay que sumar a todos los bloques políticos de ambas cámaras, a excepción, como ya se dijo, del bloque del FIT, y de la extrema derecha que representa Alfredo Olmedo.
RELACIONES DE EXPLOTACIÓN DISTINTAS
En los fundamentos, el proyecto aprobado define a los trabajadores de la economía popular como aquellos «que se encuentran inscriptos en relaciones de explotación distintas de las formales o tradicionales. Podemos considerar que los trabajadores de la economía popular están, en primer lugar, por fuera de una relación salarial y en una actividad cuyo trabajo esta socialmente desvalorizado. Podríamos también señalar cuatro fracturas o aspectos de ruptura característicos de la economía popular que la distinguen de la economía capitalista formal. Para avanzar en la caracterización de este segmento de trabajadores podemos describir cada una de estas fracturas. En primer lugar, la que refiere a los derechos y que ubica a estos trabajadores en situaciones de precarización, es decir a la imposibilidad de acceder al piso de derechos que garantice un trabajo digno. ¿Cuál sería este piso de derechos? La Organización Internacional del Trabajo lo definió como “trabajo decente” aquel “que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para expresar opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato”.
Los fundamentos del proyecto concluyen manifestando que esta ley es apenas un primer paso, y planteando la necesidad «de avanzar en la visibilización institucional y reconocimiento de este sector del trabajo como medida inicial».
(Para leer los fundamentos completos, hacer click aquí).
En base a agencias, Chequeado, OIT y Parlamentario
