El Presidente, imputado por el blanqueo para familiares de funcionarios

El fiscal federal Guillermo Marijuan abrió una investigación contra Macri, Peña y Prat Gay, La denuncia fue presentada por diputados nacionales.

 

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El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a su jefe de Gabinete Marcos Peña y al ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, por el decreto  1206/2016 que firmaron autorizando el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales aprobado por ley.

El delito que les imputa es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público y la causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo. Esto surgió a raíz de una denuncia penal que presentaron diputados de la organización política Libres del Sur, iniciativa similar a la que adoptaron otros legisladores opositores.

“Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación”, sostuvieron los legisladores en la denuncia.

El decreto modificó la norma 27.260, la ley ómnibus que sancionó el Congreso a mediados de año, estableciendo el blanqueo y el pago de las deudas históricas con los jubilados. En su texto, la ley establecía que quedaban afuera del blanqueo los familiares de los funcionarios y aquellas personas que hayan ocupado cargos a partir del 1 de enero de 2010, estén o no actualmente en funciones.

El decreto fue cuestionado no solo por la oposición sino también por integrantes de Cambiemos, como la UCR y la Coalición Cívica.

“Creemos que el decreto no modificó el espíritu de la ley”, dijo Marcos Peña esta mañana, consultado sobre la reciente medida judicial. “Tenemos tranquilidad sobre lo que hemos planteado”.

La decisión de modificar por decreto y después de haberla promulgado fue cuestionada no solamente por la oposición sino también por fuerzas que integran la coalición gobernante Cambiemos, como la UCR y la Coalición Cívica.

Apenas conocido el decreto, diputados de distintos bloques presentaron denuncias penales por “abuso de autoridad” contra los firmantes del decreto, asegurando que “viola la voluntad expresa del legislador”. Además se cuestiona que la modificación favorecería a funcionarios macristas y a sus familiares investigados por evasión mediante empresas offshore en paraísos fiscales.

 

 

En base a DYN, Infobae y La Nación

Redacción de La Vanguardia

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