Un documento de sacerdotes apoya el proyecto aprobado, mientras algunos movimientos sociales realizan objeciones. El Senado debe tratarla.
Un grupo de sacerdotes católicos de villas de emergencia de la Capital y la provincia de Buenos Aires, apoyaron mediante un documento la llamada “ley de emergencia social”. Argumentaron que “puede ser una buena medida, entre otras, para que mucha gente llegue a fin de mes” y “para tomar dimensión de que no se pueden perder más puestos de trabajo”. Además dicen que “la paz social es fruto de vivir bien y esto no se da sin justicia y sin respeto por la dignidad de cada persona”.
Al mismo tiempo, se expresaron en contra de la Ley organizaciones sociales que no participaron de la elaboración del proyecto, como la Federación de Organizaciones de Base (FOB), el Polo Obrero –vinculado al FIT, único bloque que no apoyó la ley, además del conservador Alfredo Olmedo, acusado por «trabajo esclavo»– y el Movimiento Argentina Rebelde (MAR).
La ley de Emergencia Social obtuvo media sanción en Diputados, avanzando en un proyecto consensuado entre los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo de la Nación (a cargo de Carolina Stanley y Jorge Triaca, respectivamente) con las principales organizaciones sociales como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
«UNA OPORTUNIDAD DE INCLUSIÓN»
El texto dado a conocer por una lista de treinta sacerdotes lleva por título «La ley de emergencia social, una oportunidad de inclusión” y comienza recordando que “en 1974 la Argentina tenía 4% de pobreza y hoy tiene 32%”, lo que pone en evidencia que “esta emergencia social que vivimos no es la consecuencia de un desastre natural” y que “hay que trabajar entonces sobre las condiciones que la produjeron”.
Los curas villeros destacan también que “el proceso que ha llevado a proponer la ley es muy valioso porque visibiliza al pueblo pobre trabajador”, es decir, a “los trabajadores y trabajadoras que luchan diariamente por sobrevivir y lo hacen en el marco de la economía popular”.
Afirman los religiosos que “nuestra sociedad nunca podrá ser feliz si tenemos un 32 por ciento de pobreza y un seis de indigencia”, sin perder de vista que “detrás de las estadísticas hay rostros concretos e historias muy dolorosas” que “duelen hoy y dolieron siempre, no simplemente cuando los números los registran y los hacen visibles”.
Llamativamente, en su texto los sacerdotes reclaman que “consideramos que es fundamental la solidaridad del movimiento obrero con esta multitud de trabajadores de la economía popular” y subrayan que “solidaridad es pensar y actuar en términos de búsqueda de una vida digna para todos los habitantes de nuestro país”.
Luego afirman que «se requiere austeridad de los dirigentes -políticos, empresariales, sindicales, judiciales, eclesiásticos, de los medios de comunicación social, etc.”. y en cambio «no se les puede pedir austeridad a los que luchan por sobrevivir”.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Los curas afirman en su documento que “nuestra sociedad nunca podrá ser feliz si tenemos un 32 por ciento de pobreza y un seis de indigencia”.[/blockquote]
Apelan también a “no perder el eje de una economía al servicio de las personas y los pueblos, en vez de concebirla como un mero mecanismo de acumulación” y llaman a considerar la economía “como un instrumento imprescindible para que la política pueda generar oportunidades concretas”. Piden también que “en los barrios más vulnerables es necesaria una presencia inteligente del Estado que lleve trabajo, en esos lugares donde la narco-criminalidad sí está dispuesta a dar ‘trabajo’”.
Finalmente aseguran que nadie tiene «recetas acabadas, ya que para los problemas complejos que nos llevaron a esta situación de emergencia social no alcanzan las respuestas lineales”. Pero sí expresan su convencimiento que “en esta cultura del encuentro los pobres no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; no solo padecen injusticias y están heridos en su dignidad, sino que creativamente luchan para vivir bien. Y en lo concreto y cotidiano nos enseñan tantísimas veces lo que significa el amor fraterno que se revela frente a la injusticia social”.
Entre los firmantes del texto se encuentran José María Paola, Gustavo Carrara, Lorenzo de Vedia, Eduardo Casabal, Basilicio Britez, Eduardo Gonzalez, Mario Romanín, Carlos Olivero, Domingo Rehin, Juan Manuel Ortiz de Rosas, Damián Reynoso, Dante Delia y Luciano Iramain.
DETALLES DEL PROYECTO
El texto aprobado consta de 12 artículos y establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Este departamento comenzará a funcionar 90 días después de promulgada la ley, y estará integrado por un representante del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales. Además, en el artículo 7 se establece que “los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario”.
Se disponen 30.000 millones durante tres años para partidas presupuestarias dedicadas a políticas sociales, con la intención de aumentar en un 70% los puestos de trabajo en las cooperativas, que de 300.000 actuales llegaría a 510.000. Esta es una diferencia sustancial con el proyecto aprobado en el Senado, que hablaba de un millón de puestos de trabajo.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Desde las organizaciones que no adhirieron acusan: «La CGT y el Vaticano hicieron una cooptación de los movimientos sociales».[/blockquote]
DIFERENCIAS EN LAS ORGANIZACIONES
El dirigente del MAR Daniel Aguirre aseguró que los dejaron afuera de la discusión, y cuestionó: «Jamás firmaríamos la paz social con un Gobierno que provocó una terrible devaluación, aplicó un tarifazo y permitió el despido de cerca de 200.000 trabajadores».
Desde la FOB, con presencia en Rosario, dijeron que «relegaron al interior y más a esta ciudad que es la capital de la desocupación del país. Acá no percibimos el Argentina Trabaja sino el plan ‘Entrenamiento Laboral’ por el que el titular percibe del Ministerio de Trabajo de la Nación apenas 1.600 pesos».
Nicolás Marcioni, delegado nacional del Frente Popular Darío Santillán, reconoció como un avance que el Gobierno reconozca la grave situación social, pero dijo que «aunque coordinamos con las tres organizaciones firmantes, no fuimos consultados». Agregó que que «existe una urgencia habitacional por la que no habría que inventar trabajo».
Por su parte Eduardo Billeboni, del Polo Obrero reconoció que «no pretendimos ser invitados porque estamos en contra de esa capitulación. La Emergencia está hecha a medida de esas tres organizaciones que son quienes estarán en el Consejo Consultivo junto al Gobierno». Y acusó: «La CGT y el Vaticano hicieron una cooptación de los movimientos sociales».
Algunas de estas organizaciones están convocando para el 20 de diciembre a la Plaza de Mayo, con las consignas «A 15 años del Argentinazo» y «Ninguna tregua al Gobierno ajustador».
En base a Marcha, Clarin, Página12 y Urgente 24
