Persistencias de la fundación

Las fundaciones políticas son equívocas. Aun cuando sus contemporáneos puedan tener conciencia de que una realidad nueva ha echado sus cimientos, tanto las características de esa realidad como su distancia o proximidad con anteriores estados de la vida colectiva distarán de ser unívocos para quienes fueron testigos de la empresa.

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Las fundaciones políticas son equívocas. Aun cuando sus contemporáneos puedan tener conciencia de que una realidad nueva ha echado sus cimientos, tanto las características de esa realidad como su distancia o proximidad con anteriores estados de la vida colectiva distarán de ser unívocos para quienes fueron testigos de la empresa. Más aún, esa precaria consciencia de la contemporaneidad es siempre el anacronismo de una apuesta hacia el futuro: sólo en la medida en que el porvenir evoque de alguna manera aquellas empresas y reconozca en ellas la posibilidad de su propio presente, algo así como una fundación se recorta en la memoria de una sociedad. Es aquí cuando aquel pasado se estructura como mito, cuando su significación comienza un derrotero en el que las memorias personales, el relato épico, la hagiografía secularizada, la crítica más o menos mordaz, la historia académica y la palabra política convergen en un multifacético dispositivo de evocación que ya no nos permite distinguir entre aquel pasado que alumbraba el porvenir, cuya pérdida constataba Tocqueville hacia 1840, y un presente que alumbra un pasado, construyendo y reconstruyendo lo que éste habrá sido.

Evocamos en 1983 un origen de nuestro presente político. Los años intermedios de la década del ’80 revisten en nuestra memoria ese halo fundacional que describíamos, pero se trata de un punto de partida cuyas características están lejos de estar claras. No pocas veces nos referimos a la circunstancia de aquellos años como un período de “recuperación democrática” y es aquí la polisemia del propio término “recuperación” la que recubre de cierta ambigüedad los hechos. De una parte, “recuperar” denota el volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Aun cuando hablemos de “recuperación” como el proceso de dejar atrás una enfermedad, la idea es la del retorno a un estado de normalidad que es previo a ciertas contingencias que hemos sufrido. Tal vez, el verdadero sentido de esos años deba rastrearse en cambio a partir de distinguir claramente los dos términos de la expresión “recuperación democrática”. Ciertamente se trata de una recuperación, de una salida de un estado de arbitrariedad y terror inmediatamente precedente. Sin embargo, no se trata simplemente del retorno a la legalidad constitucional y los mecanismos electorales. Es aquí donde el segundo término de la composición, el de “democracia”, despliega su multiplicidad de significados. La democracia era la garantía de una ruptura con el terror, pero era también una promesa más ambiciosa que denotaría la vigencia de la soberanía popular, el Estado de Derecho y un difuso pero reiterado compromiso de que ése era el único camino posible para alcanzar el bienestar de la ciudadanía. No se trataba de volver a un orden previo, simplemente porque no había un orden previo en que los actores del cambio político reconocieran un modelo a imitar. Ni 1916, ni 1946, ni menos aún 1973, aparecían como referentes posibles para la construcción de una democracia liberal, pues de eso se trataba.

La democracia era la garantía de una ruptura con el terror, pero era también una promesa más ambiciosa que denotaría la vigencia de la soberanía popular.

Dos circunstancias se entrelazaron para hacer posible la radicalidad que distingue a la transición argentina respecto de otras experiencias de la región. En primer lugar la magnitud alcanzada por la actividad represiva de la dictadura militar. Si el gobierno militar había contado en sus inicios con cierta aquiescencia de amplias franjas de la sociedad y si incluso había disfrutado de las mieses de cierto calor popular con los eventos deportivos de la segunda mitad de los años 70 y la invasión de Malvinas de 1982, todo cambió con la paulatina liberalización iniciada en julio de 1982. El activismo opositor, principalmente el movimiento de Derechos Humanos, y partes de la dirigencia política y sindical opositora, alcanzarán una recepción para sus denuncias hasta entonces inédita en el ámbito interno, al tiempo que los medios de comunicación comenzaban muy lentamente a escenificar la magnitud del horror vivido. De otra parte, la aventura de la invasión de Malvinas, concebida por el gobierno militar de Galtieri para prolongar la vida del régimen militar y condicionar a través de una fuerza oficialista todo proceso de apertura, acabó consumiendo aceleradamente la vida de la dictadura y generando aquella situación de receptividad. Malvinas es un tema que incomoda, porque a diferencia de lo que había sido la conjunción de la tolerancia de franjas sociales con la acción represiva sumada al terror de otros muchos, supuso un importante grado de movilización y complicidad social y dirigencial con la aventura militar. El régimen político argentino es, en importante medida, hijo directo de la derrota militar de junio de 1982 ante el Reino Unido. Fue el amplio involucramiento de la mayor parte de la dirigencia política y sindical en apoyo a la invasión el que, una vez producida la derrota, habilitaría  importantes cambios, por cierto más de actitudes que de elencos. En el radicalismo, ese fenómeno ocurrió en forma casi inmediata con el desplazamiento de la antigua cúpula balbinista por parte de Raúl Alfonsín. Mucho más lentas y conflictivas fueron las transformaciones que tuvieron lugar en el seno del justicialismo.

