Julio Gambina analiza el primer año de gestión del macrismo. ¿Quiénes se han beneficiado y quiénes se han perjudicado en estos 365 días?
Seamos claros. Ha pasado un año de gestión del presidente Mauricio Macri y las cosas empiezan a mostrarse tal como son. Aparecen las crisis y las situaciones de precariedad. Aparecen, ante las escasas buenas noticias, los puntos débiles.
Sin lugar a dudas, durante todo este primer año de gestión presidencial, se ha evidenciado que la mayor flaqueza del gobierno ha sido, justamente, aquella para la que decía sentirse más preparado: la política económica. Hoy, no caben dudas de que todos los indicadores sociales se han visto severamente afectados por las políticas adoptadas por el gobierno macrista. Ha crecido el desempleo, el subempleo y la precariedad laboral y salarial, situación que impacta en la mayoría de la población. Los ingresos populares han sido reducidos por efecto de la inflación y la recesión económica. Son miles los puestos de trabajo perdidos tanto en el sector estatal como en el privado. El aumento de las tarifas de servicios públicos de luz, agua o gas impacta negativamente en la consideración social sobre la gestión Macri. El debate al interior de la Gestión presidencial, evidenciado en el encierro de Chapadmalal a comienzos de diciembre de 2016, apunta justamente a revertir la situación económica y recuperar consensos deteriorados desde la asunción presidencial en diciembre del 2015.
No hay duda que el gobierno ha perdido consenso desde el triunfo electoral. No ha logrado transformar aquella votación en consenso político para un proyecto de país, ahora liderado (por primera vez en tiempos constitucionales) por alguien que no proviene de un partido tradicional: ni el PJ, ni la UCR, aun cuando cuenta con apoyos de dirigentes de ambos y la estructura del segundo.
El estilo de gestión puede calificarse como de “ensayo-error” en materia de ajuste económico. Han avanzado todo lo que el conflicto social ha permitido, pero con críticas tanto por derecha -por no ser más drástico en el ajuste económico- como por izquierda -ante el evidente impacto social del ajuste realizado-. A ese le ha llamado el oficialismo “diálogo”, que le ha permitido aprobar en un Parlamento en que es minoría leyes esenciales para avanzar con la gestión.
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DISTRIBUCIÓN REGRESIVA
La distribución regresiva del ingreso es el tema clave para el descontento social mayoritario por la economía. Sus primeras medidas suponen una transferencia del orden de los 40.000 millones de dólares al núcleo más concentrado de poder en la Argentina.
Con la devaluación monetaria favoreció a grandes productores y exportadores. Son sectores que siguen demandando nuevas y sucesivas devaluaciones, argumentando que el tipo de cambio sigue atrasado y que la devaluación efectuada a comienzos de la gestión ya fue absorbida por aumento de precios.
La quita y disminución de retenciones a las exportaciones agrarias, mineras e industriales suponen una mejora del ingreso individual de esos sectores económicos y una disminución de la recaudación fiscal. Esto se manifiesta en el crecimiento del déficit fiscal nacional que motiva un nuevo ciclo de endeudamiento público que compromete las finanzas públicas en el corto y mediano plazo. El pago a los acreedores de deuda en conflicto, los fondos buitres, supuso un elevado endeudamiento público.
Estas tres medidas de política económica define como principales beneficiarios a los grandes productores y exportadores, a los acreedores externos en conflicto y en sentido general al sector de la especulación.
Puede agregarse en este plano el ‘perdón fiscal’ que supone el blanqueo, que favorece a quienes ha fugado capital desde hace años. La fuga se estima entre 250.000 y 400.000 millones de dólares, según sea la fuente. Las expectativas de exteriorización alcanzarán de 40.000 a 50.000 millones de dólares.
[blockquote author=»» ]El ‘perdón fiscal’ que supone el blanqueo, favorece a quienes ha fugado capital desde hace años.[/blockquote]
Por ende, la mayoría de la sociedad no ha recibido beneficios por efecto de la política económica del gobierno Macri.
A la devaluación monetaria, quita o disminución de retenciones a las exportaciones y cancelación de deuda pública en conflicto, debe sumarse la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos.
Junto a ello, el avance en mecanismos de reforma laboral regresiva, como las modificaciones a la legislación de riesgos del trabajo. En el mismo sentido se apuntan un conjunto de iniciativas para motorizar cambios en derecho protectorio del trabajo. El objetivo apunta a reducir el costo de producción empresario, especialmente el salario.
El resultado es una regresiva distribución del ingreso con deterioro de la capacidad de compra de la mayoría de la sociedad: trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos.
EXPECTATIVAS CERCANAS
La expectativa oficial está en el ingreso externo de capitales, situación demorada durante el 2016 e imaginada ahora para su concreción en 2017. Toda la apuesta está concentrada en el ingreso de inversiones externas, ya que ni la inversión pública o privada local está en condiciones de activar la economía argentina.
El principal sector de inversión puede ser el energético, especialmente aquellas áreas que apunten a diversificar la matriz energética local, todavía muy concentrada en hidrocarburos. En este sentido se busca también reactivar la explotación de hidrocarburos no convencionales, el yacimiento Vaca Muerta especialmente.
También las comunicaciones constituyen una esfera de expectativa para la radicación de inversiones. Se apuesta también a la construcción y, afirmando una característica de los últimos años, el sector de las finanzas genera esperanza oficial, lo que incluye el elevado endeudamiento. Entre 2016 y 2017 podría incrementarse la deuda pública en 90.000 millones de dólares, el mayor nivel de endeudamiento de los últimos años.
La política exterior de Argentina tiende a una orientación liberalizadora, por lo que favorecerá acuerdos de libre comercio de todo tipo para atraer inversores externos. Seguirá el camino iniciado como observador en la Alianza del Pacífico y en toda forma de apertura de la economía, consolidando el déficit comercial, base del nuevo fundamento para el acrecentamiento de la deuda del Estado. Al gobierno le interesa la radicación de inversiones externas y la suscripción de acuerdos comerciales para un mayor nivel de apertura de la economía.
Los sectores sociales afectados por el ajuste económico demandan actualización de los ingresos regulares y aquellos asociados a políticas sociales. Es la base para pensar en elevados niveles de conflictividad social más allá de cualquier voluntad de diálogo que se esgrima y de complicidades de algunos sectores de la burocracia sindical o de los movimientos sociales.
Desde el oficialismo se pretende actuar para modificar los convenios colectivos de trabajo para mejorar la rentabilidad empresaria. En sentido inverso, las centrales y organizaciones sindicales pretenden mejorar ingresos y defender sus convenios colectivos y generar mejores condiciones para la actualización de ingresos, lo que augura una expansión de la conflictividad social.
[blockquote author=»» ]Desde el oficialismo se pretende actuar para modificar los convenios colectivos de trabajo para mejorar la rentabilidad empresaria. [/blockquote]
El 2017 es año de elecciones parlamentarias de medio turno, por lo que el gobierno estimula el consumo para posicionarse en la disputa electoral. Es una gran incógnita el resultado, éste podría definir la posibilidad de otro turno presidencial de la gestión Macri en 2019 o de avizorar alguna variante diferente para la gestión del capitalismo local. Otra incógnita remite al gobierno de Donald Trump y las modificaciones que ello suponga en los vínculos con la región, especialmente con el gobierno de Macri, frente a la expectativa del ingreso de capitales externos.
Las incertidumbres pueden habilitar la emergencia de procesos de convergencia político popular para gestar alternativas que se propongan objetivos más allá de la gestión del capitalismo.