El fracaso de Malvinas debilitó a la dictadura al punto de hacer imposible para los militares concretar algún tipo de negociación con los actores políticos más representativos. Los intentos por parte del gobierno militar de fijar unilateralmente un cierre de cualquier tentativa de revisar el accionar represivo sólo contribuyeron a fortalecer las aspiraciones electorales de aquél candidato menos dispuesto a contemplar cualquier mecanismo de perpetuación legal del régimen militar. Para una sociedad que en amplias franjas había pasado de la euforia guerrera a la derrota, el deseo de dejar atrás una complicidad fallida fue tal vez el mayor incentivo para apostar a una exculpatoria regeneración. Raúl Alfonsín supo potenciar y canalizar como nadie estos ánimos de la sociedad. Miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que se creó en 1975, mientras el gobierno justicialista de Isabel Perón se hundía en la violencia represiva, el dirigente radical se había desmarcado de la dirección de su partido negándose a participar en la asunción del gobernador militar de Malvinas durante el conflicto y manteniendo una crítica distancia de la operación. Desde el comienzo, el compromiso de Alfonsín de derogar, en caso de acceder a la Presidencia, la ley de autoamnistía del régimen militar, contrastó con la actitud de su rival justicialista, Ítalo Luder, quien declaró que los efectos de la ley serían irreversibles. Meses atrás y aprovechando una denuncia que se originó en la interna misma del Partido Justicialista y que daba cuenta de los contactos de dirigentes sindicales peronistas con la cúpula militar, el líder radical no vaciló en denunciar y dar precisiones sobre la existencia de un pacto militar sindical en el que supuestamente se le garantizaba a las Fuerzas Armadas la continuidad de su cúpula, el mantenimiento del gasto de Defensa y, lo que es más importante, la no revisión de los delitos cometidos durante la represión.

La represión dictatorial y la guerra de Malvinas constituyeron entonces el insumo básico del discurso de la campaña radical. Señalando ese pasado de violencia y muerte que la sociedad ansiaba exorcizar, el discurso del futuro Presidente dio forma a una promesa de Paz, respeto de la vida y prosperidad. En esa tarea, Alfonsín no titubeó en asociar a sus rivales del justicialismo con ese pasado que se pretendía dejar atrás. Así sentenció, en ocasión de la denuncia del pacto sindical militar: “Es la misma estirpe burocrática que  hoy fabrica la trampa, la que conspiró para el derrocamiento del Gobierno Constitucional en 1966 y el posterior ensayo corporativo; es la misma estirpe que se mezcló en el terrorismo de las Tres A, cuando se pretendía controlar con el miedo a las bases sindicales.” (El Bimestre Económico, 2 de agosto de 1983)

La represión dictatorial y la guerra de Malvinas constituyeron entonces el insumo básico del discurso de la campaña radical.

Poco importaba la veracidad de esa reactualización del pasado reciente que omitía que si el Partido Justicialista había aportado 169 intendentes a la dictadura, la Unión Cívica Radical había contribuido con 310 (La Nación, 25 de marzo de 1979). Tanto la trayectoria como el presente del propio Alfonsín contrastaban con la posición de la antigua dirección y la de importantes dirigentes de su partido en lo relativo a las violaciones a los Derechos Humanos producidas durante la dictadura.

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Delinear una contracara respecto de la violencia y la muerte del inmediato pasado, prometiendo un porvenir de paz, prosperidad y justicia fue la apuesta con la que Alfonsín potenció y canalizó la efervescencia de una sociedad que buscaba dejar atrás el ayer. Sobre esa ola triunfó en los comicios internos y en las elecciones presidenciales de octubre de 1983. Es precisamente de esta potencia de dónde el mismo Alfonsín, pero también otros actores no sólo radicales, sino también de la oposición política y los organismos de Derechos Humanos, sacarían la energía para delinear poco a poco un nuevo orden político.

Gerardo Aboy Carlés

Gerardo Aboy Carlés

Licenciado en Sociología por la UBA y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.

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